Durante más de un año, partidos políticos, funcionarios de la ONU y expertos extranjeros han planeado los comicios de octubre y noviembre en Haití. Pero el andamiaje electoral parece muy endeble.
Uno de los principales partidos, el Lavalas del depuesto presidente Jean-Bertrand Aristide, se mantiene al margen de la puja, y en ocasiones convoca protestas de miles de simpatizantes para cuestionar la legitimidad de las elecciones previstas.
La ira de Lavalas no sorprende a nadie. Aristide cayó el 29 de febrero del año pasado, luego de dos años de manifestaciones opositoras y una breve insurgencia armada que contaron con cierto apoyo desde fuera del país.
El ex sacerdote y dos veces presidente dejó el país a bordo de un avión estadounidense que lo condujo a África, y horas después Haití fue ocupado por una fuerza multinacional encabezada por Estados Unidos.
Aristide dijo haber sido secuestrado tras caer en un moderno golpe de Estado patrocinado por Estados Unidos y Francia.
Pero la oposición de Lavalas no es el único escollo para las elecciones. El Consejo Electoral Provisional (CEP) tiene apenas tres meses de plazo para registrar a 4,2 millones de votantes, en un proceso que incluye tomarles fotografías y huellas dactilares.
Además, la seguridad parece ir de mal en peor, al menos en la capital. Asesinatos y secuestros son el pan de cada día, en medio de una guerra de pandillas y ataques frecuentes contra policías y militares de las fuerzas de paz de la ONU (Organización de las Naciones Unidas).
El 29 de marzo, pistoleros que colmaban dos camiones abrieron fuego con armas automáticas contra una sede del CEP. Tres días después, desconocidos arrojaron una granada contra el mismo edificio.
Las elecciones fueron convocadas en dos fases, a celebrarse el 9 de octubre y el 16 de noviembre. La intención es cubrir todos los cargos electivos, de alcaldes a presidente, y, de paso, dar al país alguna semblanza de estabilidad.
Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea (UE) comprometieron unos 40 millones de dólares para el financiamiento de los comicios. La Organización de Estados Americanos (OEA) aportó funcionarios especializados para ayudar en el proceso.
Las elecciones son el único modo de asegurar el avance del país, dijo el 31 de marzo el primer ministro interino Gérard Latortue, quien visitaba el edificio del CEP tras los atentados.
El acto electoral también es la prioridad de la fuerza de mantenimiento de la paz de la ONU, encabezada por Brasil y cuyos 7.400 miembros están apostados en el país caribeño desde hace nueve mese.
Pero mientras 91 partidos tratan de atraer a un electorado que muestra desinterés e incluso sospecha, Lavalas niega legitimidad al proceso.
No habrá auténticas elecciones hasta que Aristide esté de nuevo en Haití. Si quieren seleccionar a uno de los mercenarios que trabajan para los imperialistas, que lo hagan, pero no pueden llamar a eso elecciones, dijo a IPS el viernes John Joel Joseph, integrante del comité político de Lavalas en Cité Soleil, un costero y populoso barrio pobre de Puerto Príncipe.
En los dos días anteriores, varios miles de partidarios del ex presidente marcharon por las calles de ese barrio y del de Bel-Aire, también pobre, para demandar el retorno de Aristide.
Esas zonas de la capital han sido también escenario de despiadadas batallas entre pandillas rivales, y también de policías contra pandilleros que se declaran partidarios de Lavalas. Ese tipo de violencia ha causado más de 400 muertes desde que comenzó el 30 de septiembre del año pasado.
Sin Aristide no habrá paz, Aristide por cinco años, corearon exaltados manifestantes el 29 de marzo, en torno a una hoguera en la que quemaron simbólicos ataúdes para el presidente estadounidense George W. Bush, el embajador estadounidense en Haití, James B. Foley, y numerosos funcionarios haitianos.
En el centro ardía una imagen de Latortue.
Pero Gérald Gilles, senador de Lavalas inactivo y sin salario desde que el gobierno interino cerró el parlamento el año pasado, planea presentarse como candidato a la presidencia.
Gilles dijo a IPS que una fracción de Lavalas no quiere participar en los comicios, o desea hacerlo pero no lo admite, mientras que la tendencia más moderada es partidaria de participar, aunque los integrantes del grupo sean actualmente perseguidos injustamente por el gobierno interino.
Si no logramos unidad, Lavalas puede desaparecer, afirmó.
Varios altos dirigentes del partido están en prisión a la espera de juicios, acusados de actos de represión cuando integraban el gobierno, entre ellos el ex primer ministro Yvon Neptune. Muchos otros partidarios de Aristide, a los que las autoridades califican de pandilleros, están detenidos sin que se hayan presentado cargos contra ellos, y el propio Gilles estuvo brevemente preso.
El senador admitió que no es posible realizar campañas electorales en zonas dominados por extremistas partidarios de Aristide, y que ninguna persona inteligente realizaría un acto partidario en Cité Soleil o Bel-Aire, salvo manifestaciones por el retorno del ex presidente.
Patrick Féquière, empresario e integrante del CEP, dijo a IPS que está comprometido a asegurar que todas las fuerzas políticas de Haití reciban un tratamiento equitativo, y afirmó que el nuevo sistema de registro de votantes, que comenzará a aplicarse este mes en 424 oficinas, será el primero a prueba de fraudes en la historia del país.
Los adultos que no puedan presentar en esas oficinas una licencia para conducir, un certificado de nacimiento u otro documento que los identifique, deberán respaldar su declaración con dos testigos ya registrados como votantes. Luego de que se complete el registro, se prevé verificar en la capital que no haya duplicaciones antes de repartir las tarjetas que permitirán sufragar.
Todo eso en tres meses.
Dispondremos de 610 computadoras, dijo la semana pasada a representantes de los partidos Pierre Richard Duchemin, integrante del CEP, quien aseguró que cada registro llevará de 10 a 16 minutos en cada una de esas computadoras, y que por lo tanto se realizarán unos 61.000 por día.
Lo menos que puede decirse es que esa tarea será un desafío, en un país con escaso suministro de enería eléctrica y caminos en mal estado, donde miles de personas carecen de certificados de nacimiento.
Pero no es eso, sino la inseguridad, lo que más preocupa a Féquière.
No creo que los miembros del CEP corran más peligro que un empresario cualquiera en su oficina. El país entero es rehén, afirmó.
La semana pasada, Latortue se reunió con el CEP y no ocultó su descontento y frustración ante el desempeño de la misión de la ONU en el país.
Oficialmente, la comunidad internacional está en Haití para ayudarnos, pero no siempre los encontramos cuando los necesitamos, comentó.
Según un estudio conjunto de activistas humanitarios brasileños y estudiantes de derecho de la estadounidense Universidad de Harvard, la misión de la ONU ha hecho poco para lograr estabilidad, proteger a la población o frenar las violaciones de los derechos humanos, de modo que Haití es tan inseguro como siempre.
La ONU dice que las elecciones son la prioridad, pero me pregunto si son lo que necesitamos en un clima como éste. (…) No me parece obvio, dijo Féquière. (
