Una nube de indicios de corrupción arropa la pesquisa en Venezuela del asesinato de Danilo Anderson, el fiscal que investigaba a participantes en el golpe de Estado de abril de 2002 cuando el 18 de noviembre muere en un atentado con explosivos, oficialmente calificado como acto terrorista.
Anderson fue sepultado con honores similares a los de un jefe de Estado, recibió post-mortem la Orden del Libertador, máxima condecoración de este país, y miles de seguidores del presidente Hugo Chávez acompañaron su sepelio tocados con sus boinas rojas, símbolo partidario, y el puño en alto, reclamando justicia, justicia popular.
En el transcurso de los dos días siguientes al atentado las autoridades capturaron a los ex detectives Juan, Rolando y Otoniel Guevara, sindicados de colocar una bomba-lapa con 250 gramos de explosivo C4 bajo la camioneta del fiscal, mientras otros dos presuntos implicados en murieron a manos de policías al ofrecer resistencia armada a su arresto, según el parte oficial.
Respecto de la autoría intelectual del asesinato, decenas de declaraciones de funcionarios, comenzando por el vicepresidente José Vicente Rangel, ubicaron la responsabilidad en golpistas de oposición, debido a que Anderson investigaba a centenares de civiles que, con su presencia o firma, avalaron la interrupción del orden constitucional en abril de 2002.
En esa oportunidad, el líder empresarial Pedro Carmona, con apoyo de altos mandos castrenses, se autoproclamó presidente provisional y disolvió los poderes públicos, pero antes de cumplirse las 48 horas del golpe de Estados militares y civiles constitucionalistas lograron sacar a Chávez de un cuartel donde había sido llevado detenidos y devolverlo el gobierno.
Las investigaciones marcharon en esa línea hasta que a fines del año pasado Carlos Herrera, un concejal opositor de Caracas y amigo de infancia de Anderson, declaró que los autores del atentado no habían sido terroristas con ropaje político sino que una red de extorsión que rodeaba al propio fiscal había sido activada para ese fin trágico.
En esencia, se sospecha que amigos o compañeros de Anderson, o personas que participaban o tenían acceso a su investigación, cobraron dinero a banqueros y otros empresarios a cambio de torcer la pesquisa de modo que no fuesen sindicados de acompañar el golpe de Estado.
La investigación ha revelado que existían dos grupos de abogados. Uno que servía de enlace entre las personas con dinero (que iban a ser imputadas por firmar el decreto) y otro que estaba vinculado con el fiscal Anderson, el cual supuestamente pedía dinero a los potentados a cambio de que no fueran perseguidos, dijo días atrás en rueda de prensa Jesse Chacón, el ministro del Interior y portavoz gubernamental sobre el caso.
Chacón recordó que el presidente del privado Banco Caroní, Arístides Maza, fue a la Fiscalía y a la Defensoría del Pueblo mucho antes de que ocurriera el atentado contra Anderson para plantear que lo estaban extorsionando por aparecer entre los firmantes del llamado Decreto Carmona.
Interrogado sobre si el propio Anderson participaba en la extorsión, Chacón respondió que no podemos descartar nada.
Sobre algunos militantes entusiastas del chavismo cayó un cubo de agua fría.
A la entrada de la barriada obrera 23 de Enero en el oeste de Caracas, un gigantesco mural del Movimiento Tupamaro, un grupo izquierdista que apoya al gobierno, muestra a Anderson como mártir de la revolución chavista.
Pero activistas de base contactados por IPS en barriadas del oeste y sudoeste de Caracas señalaron que quizás se esté ante un caso enorme de corrupción. No debieron faltar quienes se aprovecharon de Anderson, apuntaron, y consideran que lo que debe hacerse es una investigación que esclarezca la verdad.
Al paso de los días, medios de prensa de Caracas lograron obtener copias de segmentos del denominado Expediente Anderson y divulgaron declaraciones de Julio Farías, hermano de una novia del fiscal, y de Sócrates Tiniaco, abogado que trabajó con el fiscal, quienes dieron cuenta de sumas millonarias que el asesinado guardaba en una caja fuerte en su casa.
También relataron supuestos encuentros con emisarios de empresarios que habrían entregado al fiscal asesinado gruesas sumas en bolívares y en dólares, de donde el funcionario habría tomado algunas cantidades para repartir entre amigos.
Tiniacos incluso dijo que Anderson, cuyo salario no llegaba a 30.000 dólares anuales, había comprado una máquina de contar billetes.
El Fiscal General, Isaías Rodríguez, salió al paso de las versiones de prensa -gran parte de la cual ha militado contra Chávez durante años— y en una improvisada rueda de prensa la semana pasada dijo que los policías encargados de la investigación del crimen han barajado las piezas del expediente, para distorsionar la pesquisa.
Los imputados, ex comisarios y agentes de la policía judicial, tendrían suficientes amistades y lealtades dentro de las policías como para alterar los registros de las ejecutorias de modo que la investigación se desvíe, dijo Rodríguez.
El Fiscal criticó el revuelo mediático porque, en la medida en que le quitemos la condecoración y digamos que Danilo fue un malandro (delincuente), entonces de esa forma le estamos haciendo daño a Hugo Chávez, por lo que anunció que se tomen nuevamente declaraciones a implicados y testigos en el caso.
Adicionalmente, Rodríguez ordenó procesar penalmente a la periodista Patricia Poleo, directora del tabloide opositor El Nuevo País, por utilizar indebida e ilegalmente documentos de la investigación, que habrían filtrado algunos investigadores, a fin de señalar que el crimen de Anderson fue un caso de extorsión y no de terrorismo.
La residencia de Poleo fue allanada el 31de enero. Quieren que revele la fuente de mis informaciones, pero no lo haré porque me protege el artículo 28 de la Constitución, dijo la periodista, en alusión a la norma según la cual queda a salvo el secreto de las fuentes de información periodística y otras profesiones que determine la ley. (
