Un desliz retórico en el que incurrió el presidente Luiz Inácio Lula da Silva generó una nueva turbulencia política en Brasil. La oposición quiere activar el proceso para su inhabilitación..
El líder del opositor Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB) en la Cámara de Diputados, Alberto Goldman, formalizó este viernes una denuncia contra Lula por delito de responsabilidad y pidió la apertura de un proceso que podría llevarlo a un juicio político.
Un poco antes, el líder del PSDB en el Senado, Arthur Virgilio, requirió un voto de censura al presidente que, de ser aprobado, podría servir de base al proceso de inhabilitación del mandatario.
La ofensiva opositora aprovecha declaraciones de Lula, efectuadas el jueves, en las que admitía haber conocido una grave corrupción cometida en el gobierno anterior, pero haber silencio sobre los hechos al funcionario que le prestó la información.
En un discurso improvisado en instalaciones de la compañía estatal petrolera Petrobras (en el centro-oriental estado de Espíritu Santo), Lula dijo que el alto compañero le informó que algunas privatizaciones llevaron a nuestra institución a la quiebra, el proceso de corrupción que ocurrió antes de nosotros fue muy grande.
Su respuesta, según el propio Lula, fue: Si es verdad, usted solo tiene el derecho de decírmelo a mí, afuera cierre la boca y diga que la institución está preparada par ayudar al desarrollo del país.
Lula confesó un delito de prevaricación, al admitir que ocultó hechos graves que deberían ser llevados a la justicia, y además propuso complicidad a ese alto funcionario, acusó el senador Virgilio.
Goldman pidió una investigación parlamentaria sobre el delito presidencial de ocultar un caso de corrupción, basándose en la Constitución, que establece el crimen de responsabilidad, como violar la probidad en la administración y proceder de modo incompatible con la dignidad, el honor y el decoro del cargo.
Según la Constitución, es la Cámara de Diputados la que aprueba o rechaza los pedidos de impeachment o juicio político del presidente con base en una investigación parlamentaria. Pero corresponde al Senado juzgar el jefe del Poder Ejecutivo.
Así ocurrió en 1992, cuando el Congreso investigó la corrupción del gobierno de Fernando Collor de Mello, quien renunció al cargo horas antes del fallo del Senado. Pero la renuncia no impidió una condena de los senadores, que lo privaron de sus derechos políticos por ocho años.
El de Collor de Mello (1990-1992) fue un caso único en la historia de este país, donde usualmente fracasan las iniciativas parlamentarias de enjuiciar a mandatarios.
El ex presidente Fernando Henrique Cardoso, (1985-2003) en cuyo gobierno se cometieron los presuntos actos de corrupción mencionados por Lula, sufrió 22 denuncias. Y el propio Lula tuvo dos requerimientos de proceso.
Lula suele cometer muchos deslices en sus abundantes discursos improvisados. Pero el desastre político, en este caso, fue patente ya en la noche del jueves, cuando los líderes del gobierno discutieron formas de neutralizar la ofensiva opositora.
Ministros y líderes parlamentarios del oficialismo dedicaron este viernes a restar dramatismo a las afirmaciones presidenciales, dándoles interpretaciones que niegan lo dicho.
Lula no pidió a su funcionario que ocultara el hecho, sino no tornarlo público, para evitar que empresas nacionales quedaran vulnerables, sostuvo el ministro de Coordinación Política, Aldo Rebelo.
Además, los hechos en cuestión eran ya conocidos y divulgados por la prensa, acotó el ministro, contradiciendo lo anterior y las propias palabras de Lula ordenando al funcionario que lo informara exclusivamente a él como presidente.
El ministro de Justicia, Marcio Thomaz Bastos, aseguró que el presidente no cometió ningún acto ilegal, pues ya había denunciado, en 1998, las irregularidades en el proceso de privatizaciones.
La explicitación del caso aludido por Lula correspondió al senador Delcidio Amaral, líder del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) en el Senado. Se trata de la privatización de Eletropaulo, una empresa de distribución de energía eléctrica en el estado de Sao Paulo, adquirida por la firma estadounidense AES.
La operación se hizo en 1997 con un préstamo del estatal Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), por la suma de 1.400 millones de dólares. Con la crisis energética de 2001 estalló la insolvencia de la AES, quedando el BNDES con un enorme pasivo heredado a partir de 2003 por el gobierno de Lula, explicó Amaral.
Con base en estos hechos, el senador oficialista Aloizio Mercadante afirmó que Lula no se retractará de sus declaraciones. Su recomendación de silencio al funcionario buscaba proteger al BNDES de los riesgos y no la corrupción, argumentó.
Pero la tensión política se amplió este viernes. Otros dos senadores opositores pidieron que el ministro jefe de la Casa Civil de la Presidencia, José Dirceu, fuera convocado al Senado para aclarar sus afirmaciones.
El ministro había comentado que el hechizo puede volverse contra el hechicero, ante las amenazas opositoras de promover un juicio político contra el presidente.
Tales palabras sugieren que hay casos de corrupción ocultos que podrían hacerse públicos en un proceso de juicio político, lo cual es inaceptable, replicó Virgilio. (
