El gobierno de Estados Unidos debe designar un fiscal independiente para que investigue la responsabilidad de militares de alto rango y autoridades civiles en las torturas cometidas en el marco de la guerra contra el terrorismo, afirmó la organización humanitaria Human Rights Watch (HRW).
Crece la evidencia de que altos líderes civiles y militares estadounidenses, incluyendo al secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, el ex director de la CIA (Agencia Central de Inteligencia), George Tenet, el ex comandante en jefe de las tropas en Iraq, Ricardo Sánchez, y el ex comandante del campamento de prisioneros en la base militar de Guantánamo, Cuba, Geoffrey Millar, tomaron decisiones que facilitaron y propagaron las violaciones de la ley, alegó ese grupo estadounidense.
El informe ¿Tortura sin castigo? Responsabilidad de mando por el maltrato de Estados Unidos a detenidos salió a la luz este lunes, tres días antes de que se cumpla el primer año de la divulgación mundial de una serie de fotografías documentando torturas cometidas por soldados de Estado Unidos en la prisión iraquí de Abu Ghraib.
HRW sostuvo que, un año después, un muro de impunidad aún rodea a los arquitectos de las políticas responsables de los abusos.
El presidente del independiente Centro por los Derechos Constitucionales, con sede en Nueva York, Michael Ratner, apoyó el pedido de HRW.
Hay una conspiración de las autoridades que aprobaron y colaboraron con la tortura para ocultarla, dijo a IPS.
El ejército estadounidense anunció la semana pasada que exoneró a Sánchez de toda responsabilidad por las torturas cometidas en Abu Ghraib, que causaron la indignación mundial el año pasado.
Por su parte, el Departamento de Defensa señaló que Rumsfeld nunca autorizó ni condonó los malos tratos.
HRW instó al procurador general, Alberto Gonzales, a que designe un fiscal especial para investigar a cualquier autoridad estadounidense, sin importar su rango ni posición, que pudiera haber participado, ordenado o tenido cualquier responsabilidad de mando por los crímenes de guerra, torturas u otros abusos cometidos a prisioneros bajo custodia estadounidense.
La doctrina de la responsabilidad de mando hace que los superiores den cuenta por los abusos cometidos por sus subordinados, si no tomaron las medidas mínimas para detenerlos.
HRW sostiene que hay suficiente evidencia de que eso ocurrió en relación con los abusos de Abu Ghraib y Guantánamo, aunque la práctica de torturas era conocidas por los superiores.
Por otra parte, la organización defensora de los derechos humanos pidió que las investigaciones queden fuera del ámbito del Departamento de Justicia, pues Gonzales fue uno de los que aprobó las técnicas de interrogatorio aplicadas en Iraq y que violaron la ley internacional.
Gonzales, como jefe del Departamento de Justicia, estuvo muy involucrado en las políticas que derivaron en los crímenes denunciados, y por eso no debería estar en un conflicto de intereses, pues él también podría tener un grado de responsabilidad, sostuvo HRW.
Las normas del Departamento de Justicia exigen la designación de un fiscal independiente cuando existe un conflicto de intereses.
HRW también recomendó al Congreso la creación de una comisión especial para investigar las torturas, como lo hizo para analizar los pasos del gobierno tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington.
La organización acusó a Rumsfeld y otras autoridades de haber aprobado métodos coercitivos como obligar a los prisioneros a desnudarse y a colocarse en posiciones humillantes, y someterlos a intimidaciones con perros.
Ese tipo de torturas, inicialmente ideadas para el centro de detención en Guantánamo, se aplicó sin restricciones en Afganistán e Iraq, a pesar de las condenas de Washington a tales prácticas por parte de otros gobiernos, señaló el grupo.
HRW también denunció la desaparición de detenidos que estaban bajo custodia estadounidense y condenó la prolongada incomunicación en lugares secretos de sospechosos acusados de pertenecer a la red terrorista Al Qaeda (La Base), a la que Washington considera resposnable de los atentados de septiembre de 2001.
Las autoridades condenaron las torturas, subrayaron el compromiso de Estados Unidos en el respeto a los derechos humanos y abrieron la puerta a una serie de investigaciones por los crímenes cometidos contra los prisioneros en Afganistán e Iraq. Sin embargo, hasta ahora, sólo soldados de bajo rango y sargentos han sido llamados a declarar, señaló la organización.
El grupo reconoció que el Departamento de Defensa ordenó al menos siete investigaciones por lo ocurrido en Abu Ghraib, pero subrayó que ninguna contó con la independencia necesaria para ir hasta el fondo.
Para los investigadores del Pentágono (Departamento de Defensa), el tratamiento que siguió a políticas y técnicas de interrogatorio aprobadas no pudo, por definición, haber sido tortura. Con este razonamiento, se consideraron incapaces de encontrar cualquier conexión entre las políticas aprobadas por las autoridades y los malos tratos. Pero esto no significa que las torturas no existieron, señaló HRW.
