Organizaciones internacionales de derechos humanos celebraron la inesperada liberación de una activista de la etnia uigur en China, pero advirtieron que la medida es más un ejercicio de relaciones públicas que un avance en materia humanitaria.
Amnistía Internacional y Human Rights Watch llamaron la atención hacia la decisión del gobierno de Estados Unidos, anunciada poco después de la liberación, de no presentar una moción de crítica a Beijing en el actual período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Ginebra.
La mujer liberada es Rebiya Kadeer, una activista de los derechos de la minoritaria etnia uigur que se había convertido en una causa célebre para legisladores estadounidenses desde que fue detenida en 1999 por reunirse con un miembro de una delegación del Congreso de Estados Unidos.
Inmediatamente después de su liberación, Kadeer viajó a Estados Unidos para reunirse con su esposo y cinco de sus 11 hijos, que viven en este país hace varios años. No está claro si el exilio permanente fue una condición para su liberación.
Nos complace ver a Rebiya libre, pero China no debería obtener ningún crédito político por liberarla, después de haberla tenido tras las rejas tantos años, comentó Brad Adams, director de Human Rights Watch para Asia.
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Su liberación es otro ejemplo de la política china de 'puerta giratoria', por la que libera a unos pocos presos políticos de alto perfil antes de importantes acontecimientos internacionales, para frenar las críticas, afirmó.
Adams recordó que, el año pasado, Beijing liberó a una monja tibetana un año antes de cumplir su sentencia de 17 años de prisión. Kadeer fue liberada por motivos médicos.
La activista, que recibió el máximo galardón de Human Right Watch en 2000 por su promoción de los derechos de los uigures, en particular de las mujeres uigures, procede de Xinjiang, la provincia más occidental de China y tierra de esa etnia minoritaria.
Los uigures, un pueblo predominantemente musulmán y con idioma propio que cayó bajo el dominio chino a mediados del siglo XIX, todavía se refieren a su territorio como Turkistán Oriental.
Hace 50 años, constituían más de 80 por ciento de la población de esa provincia, pero la constante inmigración de chinos de la mayoritaria etnia han -alentada por Beijing y la producción de petróleo- y los crecientes vínculos con Asia central redujeron su porcentaje a menos de la mitad.
La tensión entre ambas etnias, alentada por la discriminación racial contra los uigures en materia de educación y empleo, aumentó de manera constante desde fines de la década de 1980.
El colapso de la Unión Soviética en 1991 y la posterior creación de repúblicas centroasiáticas vinculadas étnicamente con los uigures desató una ola de nacionalismo que se fortaleció en la última década. En 1997, una manifestación uigur en la ciudad de Yining, en el noroeste de Xinjiang, se convirtió en un disturbio que dejó nueve muertos.
Además de detener a miles de uigures, la vasta mayoría de los cuales nunca han practicado ni promovido la violencia, según grupos de derechos humanos, el gobierno cerró varias mezquitas y prohibió algunas prácticas de escuelas religiosas.
El clero islámico, por ejemplo, fue sujeto a educación política para que reciba una comprensión más clara de las políticas étnicas y religiosas del gobernante Partido Comunista, y algunos clérigos fueron detenidos por enseñar el Corán, el libro sagrado islámico.
Aparte, numerosos libros uigures fueron censurados y decenas de miles de copias quemadas, mientras que el idioma uigur fue prohibido como lenguaje de enseñanza de la mayoría de las materias en la universidad de Xinjiang.
Kadeer, una rica empresaria, fue presentada por el gobierno durante los años 90 como un modelo para el país por su trabajo a favor del desarrollo.
En 1995, fue representante del gobierno en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing, y posteriormente integró el órgano asesor del Congreso Nacional del Pueblo.
Pero el gobierno comenzó a preocuparse cada vez más por las actividades de su esposo, quien se había mudado a Estados Unidos tras cumplir una breve condena de prisión por sus actividades políticas.
Cuando varios de sus hijos huyeron de China para unirse a su padre, el gobierno regional confiscó el pasaporte de Kadeer, y en 1997 anunció que no podía abandonar el país porque su esposo estaba dedicado a actividades subversivas y separatistas fuera del país.
Tras su arresto, fue acusada en secreto de proveer información secreta a un extranjero y condenada a ocho años de prisión. La información que envió a su esposo fueron artículos de prensa. El año pasado, su sentencia fue reducida un año.
La liberación de la prisionera de conciencia Rebiya Kadeer es una gran alegría, sólo moderada por el recuerdo de muchos otros que permanecen injustamente en prisión en China, entre ellos los encarcelados después de las protestas de la plaza de Tiananmén, en 1989, declaró Amnistía Internacional, con sede en Londres.
Sin embargo, Amnistía ve con escepticismo el momento de la liberación, en especial a la luz de la decisión de Washington de no patrocinar una resolución de condena a China en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, y en vísperas de la visita de la secretaria de Estado (canciller) estadounidense Condoleezza Rice a Beijing.
El momento de la liberación crea la impresión de que una vez más el gobierno chino usa a los presos políticos para practicar una política de rehenes, según Amnistía.
La organización recordó que otros activistas uigures permanecen tras las rejas, entre ellos Abdulghani Memtemin, quien fue sentenciado en 2002 a nueve años de prisión por enviar información al extranjero sobre abusos contra uigures en Xinjiang, y Tohti Tunyaz, condenado a 11 años en 1999 por incitar al separatismo en un libro de historia uigur.
