Las primeras acciones y el nuevo gabinete ministerial del presidente de Ecuador, Alfredo Palacio, ponen de manifiesto su intención de cohabitar con todo el espectro político y los movimientos sociales, y de evitar el aislamiento internacional.
Al derechista Partido Social Cristiano (PSC) Palacio entregó el control de la rica provincia sudoccidental del Guayas, nombrando a un gobernador (representante del Poder Ejecutivo) de esa fuerza política, quien anunció el apoyo a la participación de policías privadas en la custodia de las calles de Guayaquil, capital provincial.
Esa medida había sido solicitada meses atrás por el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, y las cámaras empresariales, y negada por el gobierno anterior.
Palacio también dejó abierta la posibilidad de plebiscitar la autonomía provincial que reclama desde hace años el PSC, fuerte en esa zona occidental y en Guayaquil, la principal ciudad comercial del país, en una aspiración similar a la de la oriental Santa Cruz de la Sierra en Bolivia.
Todavía queda por dilucidarse si el nuevo gobierno otorgará a empresarios cercanos al PSC la propiedad de la empresa eléctrica Emelec, confiscada por el Estado por deudas de su propietario, el ex banquero Fernando Aspiazu.
El PSC reclama esa entrega, que era uno de los puntos de enfrentamiento con el ex presidente Lucio Gutiérrez, derrocado la semana pasada y asilado en Brasil.
Los líderes socialcristianos han remarcado que apoyan a Palacio para que termine el mandato de Gutiérrez, en enero de 2007, y criticado a los manifestantes que protagonizaron las protestas contra el anterior gobierno y continúan reclamando la destitución de los representantes del Poder Legislativo.
Palacio decidió devolver a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) la administración de entidades estatales que le había retirado Gutiérrez, y le ofreció además alguna gobernación y la vicepresidencia.
Esas entidades son el Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador, autónomo pero vinculado a la Presidencia de la República, la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe y la Dirección Nacional de Salud Indígena.
La población indígena constituye más de 40 por ciento de los 13 millones de ecuatorianos.
El presidente de la Conaie, Luis Macas, dijo a IPS que el gobierno de Palacio es de transición hacia los cambios estructurales necesarios para instalar otro tipo de institucionalidad en el país.
El gobierno debe convocar al pueblo para organizar un nuevo sistema democrático, de manera que se evite hacer simplemente un parche y dejar que este mismo sistema continúe como ocurrió tras la caída de otros presidentes, apuntó Macas.
Como parte de las protestas por la destitución de Gutiérrez, la Conaie y otros movimientos sociales reclamaron el retiro ecuatoriano de las negociaciones de un tratado de libre comercio (TLC) entre este país, Colombia y Perú con Estados Unidos.
La nueva administración propuso establecer ámbitos diálogo para debatir éste y otros asuntos.
El pueblo del Ecuador aspira a que en las próximas elecciones podamos ejercer una democracia que trascienda el simple voto. Por lo tanto, vamos a plantear una convocatoria nacional a distintas mesas de trabajo donde discutamos la reconstitución del Estado, dijo Palacio.
De esas asambleas saldrán las preguntas para convocar una consulta popular para que el pueblo decida su destino. Y luego surgirá la posibilidad de ir a reformas constitucionales o una Asamblea Constituyente, sostuvo el presidente.
El ex presidente Gustavo Noboa (2000-2003) aplicó las mesas de diálogo en 2001, tras un levantamiento aborigen en cuya represión murieron cuatro indígenas, y Gutiérrez hizo algo similar al inicio de su mandato, en 2003. Pero en ninguna ocasión, las medidas discutidas fueron puestas en práctica.
Dos nombramientos parecen haber preocupado a Washington: el del ministro de Finanzas, Rafael Correa, economista crítico de la dolarización, del TLC, de los ajustes de corte neoliberal y del Fondo Monetario Internacional, y el del ministro de Gobierno (Interior) Mauricio Gándara, dispuesto a revisar el convenio que cedió la base militar y el puerto de Manta a las fuerzas armadas de Estados Unidos.
Tras una reunión con la embajadora estadounidense Kristie Kenney, Palacio dijo que Washington no debía preocuparse por la vigencia del convenio de Manta y que las buenas relaciones se mantendrían.
Cumpliremos todos los acuerdos internacionales incluido el de la base de Manta (que permite la operación de militares estadounidenses vinculados al Plan Colombia antidrogas y antiinsurgente). Si esas instalaciones aeroportuarias fueron concedidas para que se luche contra el narcotráfico, el tratado será respetado, porque nosotros estamos a favor de la lucha contra el flagelo del narcotráfico, arguyó.
Palacio también quiso dar seguridades sobre el TLC.
No podemos decir no entramos en el TLC, porque queremos ejercer nuestra soberanía, pero no ir a un aislacionismo, dijo.
Seguiremos discutiendo todo lo concerniente al TLC y todos los tratados que el proceso de la globalización va a imponernos porque ésa es la historia. No podemos enterrar la cabeza como el avestruz, afirmó, añadiendo que no tenemos que tener miedo al TLC, pero debemos negociar de igual a igual con Estados Unidos.
El equilibrio que intenta Palacio responde al tipo de presiones que acabaron con Gutiérrez, de quien fue vicepresidente.
