Estados Unidos debe hacer grandes concesiones en materia de armas nucleares si quiere evitar que nuevos países adquieran esas armas, advirtió la Fundación Carnegie para la Paz Internacional.
Como mínimo, el gobierno de George W. Bush debe renunciar al diseño de nuevas armas nucleares, como las llamadas rompebúnker, capaces de penetrar objetivos muy por debajo de la superficie terrestre, recomendó la Fundación en su nuevo informe, titulado Universal Compliance: A Strategy for Nuclear Security (Cumplimiento universal: Una estrategia para la seguridad nuclear).
Además, el gobierno estadounidense debe reafirmar su compromiso de eliminar a largo plazo su arsenal nuclear, exhortó la institución, con sede en Washington.
El informe de 220 páginas pretende ser un modelo de negociación entre países nucleares y no nucleares para detener la proliferación de armas atómicas e iniciar el proceso para su eliminación.
El documento sale a luz dos meses antes de la prevista revisión del Tratado de No Proliferación Nuclear y en medio de tensiones por el reciente anuncio de Corea del Norte de que ya tiene armas nucleares y por las acusaciones de Washington a Irán sobre la posesión de un programa nuclear secreto.
Bush, que incluyó a esos dos países en el eje del mal, consideró inaceptable que Pyongyang o Teherán posean armas nucleares e insistió en que todas las opciones para resolver ese asunto están sobre la mesa.
El Tratado fue muy debilitado en los últimos años pese a que 173 países no nucleares renunciaron en 1995 al desarrollo de armas nucleares a cambio del compromiso de las cinco potencias nucleares (Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, China y Rusia, los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU) de eliminar sus arsenales a largo plazo.
En 1998, India y Pakistán, ninguno de ellos signatarios del Tratado, realizaron sus primeras pruebas nucleares abiertas. Luego, los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos elevaron el espectro de la obtención de armas atómicas por grupos terroristas.
En 2003, se supo que una red de ingenieros, empresas e individuos dispersos al menos por nueve países y encabezados por el científico pakistaní A.Q. Khan había vendido diseños y equipos nucleares al menos a tres países durante varios años.
Desde entonces, Corea del Norte, uno de los clientes de Khan, anunció que había desarrollado armas nucleares, y algunos líderes políticos, principalmente de Japón y Brasil, sugirieron que revisarían la decisión de no hacerlo.
Mientras, el gobierno de Bush -que se opuso al Tratado de Prohibición Total de Pruebas Nucleares y renunció al Tratado de Misiles Antibalísticos firmado con Rusia en 1972-, urge al Congreso a autorizar el desarrollo de nuevos tipos de armas nucleares.
El informe de la Fundación Carnegie, cuyo proyecto circuló el año pasado entre varios gobiernos y fue luego revisado para tomar en cuenta sus posiciones, es un esfuerzo para establecer el marco y los principios básicos de un régimen más estricto de no proliferación que abarque a signatarios y no signatarios del Tratado de No Proliferación Nuclear, entre éstos Pakistán, India e Israel.
El documento parte de la premisa de que el actual marco del Tratado no puede resolver la amenaza nuclear que enfrenta el mundo.
También da por sentado que Estados Unidos no puede por sí solo contrarrestar la amenaza nuclear, ni siquiera con pequeñas 'coaliciones de los dispuestos', y por lo tanto, la cooperación internacional es indispensable para el éxito de cualquier régimen alternativo.
Sin embargo, para obtener esa cooperación, Estados Unidos y otras potencias nucleares declaradas deben persuadir a los otros países de que el nuevo régimen será equilibrado y justo, advirtió John Wolfsthal, uno de los autores del informe.
Debemos garantizar a los países no nucleares que esta no es una nueva forma de colonialismo… y que la ley también se aplica a Estados Unidos, instó.
El informe detalla seis obligaciones que el nuevo régimen debe incorporar. La primera es hacer la no proliferación irreversible, prohibiendo, entre otras medidas, la adquisición de uranio enriquecido y plantas de reprocesamiento de plutonio a cualquier país que no las tenga ya, a cambio de una provisión garantizada de energía.
Otras obligaciones serían la elaboración de una hoja de ruta para el desmantelamiento real y verificable de los arsenales nucleares, la protección y vigilancia estricta de todos los materiales físiles, y la aceptación de las mismas obligaciones que los países nucleares signatarios del Tratado por parte de India, Israel y Pakistán.
