El gobierno de Cuba aprecia en América Latina cambios políticos que podrían evitar este año la promoción o respaldo de países de la región a una nueva resolución de censura sobre la situación humanitaria en la isla.
En los últimos años, el voto latinoamericano fue decisivo para aprobar, en la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mociones que Cuba considera fabricadas por Estados Unidos con el fin de justificar el embargo económico contra La Habana.
Cabría esperar que los gobiernos de América Latina aprovechen la oportunidad de ponerse a tono (à.) con lo que está ocurriendo en el continente, dijo este martes el presidente del parlamento (unicameral) cubano Ricardo Alarcón, ante una eventual nueva votación sobre el país en las sesiones de la Comisión.
Alarcón señaló el auge de un movimiento popular que ha llevado al poder en varios países a gobiernos progresistas y amigos.
Además, ese movimiento popular está dando señales inequívocas de que no habrá que esperar mucho tiempo para el surgimiento de gobiernos verdaderamente democráticos, señaló.
Alarcón se refería a la llegada al poder de un gobierno de izquierda en Uruguay, este mes, que se suma a gobiernos de centroizquierda o progresistas, como los de Brasil, Argentina y Chile, además de la administración del venezolano Hugo Chávez, abierto aliado de Cuba.
Alarcón presentó otros dos textos del libro Cuba y los derechos humanos que el Ministerio de Relaciones Exteriores hará circular en el 61 período de sesiones de la Comisión de la ONU, cuyos trabajos comenzaron este lunes 14 y se extenderán hasta el 22 de abril.
La semana pasada, el canciller Felipe Pérez Roque afirmó que Washington realiza gestiones muy discretas y secretas en la búsqueda de patrocinador para una resolución, aunque se habría topado con grandes dificultades para encontrar un presentador en América Latina.
Cuba espera que este año ningún gobierno latinoamericano vuelva a hacer el papel de Caín en la Comisión de Derechos Humanos, que ningún país latinoamericano presente, o copatrocine o vote a favor del proyecto de resolución que se sabe sólo sirve al gobierno de Estados Unidos para justificar su política de bloqueo, señaló el ministro.
El foro de Ginebra actúa con representación de 53 países que se rotan periódicamente, 11 de ellos latinoamericanos, que en esta ocasión son Argentina, Brasil, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay y Perú.
El canciller, quien participará esta semana en el segmento de Alto Nivel de las sesiones de Ginebra, aludió directamente a México, que en 2002 cambió su política de abstención por la del voto a favor de las resoluciones sobre el caso cubano.
Lógicamente una posición de México favorable a ese proyecto lo apartaría de lo que fue la posición mayoritaria en América Latina, sobre todo cuando el mapa político de nuestra región ha estado cambiando y sería un acto que el pueblo de Cuba no podría entender, indicó el canciller.
La delegación estadounidense se encargó de presentar las mociones de censura sobre los derechos humanos en Cuba de 1990 a 1998, aunque en ese último año la votación le fue desfavorable (16 votos a favor y 19 en contra).
Ante esa inesperada derrota, el papel de patrocinador lo asumió, hasta 2001, la República Checa, se recuerda en el texto Cuba y los derechos humanos. En 2002, la moción fue presentada por el gobierno del entonces presidente de Uruguay, Jorge Batlle, al año siguiente, por Perú y en 2004, por Honduras.
El presidente Fidel Castro reaccionó ásperamente al protagonismo uruguayo en Ginebra y Batlle respondió con la ruptura de relaciones diplomáticas. El nuevo gobierno de Tabaré V{azquez reanudó los lazos el 1 de marzo.
Castro también criticó al gobierno mexicano de Vicente Fox, quien, en respuesta, retiró en mayo del pasado año a su embajadora y pidió la salida del jefe de la misión cubana en ese país. La crisis diplomática pareció superada unos meses después con la vuelta de los embajadores a sus respectivas plazas.
La votación de 2002 permitió crear para Cuba el mecanismo de la Representante Personal del Alto Comisionado, a cargo de la jurista francesa Christine Chanet, a quien el gobierno de Castro no reconoce ni ha permitido ingresar al país en desempeño de sus funciones.
El cargo de Chanet cesará en caso de no fructificar este año una resolución sobre Cuba.
La jurista elaboró un informe sobre Cuba que será discutido (aunque no sometido a votación) en el tema nueve de la Comisión, relativo a violación de los derechos humanos y libertades fundamentales en cualquier parte del mundo.
El texto admite aspectos positivos en materia de derechos económicos, sociales y culturales y califica de desastrosos y persistentes los efectos del embargo estadounidense contra este país caribeño, tanto en las esferas económica y social, como en lo relativo a derechos civiles y políticos.
A la vez, considera que las excarcelaciones de varios presos políticos en 2004 no ponen fin al episodio represivo que comenzó en 2003, ni representan una mejora en la situación de los derechos civiles y políticos en Cuba.
Asimismo, insta a La Habana a que libere a los opositores presos, garantice la libertad de expresión y levante las restricciones a los viajes, y asegura que el gobierno cubano ha continuado arrestando a disidentes.
Las autoridades cubanas consideran a los opositores, agentes a sueldo del imperio y les niegan reconocimiento legal.
Si bien el régimen de Castro se resiste a ser sentado en el banquillo de los acusados en Ginebra, no descarta discutir la cuestión de los derechos humanos en otros escenarios.
En enero, la diplomacia cubana participó activamente en una reunión del Grupo Latinoamericano (Grula), convocada por México, para buscar un mecanismo informal de consulta y cooperación en materia de derechos humanos.
Para el canciller Pérez Roque, ese encuentro abrió una oportunidad de que los países de la región tengan por fin su propio camino en la cuestión, en vez de dividirse e incluso llegar a la confrontación.
Es un proceso que avanza, al que Cuba se ha incorporado con el espíritu de colaboración y de trabajar para que llegue a buen puerto y funcione, señaló Pérez Roque en una conferencia de prensa el lunes 7 de este mes.