Las movilizaciones que antecedieron la caída de Gutiérrez tuvieron como protagonista fundamental a la clase media de Quito (a la que luego se sumaron algunos sectores populares), que no pertenece a partidos políticos, aunque sí tiene cierta vinculación con organizaciones sociales urbanas.
Las protestas estuvieron marcadas por el rechazo a los partidos y el reclamo de renuncia masiva de los representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con las consignas Lucio fuera y Que se vayan todos, que hicieron recordar las manifestaciones de diciembre de 2001 en Argentina.
Tras semanas de tensiones, las protestas surgieron espontáneamente el miércoles 13 en Quito y continuaron durante ocho días hasta la caída Gutiérrez.
El 13 tuvo escasa aceptación la convocatoria a una huelga general del alcalde de Quito Paco Moncayo y del prefecto (gobernante provincial) de la norteña provincia de Pichincha, Ramiro González, del partido Izquierda Democrática.
Ese día, la mayor demostración fue la marcha de diferentes sectores sociales y más de mil indígenas de la Conaie llegados de algunas provincias, reuniendo a más de 2.000 personas.
Sin embargo, los compañeros llegados a Quito decidieron regresarse a sus comunidades tras la propuesta de funcionarios de la Prefectura que fueran a marchar junto al alcalde y al prefecto para fortalecer su protesta y la promesa de que cubrirían la alimentación, dijo Silvia Farinango, indígena de una comunidad de Cayambe, en Pichincha.
Por temor a ser utilizados, los indígenas regresaron a sus aldeas. Se cerraba así su participación en las protestas, antes de que se produjera la rebelión.
El movimiento indígena tuvo relaciones complicadas con Gutiérrez. En 2000, cuando éste era coronel, coincidieron en un alzamiento contra el gobierno. Más tarde, los votos del brazo político de la Conaie fueron vitales para el triunfo electoral de Gutiérrez.
Los indígenas asumieron varios ministerios, pero la alianza duró apenas siete meses, y el movimiento se distanció del gobierno cuando éste incumplió promesas electorales.
Según Pablo Dávalos, asesor de la Conaie y actual viceministro de Economía, el gobierno de Gutiérrez llevó adelante una política sistemática para destruir al movimiento indígena mediante la cooptación de dirigentes, el uso de recursos sociales para quebrar a las organizaciones y la entrega de cargos a ciertos dirigentes.
Puso en marcha un proceso sistemático de destrucción política, que debilitó al movimiento, aseguró Dávalos.
Antonio Vargas, ex presidente de la Conaie, se mantuvo junto a Gutiérrez hasta el final como ministro de Bienestar Social, y fue clave en esa estrategia. Expulsado de la confederación, compró dirigentes y usó recursos públicos para quebrar al movimiento indígena, afirmó.
Desde su cartera de Bienestar Social salieron los recursos para trasladar a Quito a indígenas y ciudadanos pobres de varias provincias, con el fin de enfrentarlos a quienes se movilizaban contra Gutiérrez.
La Conaie fue la organización que cargó durante un buen tiempo con la oposición social al gobierno de Gutiérrez, realizando movilizaciones importantes de miles de indígenas, como en febrero y abril de 2004. Pero no contaron con el apoyo de sectores urbanos de Quito, argumentó Dávalos.
En abril, y tras varios meses de tensiones, los protagonistas fueron los sectores medios y medios altos.
Para el analista político Alejandro Moreano, las clases medias y altas que conformaron el grueso de la rebelión fueron rebasadas por sus propios cuerpos que fueron mucho más allá, de su conciencia política.
El alemán Günter Grass escribió una bella obra de teatro, ‘Los plebeyos ensayan la rebelión’. La movilización de abril en Quito fue una variante, ‘Las capas medias ensayan la rebelión’, dijo Moreano.
La antropóloga Erika Silva estima que el hecho determinante para la movilización de la clase media de Quito fue el regreso al país del ex presidente Abdalá Bucaram (1996-1997), destituido por incapacidad mental y juzgado por corrupción, quien representa para esa clase la antiestética, la vulgaridad, algo similar a lo que ocurría con Gutiérrez.
Para el sociólogo Francisco Hidalgo, éste no es un movimiento de izquierda, porque no interpela al conjunto del sistema. Es una corriente dentro de las clases y capas medias de las ciudades, especialmente Quito, y eso establece límites.
Algunos sectores hablan de nuevas formas organizativas como asambleas populares que se encarguen de vigilar al gobierno.
La rebelión de abril postula la renovación política total, que derogue el actual sistema electoral, que exprese las nuevas relaciones políticas, y que no son otras que las de una democracia directa en que el poder se cree de abajo hacia arriba, desde los barrios, las comunidades, los colectivos sociales, argumentó Moreano.
El gobierno de Palacio tenderá a moverse en el vaivén de la correlación de fuerzas. Nombró dos ministros progresistas y puso en cuestión la base de Manta y las negociaciones del TLC. La presión de Estados Unidos lo ha hecho retroceder. Empero, se ha visto obligado a admitir la necesidad de una profunda reforma política, la consulta popular y la Asamblea Constituyente, dijo.
En adelante, todo dependerá del juego de fuerzas. O los ‘forajidos’ (mote puesto por Gutiérrez que adoptaron para sí los manifestantes) profundizan la democracia directa, o el poder confisca otra vez la energía de la rebelión, opinó. (
