Ninguna empresa privada ha brindado agua más limpia, segura y barata a las comunidades que más la precisan. Sin embargo, instituciones financieras multilaterales y grupos industriales continúan impulsando las privatizaciones.
Si tuviera que mencionar algún acuerdo de privatización del agua que haya dado buenos resultados… No se me ocurre ninguno, dijo desde Manila la investigadora Mary Ann Manahan, del grupo de desarrollo Focus on the Global South, en diálogo telefónico con IPS.
En contraste, el excelente desempeño de algunas empresas públicas en Asia ha demolido el argumento de que la participación del sector privado es la única forma de aumentar la eficiencia en la gestión del agua.
Grandes urbes como Osaka, Phnom Penh y Penang, donde el agua es administrada por el Estado, han tenido un desempeño mucho mejor que Yakarta y Manila, capitales de Indonesia y Filipinas, donde se han realizado masivas privatizaciones de los servicios en sectores clave.
En Osaka, por ejemplo, el nivel de agua e ingresos perdidos debido a filtraciones y a facturas impagas es de apenas siete por ciento, en Penang de 19 y en Phnom Penh de 26 por ciento. En contraste, ese nivel asciende a 51 por ciento en Yakarta y a 62 por ciento en Manila.
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La británica Thames Water Plc y la francesa Suez-Lyonnaise operan respectivamente las redes de agua y saneamiento de Yakarta y Manila, que experimentaron los mayores programas de privatización de servicios de agua del mundo.
Sin embargo, las programas de privatización aun son impulsados con vigor por instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial y el Banco Asiático de Desarrollo, junto con grupos de presión como la Asociación Mundial del Agua y el Consejo Mundial del Agua.
Manahan estimó que el Banco Mundial ha aumentado sus créditos para proyectos hídricos de 546 millones de dólares en 2002 a 3.000 millones en 2005.
Sin embargo, no hay señales de que esto haya llevado agua más limpia y accesible a las poblaciones marginales, señaló.
Además, la Unión Europea presentó iniciativas en la Organización Mundial del Comercio para abrir los servicios nacionales de agua potable y saneamiento a las grandes empresas extranjeras.
De hecho, desde mediados de la década de 1990, los países en desarrollo han sido presionados para privatizar sus servicios mediante asociaciones público-privadas.
Pero muchos de estos programas han resultado desastrosos: las tarifas aumentaron, los objetivos de obras y abastecimiento no se cumplieron, y las pérdidas financieras se acumularon.
En vista de estos resultados, muchas multinacionales occidentales que alguna vez ansiaron proyectos de privatización intentan salir rápidamente de sus negocios en países asiáticos en desarrollo. Ahora prefieren restringirse a proyectos y mercados más seguros, por ejemplo en Japón y Corea del Sur.
Los críticos de las privatizaciones del agua señalan que las empresas privadas tienden a concentrar sus servicios en los consumidores urbanos, mientras que las personas que más necesitan el agua residen en áreas rurales.
Peor aun, muchas firmas privadas desvían recursos hídricos del campo a las ciudades, afirmó el economista Charles Santiago, coordinador del grupo Monitoring Sustainability of Globalization, de Kuala Lumpur.
Lo hacen de dos formas: canalizando agua de zonas rurales a urbanas y extrayendo agua mineral de áreas rurales para producir agua embotellada, que se consume principalmente en las ciudades, dijo a IPS.
Además, la experiencia en ciudades de Asia y otras regiones indica que, cuando las empresas multinacionales entran en escena, las tarifas aumentan invariablemente.
En Manila, por ejemplo, el gobierno promovió la privatización como la solución a la crítica situación hídrica de la capital y prometió que no habría aumentos en cinco años, recordó Manahan.
Pero entre 1997 y 2003, Maynilad Water Services, concesionaria de la zona oeste de Manila, aumentó sus tarifas 400 por ciento, y Manila Water Company, concesionaria de la zona este, las incrementó 700 por ciento en el mismo período.
La solución del gobierno filipino ante el fracaso de los acuerdos de privatización fue la rehabilitación. Pero Manahan prefiere llamar a las cosas por su nombre. Fue un rescate financiero, afirmó.
Grupos de la sociedad civil se rebelaron contra esta situación e iniciaron una acción judicial para frenar la rehabilitación en curso, con el argumento de que se opone al interés público y será una carga para consumidores y contribuyentes.
En Tailandia y Malasia, coaliciones de la sociedad civil lanzaron campañas contra los planes gubernamentales de privatización.
Manahan tiene su propia solución para el dilema que enfrentan muchos gobiernos asiáticos, inspirada en el ejemplo de la meridional ciudad brasileña de Porto Alegre, que recuperó los servicios de agua de manos privadas en un proceso participativo y mejoró notablemente la gestión del recurso.
Debe democratizarse el proceso de decisiones sobre la administración del agua en la comunidad. El agua es una necesidad básica y debe permanecer en manos públicas, instó Manahan.
