El proyecto de legalización de la unión de parejas del mismo sexo, a estudio del parlamento de España, provoca grandes diferencias y enfrentamientos dentro del conservador Partido Popular (PP), la mayor fuerza de oposición y que gobernó el país entre 1996 y 2004.
La iniciativa presentada por el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero comenzará a ser debatida la próxima semana en el Senado, tras lo cual volverá con posibles modificaciones al Congreso de Diputados, donde fue aprobada el jueves 21.
La cámara baja, a su vez, volverá a analizarlo y, tal como permite prever la composición partidaria de ambos cuerpos parlamentarios, aprobará la ley, que entraría en vigor dentro de tres meses aproximadamente.
En filas del gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) surgió alguna diferencia menor, en tanto que los partidos minoritarios apoyan el proyecto y los nacionalistas moderados, del País Vasco, Cataluña y Canarias, dejaron en libertad de voto a sus representantes.
Como era de esperar, las organizaciones de homosexuales, gays y lesbianas le están dando un fuerte apoyo al proyecto legislativo, mientras la Iglesia Católica lo rechaza con contundencia, llamando incluso a que incumplan la norma los cargos públicos que estarán obligados a aplicarla en caso que finalmente se promulgue.
La aprobación del proyecto implicará modificaciones en el Código Civil, en el que se reemplazarán las palabras marido y mujer por los cónyuges.
Así, esos cónyuges, sean hetero u homosexuales, gozarán de los mismos derechos y obligaciones, incluyendo el divorcio y la adopción de hijos.
Incluso la Real Academia Española (RAE) de la lengua se ha involucrado en el debate, al informarle al gobierno que mantendrá como primera acepción de la palabra matrimonio la unión de hombre y mujer concertada mediante determinados ritos o formalidades legales.
El director de la RAE, Víctor García de la Concha, explicó que esa definición se basa en la etimología latina del vocablo, ya que la palabra latina matrimonium deriva de mater y de ésta la castellana madre.
En todo caso, la Academia se guía por el uso y si éste impusiera más adelante el uso de matrimonio para las uniones homosexuales, tendría que incorporarlo a su diccionario.
En España, los matrimonios civiles se celebran en los ayuntamientos (municipios) y el acto lo preside el alcalde, aunque éste puede delegar y por lo general en las grandes ciudades esa función la cumple un concejal.
Una decena de alcaldes del PP de grandes ciudades ya anunciaron su rechazo a que en sus alcaldías se celebren matrimonios homosexuales. Entre otros están los de León, Palma de Mallorca, Almería, Santander, Ávila, Valladolid, Ferrol y Las Palmas.
Otra decena de gobernantes municipales se pronunciaron en sentido contrario, aceptando cumplir con la ley, aunque discrepen con la denominación de matrimonio a ese tipo de uniones.
También en el PSOE hay una posición en sentido contrario, pues el senador y alcalde Francisco Vázquez, de La Coruña, ciudad gallega ubicada en el extremo noreste de España, anunció que no votará la ley cuando la cámara alta deba pronunciarse.
El portavoz socialista en el Senado, Joan Lerma, quitó importancia a ese pronunciamiento, al que calificó de precipitación, ya que lo ha hecho sin saber lo que se va a votar, pues el Senado puede incluir modificaciones. Adicionó que la posición de Vázquez no tendrá reflejo en el grupo senatorial socialista.
En todo caso, aunque es crítico con el proyecto, Vázquez dijo que no votará y no que lo haría en contra. Y como suele asistir muy pocas veces a las sesiones y votaciones del Senado, por dedicarse más a sus responsabilidades como alcalde, se presumen que su ausencia no influirá en el resultado ni en la posición socialista.
Pero la gran noticia, que este miércoles ocupó la primera plana de la prensa, es la salida del armario de Felipe del Baño, diputado del PP en el parlamento de la oriental Comunidad Autónoma de Valencia, una de las 17 que conforman España.
Esa salida, que consiste en hacer pública su condición de homosexual, llevará al matrimonio a este diputado, miembro del PP desde hace dos décadas y ex asesor del portavoz parlamentario de ese partido, Eduardo Zaplana, cuando éste era presidente del gobierno de Valencia.
Del Baño defiende que a los gays se les reconozcan las mismas obligaciones y derechos que a las parejas heterosexuales, incluyendo la adopción de niños. Al respecto, señala que los niños adoptados por personas individuales, de cualquier sexo como lo permite la legislación actual, se desarrollan con total normalidad.
Pero el extremo dentro del PP lo cometió Luis Fernando Caldentey, alcalde de Pontons, un pequeño pueblo catalán ubicado sobre la costa del mar Mediterráneo, al justificar su oposición a la ley afirmando que un gay es una persona tarada, que nace con una deformación física o psíquica.
Además, Caldentey afirmó que lo normal es que las personas nazcan macho o hembra, porque yo no he visto nunca a dos perros machos haciendo el amor.
Ante la reacción de organizaciones de todo tipo, entre ellas las juventudes del PP, contra esas palabras, el presidente del PP catalán, Josep Piqué, inició los trámites para expulsarlo de ese partido.
El aludido pretendió explicarse, dijo que quizás la palabra tarada no es la más adecuada, pero que él no casará a los homosexuales porque son deficientes para procrear y educar a los hijos.
En todo caso, la posición de la Iglesia Católica exigiendo a sus fieles que ostenten cargos municipales a negarse a formalizar esos casamientos, chocará con la justicia.
Precisamente, el secretario de Estado de Justicia español, Luis López Guerra, recordó que los alcaldes, al asumir su cargo, juran cumplir con las leyes y si como se prevé esta ley se aprobará, deberán cumplirla.
Desde las mismas filas del PP se sostiene lo mismo. Así lo expresó la directora de coordinación del municipio de Madrid, Marisa Castañeda, al indicar que lo que nunca podría hacer un alcalde es establecer discriminaciones: casar a heterosexuales pero no a homosexuales, igual que no podría casar a blancos y negarse a hacerlo a negros.
Todo ello no impide que la Iglesia Católica, por boca del arzobispo emérito de Barcelona, Ricard María Carles, incite a la rebeldía de los alcaldes quienes, según dijo, tienen que llegar a la desobediencia civil.
Carles agregó que, en caso contrario, se llegaría a Auschwitz, refiriéndose al campo de concentración en Polonia donde los nazis alemanes mataron a millones de judíos durante la segunda guerra mundial.
Porque, explicó, no eran delincuentes los que hicieron Auschwitz, sino gente a la que se forzó o que creyó que tenía que obedecer primero las leyes del gobierno nazi que a su conciencia. Desde el Vaticano también llegaron palabras de condena, en particular del cardenal colombiano Alfonso López Trujillo, presidente del Pontificio Consejo de la Familia.
López Trujillo, de 69 años, afirmó el martes que lo que se está haciendo en España, y encima con una mayoría (parlamentaria) bastante reducida, es la destrucción de la familia, ladrillo a ladrillo.
También llamó a desobedecer la ley si resulta aprobada y la calificó de inicua, palabra que según el diccionario de la Real Academia Española de la lengua significa en su primera acepción contrario a la equidad, y en segundo lugar malvado, injusto.
