Toda duda sobre el destino del Departamento de Justicia de Estados Unidos con Alberto Gonzales al frente de la cartera quedó disipada: el jerarca seguirá la línea conservadora trazada por su antecesor, el cristiano de derecha John Ashcroft.
En un discurso pronunciado en la Hoover Institution, centro académico de la Universidad de Standford, Gonzales urgió al Congreso legislativo a acelerar el procedimiento para deportar inmigrantes ilegales y desbloquear la designación de los miembros de la Corte Suprema de Justicia.
También exigió ampliar el alcance de la Ley Patriótica antiterrorista, establecer normas que repriman la obscenidad y crear cinco grupos de trabajo para reducir la criminalidad violenta.
El Senado confirmó en su cargo a Gonzales el 3 de febrero por 60 votos a 36. Legisladores del opositor Partido Demócrata criticaron entonces el rol del funcionario como asesor de la Casa Blanca, pues sus recomendaciones endurecieron el tratamiento de los sospechosos de terrorismo en centros de detención.
Desde esa posición, Gonzales solicitó y recibió del Departamento de Justicia (fiscalía general) un memorandum que dio al presidente George W. Bush argumentos legales para abusar de los detenidos.
Ese documento fue anulado en vísperas de las audiencias de confirmación de Gonzales en el Senado.
La Ley Patriótica fue apresuradamente aprobada por el Congreso, casi sin debate, en las semanas siguientes a los atentados que el 11 de septiembre de 2000 dejaron 3.000 muertos en Washington y en Nueva York.
Sólo un senador, el demócrata Russ Feingold, del estado de Wisconsin, votó en contra de la norma, que dio al Poder Ejecutivo facultades adicionales para la lucha contra el terrorismo.
Ciertas cláusulas de la Ley Patriótica deberían expirar a fines de este año, pero tanto Bush como Gonzales procuran prorrogar su vigencia. Feingold presentó proyectos que enmiendan tres de las secciones más controvertidas.
En su primera declaración de prioridades, Gonzales describió el sistema de leyes sobre migración como roto. Los inmigrantes ilegales en Estados Unidos tienen, según él, demasiadas oportunidades de apelación, y el Congreso debería establecer un procedimiento de deportación más expeditivo.
Un proyecto, presentado por el conservador James Sensenbrenner —republicano del estado de Wisconsin—, establece nuevas reglas de remoción expedita, lo que aceleraría el proceso de deportación y recortaría la posibilidad de solicitar asilo en Estados Unidos.
Es posible que estos proyectos lleguen al Senado adjuntos a iniciativas de aprobación imperativa, como solicitudes de fondos adicionales a las fuerzas militares en Iraq y Afganistán o de ayuda a los damnificados por el maremoto en Asia sudoriental y meridional.
El proyecto de ley REAL I.D. (juego de palabras cuyo significado aproximado sería identidad real) contiene exigencias extremadamente difíciles, sino imposibles, de cumplir para los solicitantes de asilo, dijo a IPS Tim Sparapani, de la Unión para las Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU), la organización de derechos civiles más antigua de este país.
Por ejemplo, un perseguido político debería presentar documentación procedente de aquellos que perpetran la persecución, explicó.
Dos días después del discurso de Gonzales en la Hoover Institution, el Departamento de Justicia sufrió una derrota judicial.
Henry F. Floyd, juez federal del estado de Carolina del Sur, sentenció que el gobierno carece de autoridad para detener por tiempo indefinido a José Padilla, ciudadano estadounidense al que califica de combatiente enemigo.
La detención de Padilla, quien según el gobierno colabora con la red terrorista Al Qaeda —a la que se atribuyen los atentados de 2001—, es ilegal, según Floyd. Padilla debe ser acusado o liberado en un plazo de 45 días. Este ciudadano estadounidense está preso desde hace tres años.
La permanencia de Floyd en prisión sin ser acusado viola la tradición constitucional y traiciona el compromiso de Estados Unidos con la separación de poderes, que salvaguarda nuestros valores democráticos y libertades individuales, observó el magistrado.
Con el fallo de Floyd, la situación de Padilla fue rechazada ya dos veces por tribunales federales, la primera de ellas en diciembre de 2003 en Nueva York. El Departamento de Justicia apeló la sentencia, pero en el estado de Carolina del Sur.
Padilla, de 34 años, fue arrestado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, policía federal) en el aeropuerto O'Hare de Chicago en mayo de 2002. Fue mantenido en prisión en carácter de testigo en una investigación sobre terrorismo, y calificado como combatiente enemigo cuando solicitó la asistencia de un abogado.
El gobierno de Bush asegura que Padilla intentaba detonar una bomba sucia (explosivo convencional con residuos nucleares), que tenía vínculos con dirigentes de Al Qaeda y que, de ser liberado, representaría una grave amenaza para Estados Unidos.
Sin embargo, no hubo acusación formal en tal sentido. El fallo de Floyd advierte que el gobierno no tenía ningún impedimento para acusar a Padilla ante un tribunal civil.
