La justicia española buscará en cajas de seguridad privadas y en discos informáticos datos que puedan conducirla al núcleo de una gran organización de tráfico de drogas y lavado de dinero, cuyo centro de operaciones es la meridional Marbella, capital de la provincia de Málaga.
El juez Miguel Ángel Torres Seguro, quien dirige la operación Ballena Blanca, en la cual se ha arrestado a 41 personas y confiscado 251 chalés de lujo en la meridional Costa del Sol, sobre el mar Mediterráneo, dispuso este lunes el registro de cajas de seguridad y el análisis de 22 discos duros de computadoras requisados.
Fuentes de la investigación dijeron a IPS que con los primeros datos ya pueden valorar en más de 250 millones de euros (336 millones de dólares) el monto del dinero lavado por el grupo investigado, cuya jefatura se atribuye al abogado chileno Fernando del Valle, radicado en Marbella desde 1979 y uno de los detenidos el jueves 10 de este mes.
Pero la investigación todavía puede deparar muchas sorpresas, dijeron las fuentes. Entre los detenidos hay españoles, rusos, franceses, británicos, marroquíes y ucranianos.
Con la orden judicial de prisión preventiva dictada este lunes contra un ciudadano finlandés, son cinco ya los detenidos en esa situación. Veintiuno fueron puestos en libertad bajo fianza y el resto de los 41 están detenidos a disposición del juez, que decidirá su situación procesal a medida que los vaya interrogando.
El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, no vaciló este lunes en afirmar que Ballena Blanca es apenas la punta del iceberg, pues se ha confirmado que España, y en particular la Costa del Sol sufren la invasión silenciosa de las mafias.
Indicios de la existencia de esos grupos de delincuentes llevaron a la Fiscalía a nombrar un fiscal especial antimafia para la Costa del Sol, añadió Conde-Pumpido en declaraciones a Radio Nacional de España.
Manuel Chaves, presidente del gobernante Partido Socialista Obrero Español y jefe de gobierno de Andalucía, comunidad autónoma de la que forma parte Málaga, atribuyó la fuerte presencia de grupos mafiosos al desarrollo urbanístico descontrolado.
Ese descontrol facilitó el lavado de dinero, al que contribuyó un cierto clima de permisividad del gobierno marbellí, durante muchos años en manos del Grupo Independiente Liberal (GIL), movimiento político liderado por el fallecido empresario Jesús Gil, dedicado al negocio inmobiliario procesado y penado en varias oportunidades.
Según la última memoria de la Policía Judicial, publicada en 2004, en Málaga se detectaron 104 bandas mafiosas dedicadas al contrabando —en especial de drogas— y al lavado de dinero. Si bien es una cantidad grande para una capital de provincias, no queda muy lejos de la madrileña, que tenía 134 grupos, ni de Barcelona, la capital de Cataluña, con 129.
Marbella está además muy cerca de Gibraltar, territorio español bajo ocupación británica, en el que pululan las sociedades anónimas y las cuentas bancarias secretas.
Junto con Del Valle, fueron detenidos tres escribanos que trabajaban para él y que firmaron las escrituras de constitución de cuatrocientas sociedades. Los tres quedaron en libertad bajo fianza, acusados de ser cooperadores necesarios del delito de lavado de dinero, al no haber comunicado esas operaciones sospechosas al Servicio de Prevención de Blanqueo.
Fuentes policiales señalaron que las sociedades constituidas con capitales mínimos se concentraban en el despacho de Del Valle, quien daba cobertura a inversiones de procedencia dudosa.
La investigación comenzó en 2003, cuando llegó a oídos policiales esa maratónica constitución de sociedades. Como primera medida se vigiló a los integrantes del equipo jurídico del chileno, comprobándose reuniones con delincuentes en varios lugares de la Costa del Sol.
En 2004, un estudio del Instituto de Criminología de Málaga, financiado por la Unión Europea, concluyó que debería mejorarse el intercambio de información entre los organismos policiales y fiscales competentes respecto a actividades empresariales, transferencias bancarias y transacciones inmobiliarias.
El alcance de Ballena Blanca se expande hacia otros países. Jueces, fiscales y policías de Francia, Rusia, Gran Bretaña, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Marruecos y Holanda están en contacto con sus homólogos españoles. Para los próximos días está anunciada la presencia en Marbella de jueces británicos, rusos, holandeses y franceses, que cumplirán actividades relacionadas con la investigación.
Los cargos contra Del Valle despertaron la defensa de sus colegas malagueños. El también chileno y decano del Colegio de Abogados de esa provincia, Nelson Sánchez Stewart, consideró al acusado un prestigioso y afamado profesional de la abogacía.
Las protestas más duras de los colegios profesionales aparecieron por la detención de los tres escribanos. Según su defensor, Ramón Pelayo, han sido acusados por la simple y normal función notarial en el tráfico jurídico mercantil normal.
Pelayo arguyó que la vigente Ley de Control de Cambios no requiere que se certifique la aportación de dinero del exterior para extender una escritura.
Fuentes policiales admitieron que eso es lo que dice la ley. Eso vale para dos o tres escrituras, pero cuando son centenares de la misma gente, la cosa cambia. Por simple aplicación del sentido común los notarios debieron haber informado a las autoridades, para que se investigase, comentaron las fuentes.
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