Se avizora un clima de entendimiento que puede acercar la paz al País Vasco tras las elecciones de este domingo, según expresiones tanto del presidente de la autoridad de esa comunidad autónoma, Juan José Ibarretxe, como del jefe del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero.
Ibarretxe y Zapatero han manifestado, en vísperas electorales, su voluntad de conversar para encontrar soluciones, aunque aún subsisten temas en los que se mantienen posiciones enfrentadas.
En el Parlamento Vasco, cuyos 75 escaños se renovarán el próximo domingo, se necesita mayoría simple de votos para designar el presidente del gobierno autónomo, pero para impulsar la modificación del Estatuto de Autonomía que rige a esa comunidad se requieren los dos tercios.
Las encuestas de intención de votos hasta ahora indican como muy probable la repetición de un gobierno encabezado por Ibarretxe, basado en la coalición del Partido Nacionalista Vasco y su escisión, Eusko Alkartasuna (PNV-EA), con el apoyo de Izquierda Unida y quizás de Aralar, el partido que por rechazar la violencia se escindió de Batasuna, el ilegalizado brazo político de ETA.
En medios nacionalistas se apunta también que, si el PNV-EA quedase con sólo 33 escaños, tendría que negociar con los socialistas, pues incluso con la suma de Izquierda Unida y Aralar no lograría llegar a los 38 votos parlamentarios necesarios para nombrar gobierno.
Pero lo que todas las consultas han dejado claro es que en ningún caso el nuevo gobierno contaría con los dos tercios del parlamento, lo cual no alcanzaría para poner a referéndum el llamado Plan Ibarretxe.
La propuesta de Ibarretxe, rechazada por el gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el opositor Partido Popular (PP), apunta a consultar a la ciudadanía vasca sobre el derecho a la autodeterminación.
Sin embargo, el líder nacionalista ha dejado en segundo lugar esa demanda en sus intervenciones de las últimas semanas y ha centrado su promesa electoral en que logrará modificar el Estatuto de Autonomía del País Vasco, para que su parlamento y gobierno tengan más competencias.
En tanto, Zapatero, en un acto realizado en la noche del jueves en Bilbao, la mayor ciudad vasca, apostó por el candidato socialista, Patxi López, y aseguró que sólo éste puede asegurar el cambio en la situación de violencia que afecta a esa región.
Prometió apoyo total al País Vasco si ese cambio se produjese para que haya un referéndum en un plazo de dos años que apruebe un Estatuto definitivo, el Estatuto de la concordia y el entendimiento, que lleve al País Vasco a las mayores cotas de autogobierno que jamás se hayan podido imaginar o concebir.
El líder del socialismo español comprometió también todo su esfuerzo al objetivo de la paz, para que este país no se resigne nunca más a la violencia, al chantaje y al terrorismo.
La violencia de ETA (Euskadi ta Askatasuna, Patria Vasca y Libertad en vascuence) ha estado de una u otra manera tras esta campaña electoral. En primer lugar por la ilegalización de su partido político y en segundo por la polémica ante el permiso al Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK, por sus siglas en idioma vasco) para que mantenga sus candidaturas.
Si el próximo gobierno vasco pacta los cambios estatutarios con Zapatero y esas modificaciones fuesen ratificadas en un referéndum en esa Comunidad Autónoma, ETA perdería los pocos argumentos que le quedan para defender sus atentados terroristas.
El actual consejero (ministro) de seguridad del País Vasco y miembro del PNV, Javier Balza, se pronunció en un debate organizado por el diario nacional El País por la vía del diálogo para resolver las causas del conflicto.
En ese debate, arguyó, no tiene ningún papel ETA y tenemos todo el papel las fuerzas políticas legitimadas por los votos. E identificó como causas del conflicto los problemas de identidad y desarrollo de esta sociedad (vasca).
Al respecto, Zapatero planteó que, tras las elecciones, se abrirá una llamada hoja de ruta para terminar con ETA, siempre respetando las leyes y los derechos humanos.
Si el PNV-EA lograse entre 32 y 34 escaños habría un nuevo elemento a favor de la pacificación, pues el presidente del PNV, Josu Jon Imaz, pasaría a tener un peso decisivo.
Imaz ganó la presidencia de este partido en 2004 enfrentándose a Joseba Egibar, un candidato propuesto y apoyado por su antecesor, el histórico Xavier Arzalluz, defensor a ultranza del nacionalismo y muy comprensivo con ETA, aunque dijese en público estar en contra de la violencia.
En esta campaña electoral, Arzalluz casi no apareció en público.
El cambio generacional y el enfoque hacia posiciones más moderadas también se dieron en el PSOE, donde López reemplazó a Nicolás Redondo, e incluso en el PP, con la joven María San Gil ocupando la candidatura que en la anterior elección le correspondió al ex ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja.
En este contexto, las encuestas indican que la gobernante coalición PNV-EA será la fuerza más votada y que logrará de 33 a 36 escaños, seguida del PSOE, con 18 o 19, y por el centroderechista PP con entre 14 y 17 diputados.
Entre los menos votados aparecen en las consultas previas Izquierda Unida (IU basada en el Partido Comunista y que integra la coalición gobernante liderada por PNV-EA), que obtendría de tres a cuatro escaños, en tanto que apneas un diputado cada uno lograrían Unidad Alavesa (próxima al PP) y Aralar.
En tanto, las expectativas están puestas en los cinco o seis escaños que podría conquistar, según los sondeos, la lista de EHAK, el partido que salió a la luz pública en 2002 tras confirmar el Tribunal Constitucional la prohibición para presentarse de los candidatos de la rama política de ETA.
Aunque EHAK fue inscripto bajo el gobierno del PP, el líder centroderechista Mariano Rajoy acusa al gobierno de Zapatero de no haber planteado a la justicia su ilegalización por contar, según asegura con el apoyo y a su vez respaldar a ETA.
Rajoy argumenta que la presencia de EHAK restaría al PNV-EA los votos que podrían a ir a esa coalición provenientes de Batasuna, el ilegalizado partido político de ETA y con ello se beneficiarían los socialistas, cálculo al que se atribuye que el gobierno no haya pedido la ilegalización.
Por otra parte, este jueves se produjo un nuevo hecho que puede debilitar al PNV-EA en el próximo parlamento.
A tres de los dirigentes y miembros de la mesa coordinadora del PNV-EA, entre ellos su presidente, Juan María Atutxa, se les inició juicio por no haber disuelto en su momento al grupo parlamentario pro etarra, incumpliendo una resolución del Tribunal Constitucional.
Atutxa y otro de los encausados son candidatos en estas elecciones.
La acusación pide para ellos la inhabilitación por dos años para ejercer cargos públicos, entre ellos el de diputados, además de multas.
