Cientos de chilenos vigilan día y noche terrenos aledaños a sus viviendas, con intención de impedir la anunciada instalación en ellos de antenas para telefonía móvil. Ellos encarnan la desesperación de miles de personas que denuncian cómo las perjudicó la radiación electromagnética empleada por esa tecnología.
"Tenemos que vigilar toda noche el lugar, porque estas empresas acostumbran a colocar las antenas de madrugada”, dijo a IPS Sandra Mancilla, líder de un grupo de 50 pobladores del populoso municipio de La Florida, al sureste de la capital, que se turnan para hacer guardia en un terreno arrendado por la transnacional española Telefónica.
”La ciudadanía se ha visto obligada a tomar estas medidas porque el gobierno privilegia los intereses económicos de las empresas de telefonía por sobre el bienestar de la población”, dijo a IPS Teresa López, presidenta de la Coalición Nacional de Defensa del Medio Ambiente (Conadema) formada en 2000 por ciudadanos afectados.
El sostenido aumento de los usuarios de la telefonía móvil los ha llevado a superan los nueve millones, o sea dos tercios de los habitantes del país. La creciente demanda ha ”obligado” a las empresas a repartir antenas por todo Chile, incluso en escuelas y guarderías infantiles, centros médicos, parroquias y hogares de ancianos, denuncian los activistas.
Según datos aportados por la gubernamental Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), hay cerca de 6.000 antenas en el país, la mayor parte de ellas en la capital.
Se entiende por antena o estación base el conjunto de elementos utilizados para emitir o recibir ondas radioeléctricas. Suelen ubicarse en torres, estanques de agua, techos o costados de edificios, a una altura promedio de 30 metros en zonas urbanas y de 60 metros en zonas rurales.
”No estamos en contra de la tecnología, sólo queremos que el gobierno nos escuche y que podamos llegar a un acuerdo que nos beneficie a todos”, precisa López, que también reclama contra los vecinos que arriendan sus terrenos por cerca de 1.000 dólares mensuales a empresas de telefonía, para que instalen antenas.
Conadema, la Red Nacional Ecológica y el grupo Formación Jurídica para la Acción (Forja) presentaron un recurso judicial contra el Estado chileno ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2002, a nombre de 25.000 personas de Chile y de algunos otros países de América Latina, que hasta la fecha está en estudio.
Según los afectados, las antenas violan varios principios constitucionales, entre los que destacan los derechos a la salud y a vivir en un ambiente libre de contaminación. También denuncian la depreciación de sus viviendas, confirmada por el Instituto Inmobiliario de Chile.
López denuncia que en la costera ciudad de Concón, en la central V región, hay 24 antenas en un radio de un kilómetro y una gran cantidad de personas enfermas de cáncer, situación que según dice se repite en otros lugares.
”Acá la ciudadanía tiene que comprobar que la radiación electromagnética es dañina para la salud, porque las autoridades no tienen contemplado aplicar el principio precautorio ni menos el derecho a la información”, considerados en legislaciones de otros países, señaló a IPS la abogada de Forja, Alejandra Arriaza.
El Principio 15 de la Declaración de Río de Janeiro, firmada por Chile en 1992, indica que ”con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución, conforme a sus capacidades”.
También especifica que ”cuado haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”.
”El gobierno no ha tenido la suficiente voluntad política para sacar adelante el proyecto de ley que intenta regular la instalación de este tipo de equipos en el país”, señaló a IPS el diputado socialista Carlos Montes, autor de la iniciativa. El parlamentario piensa que una pronta aprobación debe descartarse porque ”no está entre las prioridades del Ejecutivo”.
”El gobierno prefiere aplicar la resolución 505 de la Subtel”, que establece que las antenas no pueden sobrepasar una potencia de 435 microwatts por centímetro cuadrado,opinó.
Fuentes de la Subtel aseguraron a IPS que el gobierno cumple el principio precautorio a través del control de la emisión, subrayando que el máximo fijado por ellos es mucho más prudente que el de 1.000 microwatts por centímetro cuadrado recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Otro ejemplo de su preocupación sería un decreto del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de 2001, que regula la distancia mínima que debe separar a las antenas de los predios vecinos, en función de la altura a que se ubique la estación base. En todos los casos, no es más de 10 metros.
No obstante, las fuentes culparon a los municipios de no establecer en su plano regulador los lugares habilitados para situar las estaciones base, conforme a los distintos tipos de suelo.
El proyecto de ley que se discute hace cuatro años en el Congreso contempla, entre otras cosas, que cada municipio tenga mayores facultades para evitar la instalación de antenas en su territorio y fija en cerca de 100 metros la distancia mínima a escuelas y viviendas.
Las empresas de telefonía móvil se han manifestado en contra de la iniciativa, alegando que no existen estudios científicos concluyentes que demuestren que la radiación emitida por las antenas es peligrosa para la salud humana, y escudándose en que cumplen con lo exigido por la Subtel.
Entre sus argumentos están que ellas proporcionan una gran cantidad de trabajos y que ”al cambiar las reglas del juego” se desincentivaría la inversión en el área. Critican especialmente el carácter retroactivo que tendría la ley.
”Hay estudios preliminares que sugieren, de manera no concluyente, una mayor frecuencia de tumores cerebrales en usuarios de estos teléfonos (como el neurinoma acústico, un tumor benigno que puede dejar importantes secuelas)”, dijo a IPS el médico Andrei Tchernitchi, de la Universidad de Chile, quien piensa que las antenas deberían instalarse en los cerros.
Los teléfonos móviles y sus estaciones base emiten radiación electromagnética no ionizante, al igual que las líneas de alta tensión, algunos artefactos electrodomésticos como el horno de microondas y el televisor, y las antenas emisoras de radio y televisión.
Según Tchernitchi, diversos estudios han comprobado que la exposición a campos electromagnéticos no ionizantes es un factor de riesgo por sus efectos térmicos (elevación de la temperatura corporal) y también por los no térmicos, que antes no estaban considerados y cuyas consecuencias sólo podrían ser detectadas a largo plazo.
Algunas de las enfermedades asociadas con este tipo de radiación son la leucemia, el cáncer cerebral, el cáncer de mama, los abortos espontáneos, el suicidio, la enfermedad de Alzheimer, la esclerosis lateral amiotrófica (enfermedad de Lou Gehring) y males cardiovasculares, incluyendo infarto del miocardio, dice el experto.
No se ha comprobado con certeza que la radiación emitida por las antenas cause esas afecciones, pero Tchernitchi considera probable que así ocurra en el largo plazo.
”Esto me recuerda a lo que pasó con el tabaco: las tabacaleras presionando al gobierno, diciendo que faltaba información y que había que seguir investigando, y logrando en definitiva demorar la legislación”, argumentó el profesional.
”El gobierno debería desincentivar el uso de los celulares, que evitaría seguir instalando antenas; incentivar como alternativa el uso de dispositivos 'manos libres' (con auriculares o audífonos) e informar a la población acerca de los riesgos latentes” en la telefonía móvil, manifestó Tchernitchi.
Al igual que la OMS, el experto recomienda usar celulares sólo en casos de urgencia, hablar durante el menor tiempo posible y evitar facilitárselo a los niños, más vulnerables.
Por lo pronto, los vecinos afectados tienen cifradas sus esperanzas en una ordenanza que está elaborando el municipio de El Bosque, al sur de Santiago, que intenta normar mejor el tema, iniciativa que esperan sea replicada a lo largo del país(FIN).
