Dos organizaciones de derechos humanos acusaron ante la justicia al secretario de Defensa de Estados Unidos, Donald Rumsfeld, por torturas contra cuatro afganos y cuatro iraquíes presos en instalaciones militares.
La demanda de 76 páginas fue presentada ante un tribunal de Chicago por la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU, la más antigua de las organizaciones de su tipo en este país) y Human Rights First (HRF).
Rumsfeld tiene responsabilidad directa en torturas y abuso de detenidos en instalaciones militares en Iraq y Afganistán, indicaron los querellantes, al solicitar al tribunal que declare los actos del funcionario como violatorio de la constitución, las leyes y los tratados internacionales.
Entre esos tratados ratificados por Estados Unidos figuran las Convenciones de Ginebra, base del derecho internacional humanitario que protege a los prisioneros de guerra y a la población civil afectada por conflictos armados, y la Convención de la ONU contra la Tortura.
Los demandantes también solicitaron para las víctimas de los abusos una compensación por el daño sufrido en la cárcel.
El secretario Rumsfeld es directamente responsable por este descenso al horror al autorizar personalmente técnicas ilegales de interrogatorio y al renunciar a su deber legal de detener la tortura, dijo Lucas Guttentag, principal redactor de la querella, en una conferencia de prensa en Washington el martes.
Rumsfeld dice lo que no cree cuando afirma que es responsable pero no fue llamado a responsabilidad. Esta demanda pone la culpa donde corresponde: sobre el secretario de Defensa, agregó.
La querella fue presentada en Illinois, donde Rumsfeld está registrado como votante, pues se refiere a él en tanto en su carácter de ciudadano y como de funcionario.
En el escrito del caso se incluyen una serie de revelaciones sobre abusos contra detenidos en Afganistán y en Iraq desde abril pasado, cuando fotos que describen la tortura y humillaciones en la prisión de Abu Ghraib, cerca de Bagdad, salieron a la luz.
Desde entonces, ACLU y otras organizaciones obtuvieron a través de solicitudes formuladas al amparo de la Ley de Libertad de Información miles de correos electrónicos y otros documentos según los cuales los abusos descriptos en las fotografías originales estaban más generalizados de lo que el gobierno admitía.
Informes confidenciales de la Cruz Roja Internacional y entrevistas con combatientes estadounidenses publicadas en la prensa y ex detenidos confirmaron esa conclusión.
Mientras, memorandos internos del gobierno desde la Casa Blanca, el Pentágono (sede del Departamento de Defensa) y el Departamento de Justicia demostraron que Rumsfeld aprobaba técnicas específicas de tratamiento a prisioneros, entre ellas posiciones incómodas, desnudez, uso de perros, aislamiento prolongado y privación de sensaciones.
Tales técnicas son consideradas inapropiadas y potencialmente contraproducentes en los propios manuales del ejército estadounidense.
No hay duda, sencillamente, de que estas políticas permitieron que se cometieran esos abusos, dijo Guttentag, para quien Rumsfeld tiene responsabilidad de mando.
Según esa doctrina del derecho castrense, el oficial al mando es responsable de actos de sus subordinados si sabe o tiene razones para saber que cometen torturas y tratamientos crueles o inhumanos en cumplimiento de una orden.
Guttentag sostuvo que Rumsfeld recibió numerosos informes sobre maltratos a detenidos mucho antes de que las fotografías tomadas en Abu Ghraib hubieran llegado a la prensa.
Otros funcionarios en la cadena de comando podrían ser incorporados a la demanda si se conoce su participación en los abusos, afirmó el abogado.
La Asociación de Abogados de Estados Unidos, altos funcionarios militares retirados y legisladores del opositor Partido Demócrata llamaron a una investigación exhaustiva a cargo de una comisión independiente que individualice a los responsables de violaciones de derechos humanos.
Estos llamados fueron rechazados por el gobierno y por la mayoría del Congreso legislativo, en poder del gobernante Partido Republicano en ambas cámaras, que insisten en que tres centenares de investigaciones, cortes marciales e investigaciones administrativas ya iniciadas son las instancias adecuadas para llamar a responsabilidad a los eventuales culpables.
Pero hasta ahora no fue castigado ningún militar por encima del rango de teniente.
Los críticos también señalan que ninguno de los mecanismos defendidos por el oficialismo apunta a la responsabilidad de las autoridades civiles del Pentágono.
Creíamos que Estados Unidos podría corregir esta política sin que recurriéramos a los tribunales. Al presentar esta demanda ante la justicia, estamos reconociendo nuestro error, dijo Michael Posner, director ejecutivo de HRF.
Los ocho demandantes —cuatro iraquíes y cuatro afganos— sufrieron, según el escrito presentado, torturas y tratos crueles o inhumanos, como duras golpizas, mutilaciones, aislamiento en periodos prolongados, privación de sueño, simulacro de ejecución, choques eléctricos, sometimiento a temperaturas extremas, humillación sexual y posiciones incómodas.
Uno de los iraquíes demandantes tenía apenas 17 años cuando fue detenido en Abu Ghraib, en agosto de 2003. Allí sufrió disparos en el cuello y en la espalda y se le negó atención médica durante horas. Las balas fueron removidas sin anestesia y se le negó luego alimento, agua y analgésicos, mientras se lo sometía, además, a maltratos.
Todos los querellantes fueron intensamente entrevistados por miembros de ACLU y HRF, que confían en que puedan viajar a Estados Unidos para que brinden su testimonio personalmente.
