Enfrentado al rápido envejecimiento de la población y la consiguiente reducción de la fuerza de trabajo, el gobierno de Japón abrirá las puertas a trabajadores extranjeros no calificados a partir de este 1 de mayo.
La medida representa un importante cambio político y social para Japón, una sociedad cerrada que hasta ahora se había negado a recibir mano de obra no especializada y sólo permitía con renuencia el ingreso de trabajadores calificados.
Según la Organización de las Naciones Unidas, la población de Japón disminuirá de 127 millones en 2004 a 109 millones en 2050. Cada mujer tiene en promedio 1,4 hijos.
Si no se toman medidas, una fuerza de trabajo más reducida deberá sustentar a un número mayor de jubilados. Con la prevista reducción de 10 por ciento en la fuerza de trabajo en los próximos 25 años, el panorama económico dista de ser brillante, advirtió Julian Chapple, catedrático de la Universidad Sangyo, de Kyoto.
Muy probablemente, el mercado doméstico se reducirá, la producción caerá, la base de ingresos se contraerá y al gobierno le será difícil encontrar los recursos para enfrentar los gastos de salud y bienestar social de un creciente número de ancianos, escribió Chapple en un informe para la publicación Electronic Journal of Contemporary Japanese Studies.
Algunos estudios indican que, en 1950, cada jubilado era sustentado por 12 trabajadores. Para 1990, esa relación se había reducido a 5,5 trabajadores por cada retirado, y para 2020 se estima que esa relación disminuirá a 2,3 a uno.
Naturalmente, el gobierno está preocupado por esa posibilidad. La cuestión es cómo controlar esa tendencia, mantener la población y asegurar la seguridad y prosperidad económica, escribió el académico.
Con esos objetivos, el gobierno publicó a principios de este mes un nuevo plan de inmigración, tras la publicación de un informe del Ministerio de Justicia en el que solicitaba al gabinete que consideraba seriamente el ingreso de mano de obra extranjera.
Luego de años de ignorar este problema, Japón se ha dado cuenta de la importancia de la inmigración como mano de obra barata y para estimular la economía nacional, comentó Katsunori Yoshinari, director de la Asociación por la Amistad de los Pueblos de Asia, una organización no gubernamental.
Schoichiro Okabe, funcionario del Ministerio de Justicia, explicó que el plan responde a la solicitud de empresas nacionales.
El nuevo programa relajará los controles de inmigración y establecerá nuevas condiciones para la aceptación de trabajadores no calificados, como la de dar prioridad al conocimiento de la lengua japonesa.
Los sectores agrícola, pesquero y forestal serán los principales beneficiarios de la nueva política, que tendrá vigencia por cinco años a partir del mes próximo. Se espera que pronto se anuncien otros sectores a los que se permitiría invitar a trabajadores extranjeros.
Expertos en demografía señalan que la estricta política de inmigración ha asegurado por largos años la homogeneidad de la sociedad japonesa.
Abrir el país a los extranjeros no es tarea fácil, dada la arraigada sospecha hacia las influencias extranjeras. En ese marco, la medida gubernamental revela un cambio importante de actitud, observó Yoshinari.
En la ciudad industrial de Ota, 60 kilómetros al norte de Tokio, existe un programa especial para apoyar a los extranjeros que trabajan en el área..
Ota tiene 200.000 habitantes y más de 60 por ciento son mayores de 60 años. Para sustentar a las industrias electrónica y automovilística, la ciudad recibió a más de 30.000 latinoamericanos descendientes de japoneses que emigraron hacia América del Sur a principios del siglo XX en busca de un futuro mejor.
A fines de los años 80, Japón aprobó el ingreso de latinoamericanos japoneses de tercera y cuarta generación para compensar la escasez de mano de obra en sus fábricas, en épocas de la burbuja económica.
Más recientemente, también ingresaron asiáticos, principalmente de Asia sudoriental, a trabajar en las fábricas. En Ota, suman 45.000.
Los trabajadores extranjeros son vitales para la supervivencia de la economía de Ota, destacó Kimio Matsudaira, funcionario de trabajo de esa ciudad, en la prefectura de Gumma.
Les ofrecemos servicios de apoyo como clases del idioma, lecciones de conducción, vivienda y asesoramiento psicológico. El sistema funciona muy bien, dijo a IPS.
Esos servicios de apoyo deben acompañar la nueva medida gubernamental, exhortó Hiroaki Watanabe, experto del Instituto de Investigaciones Laborales de Japón, un gabinete de expertos.
Es importante empezar por un número pequeño de trabajadores, para minimizar los problemas sociales en una sociedad cerrada que no está lista para una inmigracióin masiva, dijo.
Según una encuesta publicada el año pasado, 31 por ciento de los japoneses rechazan la idea de que trabajadores extranjeros tomen los empleos que ningún japonés quiere, 31 por ciento no tienen objeciones y el resto están indecisos.
Muchos también temen que una ola de inmigración provoque un aumento de la delincuencia, revelaron encuestas. (
