América Latina y el Caribe puede pasar por la región menos conflictiva del mundo, pero la prevención es una tarea necesaria para la sociedad civil, según expertos de organizaciones no gubernamentales e institutos académicos reunidos en esta capital.
La sociedad civil tiene un papel secundario con relación a los actores políticos en el manejo de un conflicto, una vez que éste se ha desarrollado, pero tiene potencial enorme para contenerlo con sistemas de alerta temprana, y para evitar su reproducción con medidas de seguimiento, observó a IPS el experto argentino Andrés Serbín.
Serbín dirige la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES), que afilia a unas 70 organizaciones no gubernamentales (ONG) e institutos universitarios de América Latina y el Caribe y se ocupó de organizar el seminario de reflexión desde el 28 de febrero hasta el martes en Caracas.
En la región, destacó el experto, no hay una guerra entre naciones desde 1995, cuando se enfrentaron Ecuador y Perú por una cuestión limítrofe, pero hay tendencia al incremento de conflictos domésticos, por temas que van desde la confrontación política entre Estado y guerrillas hasta el narcotráfico, pasando por asuntos sociales como la lucha por la tierra y las migraciones.
La primera conclusión del foro fue que en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se necesita crear un espacio de interlocución específico e institucionalizado, de la sociedad civil, para temas de prevención de conflictos armados, una tarea que debería cumplir el departamento de Asuntos Políticos del foro mundial.
Las agencias del sistema de la ONU deberían coordinar más sus trabajos de prevención de conflictos con las organizaciones de la sociedad civil, siguiendo el llamado del secretario general, Kofi Annan, para un plan de acción global de prevención de conflictos y desarrollo de una cultura de la paz.
Entretanto, la sociedad civil debe decidir qué tipo de intervención en los procesos de solución de conflictos va a acompañar, advirtió Socorro Ramírez, de la Universidad Nacional de Colombia, habida cuenta de que la ONU ha desarrollado una especie de sistema de intervenciones 'a la carta' en países con conflictos, indicó.
Recordó Ramírez que en 2001 la comisión de la ONU sobre intervención y soberanía, pedida por Canadá, acuñó el concepto de responsabilidad de proteger a poblaciones, con uso de medidas preventivas, coercitivas y militares contra un Estado que no pueda o no quiera defender a su población, es decir, contra un Estado negligente.
Esa nueva doctrina es la relativización de conceptos que estuvieron en la base de la creación de la ONU, sobre independencia, soberanía y autodeterminación de los Estados, recordó Ramírez, y llega al cabo de años de debates tras la euforia de optimismo con intervenciones de fuerzas de paz o cascos azules, agregó.
Pero las intervenciones de la ONU en busca de protección y paz no han estado acompañadas del fortalecimiento del multilateralismo, se hace un uso de la Organización 'a la carta' por parte de las grandes potencias y una cierta humanitarización de las crisis reemplaza el análisis político, añadió.
También en la Organización de Estados Americanos (OEA), los mecanismos de intervención más exitosos han sido ad hoc, como la figura de grupos de países amigos del secretario general ante un conflicto determinado, dijo la chilena Paz Milet, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).
El chileno Francisco Rojas, secretario general de Flacso, abundó en la idea de que la sociedad civil también debe definir sus espacios de participación una vez que pasamos de un concepto estadocéntrico de las relaciones internacionales a otro más global.
En América Latina y el Caribe es necesario reconocer que hay avances en el desarrollo democrático, pero todavía acechan conflictos territoriales, el fracaso de políticas económicas, ser la región con mayor violencia criminal en el mundo y tener estados debilitados porque perdieron el monopolio de la fuerza o no son capaces de sostener los pactos sociales básicos, dijo Rojas.
Ramírez dijo a IPS que la sociedad civil no debe seguir sólo representando valores normativos acerca de cómo debería ser el mundo, y pasar a propuestas concretas.
Su compatriota, Amanda Romero, del Comité Cuáquero Andino de Servicios, dijo a IPS que un objetivo concreto debía ser luchar por acompañar la Resolución 1.325 del Consejo de Seguridad de la ONU (del año 2000), para incorporar la perspectiva de género en la prevención, manejo y solución de los conflictos.
El uso de la mujer como carne de cañón en los actores del conflicto colombiano es un buen ejemplo de la pertinencia de este asunto, opinó Romero. El cuerpo de la mujer es un campo de batalla múltiple: reclutada a la fuerza, obligada a ser informante, forzada aún niña al concubinato y al aborto, violada como un trofeo de guerra, narró.
Lo que la sociedad civil, sus universidades y sus ONG deben buscar no es que no haya conflicto, confrontación o debate, porque la polémica y oposición de tesis es parte de la vida, sino que esos conflictos se canalicen por vías pacíficas y democráticas, resumió Serbín.
