El último tramo del proceso para aprobar una ley de hidrocarburos en Bolivia es seguido con expectativa por los movimientos sociales que advierten no tolerarán ninguna modificación a las cargas impositivas establecidas en el proyecto, y por el presidente Carlos Mesa, que aspira a una norma más favorable a las empresas.
El Senado inició el lunes la discusión de una ley de hidrocarburos que cuenta con media sanción de la cámara baja, y cuyo artículo 53 establece las condiciones de los impuestos petroleros. El debate sobre esa norma desató la tempestad política y tiene al país en suspenso desde hace 14 días.
El presidente se niega a promulgar la ley tal como fue votada en la Cámara de Diputados porque establece cargas tributarias que considera excesivas, mientras se hacen sentir las presiones de las compañías petroleras que amenazan con juicios al Estado si un cambio en las reglas de juego altera los contratos de las concesiones para explotación y venta de gas natural.
Las compañías transnacionales han invertido 3.000 millones de dólares en los últimos años para explotar la segunda reserva de gas natural más grande de América del Sur, estimada en 53 trillones de pies cúbicos. Pero menos de uno por ciento de la población boliviana, de 8,5 millones, tiene acceso al servicio.
La Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto que establece una regalía única de 18 por ciento pagadera al Estado sobre la explotación de gas, más un Impuesto Directo a la Producción (IDP) de 32 por ciento, no deducible (que no admite descuentos sobre el monto a gravar) ni acreditable contra otras cargas impositivas.
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La propuesta del presidente mantenía las regalías de 18 por ciento, pero dejaba a las compañías la posibilidad de deducir el monto imponible del tributo de 32 por ciento o de compensarlo con otros impuestos.
El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Jaime Solares, dijo a IPS que a pesar de las migajas que representan las retenciones previstas en el proyecto con media sanción, los obreros asumirán su defensa.
Pero un cambio de la norma en el Senado obligará a los trabajadores a salir a las calles para exigir el cierre del Congreso legislativo, advirtió.
La popularidad de Mesa, un periodista sin partido que gobierna desde octubre de 2003 cuando reemplazó al renunciante Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003), cayó en los últimos días de 71 a 60 por ciento, según una encuesta del grupo editorial Líder.
El 8 de este mes, Mesa envió su renuncia al Congreso, incluyendo la señal de que estaría dispuesto a continuar si los partidos políticos accedían a un pacto de gobernabilidad, cuyo punto central era aligerar la carga impositiva del proyecto de ley.
El parlamento rechazó la renuncia, mientras los partidos tradicionales aceptaban el pacto. Pero éste se probó débil frente a masivas protestas sociales encabezadas por el izquierdista Movimiento Al Socialismo (MAS), que además cuenta con la bancada más numerosa del fragmentado parlamento.
Ante la imposibilidad de imponer su propuesta de legislación energética, Mesa quiso convocar a elecciones anticipadas, extremo nuevamente rechazado por el Poder Legislativo.
Así, el mandatario se encuentra con pocas opciones para ejercer plenamente su mandato, que debería finalizar en 2007: sin control sobre el Congreso, sin partido que lo respalde, y con los sindicatos de obreros y campesinos en contra.
El MAS, liderado por el diputado indígena, Evo Morales, dio batalla inicialmente contra las dos propuestas de ley, esgrimiendo el resultado de una consulta popular sobre la política energética celebrada el año pasado, según la cual el país debía aplicar regalías de 50 por ciento a la explotación de gas.
El MAS y otros sectores interpretan así la respuesta afirmativa que dio la ciudadanía a una pregunta que mencionaba 50 por ciento de impuestos y/o regalías.
Durante dos semanas, quedó bloqueado el tránsito vehicular en la región productora de hoja de coca, en el departamento central de Cochabamba, base social del MAS.
Sin embargo, el movimiento de Morales redujo sus demandas, y aceptó avalar la fórmula aprobada en la cámara baja, si bien la posibilidad de nuevas protestas se mantiene a la espera de que el Senado la convalide como ley.
El MAS cuenta con ocho de los 27 senadores. Y los legisladores de otros partidos podrían ser permeables al reclamo del presidente.
El senador del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria, Hugo Carvajal, propuso un acuerdo entre los partidos políticos, organizaciones sociales y empresas petroleras para una redacción del artículo 53 que satisfaga al conjunto de actores.
Se toma en cuenta la posición del MAS y deseamos conseguir una deliberación en la cámara de senadores inicialmente, y luego con los sectores sociales, organizaciones cívicas y petroleras, dijo Carvajal a IPS.
El diputado sostiene que la fórmula de 18 y 32 por ciento no deducible no es la más adecuada, si se consideran otras cargas impositivas, a las remesas al exterior y a las utilidades, con las cuales pesarían sobre el sector petrolero gravámenes de hasta 60 por ciento.
Actualmente, el cobro de impuestos por la explotación de hidrocarburos genera un ingreso anual de 136 millones de dólares para el Estado. El plan impositivo del gobierno podría elevar esos recursos a 350 millones de dólares, mientras una regalía de 50 por ciento, como la que reclamaba el MAS, los llevaría a 750 millones de dólares por año, equivalentes a nueve por ciento del producto interno bruto (PIB).
Ese monto casi saldaría el gran déficit fiscal boliviano.
En 2004, el PIB creció 3,5 por ciento. Por primera vez, Bolivia exportó unos 2.000 millones de dólares, por el florecimiento del mercado internacional de productos básicos que elevó los precios de metales como el estaño y el zinc, debido a la creciente demanda asiática.
El vacío legal que está provocando la larga discusión sobre los impuestos podría frenar nuevas inversiones en el sector petrolero.
Ante la incertidumbre, abonada por un presidente que estuvo dispuesto a marcharse dos veces en menos de un mes, algunos partidos proponen una cumbre social con todos los actores para llegar a un acuerdo sobre medidas gubernamentales posibles.
