Con un acuerdo de último momento firmado con la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el régimen de Nepal escurrió el bulto este lunes a una condena de la comunidad internacional por los abusos que cometen sus fuerzas de seguridad.
El desenlace del caso de Nepal en la sesión de este año de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sugiere que ese máximo organismo especializado del foro mundial tiende a sentar una jurisprudencia que, como ocurre con Colombia, sobresee las violaciones cometidas por los gobiernos de países con movimientos insurreccionales izquierdistas.
Katmandú aceptó que la Alta Comisionada Louise Arbour estableciera en su territorio una oficina con un mandato de supervisión y de asistencia en materia de derechos humanos. En Colombia funciona desde 1996 una oficina del mismo organismo y con fines parecidos.
El entendimiento con el reino nepalés fue concertado cuando algunos países, presionados por organizaciones no gubernamentales, se disponían a pedir la reprobación más severa para el régimen y para la guerrilla maoísta del Partido Comunista de Nepal, que lo enfrenta desde 1996.
Este lunes a media tarde, hora de Ginebra, vencía el plazo para proponer resoluciones referidas a situaciones de derechos humanos en países individuales, un tema que se discute en el punto 9 del orden de día de la Comisión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Pero pocas horas antes, Arbour anunció que acababa de firmar el acuerdo con el ministro de Relaciones Exteriores de Nepal, Ramesh Nath Pandey.
Funcionarios de Suiza que coordinaban una resolución sobre Nepal con los países donantes comunicaron de inmediato que desistían de una iniciativa de censura en el punto nueve.
El acuerdo satisfizo a Suiza y a las demás naciones industrializadas que habían procurado hasta último momento evitar una resolución de dura condena a Nepal, cuyo rey Gyanendra destituyó el 1 de febrero al gobierno y amplió el estado de excepción, disolviendo la actividad de los partidos políticos y arrestando desde entonces a unos 1.000 opositores.
El representante suizo Blaise Godet dijo que ese grupo de países, a los que llamó los amigos críticos de Nepal, trató con firmeza de impedir un enfoque de señalamiento y deshonra para el país asiático.
Nicholas Howen, secretario general de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), comentó a IPS que el acuerdo entre la Alta Comisionada y el gobierno de Nepal establece lo que nosotros reclamábamos, en referencia a su organización y otras como Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch.
El entendimiento es un avance y permitirá que la ONU proteja a los ciudadanos comunes tanto de las brutales violaciones de la guerrilla, como de los abusos sistemáticos de las fuerzas de seguridad, dijo el jefe de la CIJ.
La CIJ, AI y Human Rights Watch habían reclamado la semana pasada que la Comisión colocara al gobierno de Nepal en la lista de autores de los peores excesos.
El caso de Nepal se resolverá por ahora en la Comisión de Derechos Humanos con una resolución que se incluirá en el punto 19 del orden del día, referido a la cooperación técnica que la ONU ofrece a los países con dificultades en derechos humanos.
Godet adelantó que su país se disponía a preparar el borrador de esa resolución, que se deberá presentar en los próximos tres días, cuando la Comisión se apreste a iniciar la última de sus seis semanas de sesiones anuales, que este año concluyen el 22 de abril.
El secretario de la CIJ estimó que la Comisión debía reconocer los abusos cometidos en Nepal y también asumir el papel de garante y de testigo del acuerdo entre la Alta Comisionada y Katmandú.
Por su parte, el jefe de la misión suiza anunció que Berna prestaría también ayuda técnica y financiera a la Oficina de la Alta Comisionada para el desempeño de su misión en Nepal.
Arbour estimó que la interrupción del ciclo de abusos graves y sistemáticos será el primer paso esencial hacia la concertación de la paz y de la reconciliación en Nepal.
Las organizaciones no gubernamentales responsabilizan de los abusos contra la población a los dos bandos, la guerrilla maoísta y el gobierno con su ejército regular.
La raíz del conflicto principal es la insurrección armada que libran desde 1996 las fuerzas del Partido Comunista de Nepal.
Howen encabezó en noviembre una misión de la CIJ a Nepal, donde observó un cuadro de drástico deterioro de los derechos humanos, con el empleo de tácticas brutales por parte de la guerrilla, mediante abusos contra civiles que incluyen torturas y ejecuciones arbitrarias.
A la vez, el monarca y su gobierno han cerrado las últimas puertas que quedaban a los nepaleses para ejercer sus libertades y derechos humanos fundamentales, dijo el activista.
Desde 1996 han sido asesinadas más de 10.000 personas en Nepal, según el presidente de la Federación de Organizaciones no Gubernamentales de Nepal, Arjun Karki.
