La oposición sindical y de regiones contrapuestas por notables diferencias socioeconómicas bombardean en Bolivia el pacto entre el presidente Carlos Mesa y los líderes de las dos cámaras legislativas para reformar la Constitución y dictar una nueva ley petrolera.
Un mes después de las protestas organizadas por empresarios y grupos sociales del oriental departamento de Santa Cruz en demanda de autonomía política y económica, Mesa no ha logrado aún conciliar esos reclamos con la agenda surgida en 2003 de las movilizaciones populares de la región occidental que culminaron con su acceso a la presidencia.
La denominada guerra del gas, que impidió la exportación de ese combustible por puertos chilenos a Estados Unidos y México, culminó el 17 de octubre de 2003 con la renuncia a la presidencia y huida del país de Gonzalo Sánchez de Lozada y su reemplazo por decisión parlamentaria de Mesa, hasta entonces vicepresidente del gobierno asumido un año antes.
Mesa se había alejado de ese cargo días antes, cuando Sánchez de Lozada ordenara a las fuerzas de seguridad reprimir el levantamiento social, que a la postre dejó 67 muertos según organizaciones humanitarias.
El nuevo gobierno se comprometió entonces a reformar la ley fundamental mediante la convocatoria de una Asamblea Constituyente, prevista para este año, y llamar a un referéndum sobre la política de comercialización del gas natural, del cual Bolivia posee la segunda mayor reserva de América del Sur después de Venezuela.
El referéndum se concretó el 18 de julio pasado y recogió la opinión favorable de la mayoría de la ciudadanía de facilitar la exportación del energético, aunque no por la vía chilena y previa industrialización y recuperación de la propiedad de los yacimientos en poder de firmas transnacionales.
Esa postura debía materializarse en una nueva ley sobre hidrocarburos en general, cuyo proyecto fue enviado al Congreso, donde continúa preso de un interminable debate, luego de que la Cámara de Diputados lo aprobara sólo en general.
La iniciativa del gobierno acepta la firma de nuevos contratos con privados para la explotación petrolera y gasífera que no enajenen la propiedad estatal de los yacimientos, así como el aumento de los impuestos a esa actividad de 18 a 50 por ciento, aunque de manera gradual por los próximos 30 años. Pero también defiende la continuidad de los contratos existentes.
En cambio, el partido que lidera la oposición en el Congreso, el izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS), propone lisa y llanamente nacionalizar las reservas entregadas en concesión y aumentar los tributos de inmediato en una sola vez.
A esta complicada agenda se suma la planteada por las organizaciones santacruceñas, que en enero ingresaron al convulsionado escenario político nacional con el argumento inicial del rechazo al alza de los precios de los combustibles y que luego pasó a reclamos de autonomía, a los cuales el presidente Mesa cedió tras un mes de presiones.
El aumento del valor de los carburantes, de hasta 23 por ciento, fue dispuesto por Mesa tras dejar sin efecto la política de subvenciones iniciada en 2001 por el entonces gobierno de Jorge Quiroga. El fin de esa medida es aumentar la recaudación fiscal en 80 millones de dólares para cubrir una parte del déficit presupuestal de unos 400 millones de dólares al año.
El gobierno aceptó como paso inicial de reforma del estado unitario de Bolivia, nacido en agosto de 1825, imponer la elección de prefectos (gobernadores) en los nueve departamentos en que está dividido el país, además de facilitar la convocatoria de un referéndum sobre las autonomías departamentales demandadas por los santacruceños.
Actualmente, los prefectos son funcionarios elegidos por la presidencia y responden a su confianza para traducir políticas de gobierno en materia de asistencia social y construcción de infraestructura vial.
En un intento por responder a las presiones contrapuestas del oriente, liderado por los santacruceños, y del occidente, de la mano de organizaciones sociales de El Alto, la ciudad vecina a La Paz, el gobierno nacional logró un acuerdo con los líderes del Congreso.
El pacto de Mesa con el presidente de la Cámara de Diputados, Mario Cossío, y su par del Senado, Hormando Vaca Diez, busca agrupar en una sola consulta institucional la elección de prefectos y miembros de la Asamblea Constituyente y el referéndum sobre las autonomías departamentales.
El convenio maneja la posibilidad de las consultas para octubre, una iniciativa que ya encontró oposición de la Asamblea Provisional Autonómica creada por el llamado Comité Cívico Pro Santa Cruz, con la finalidad de garantizar el proceso reclamado por la región.
El gobierno debe respetar la fecha de elección de prefectos, anunciada para el 12 de junio, dijo el consejero departamental cruceño Jesús Marcos López.
Desde la óptica del analista político Gonzalo Rojas Ortuste, es acertada la posibilidad de una convergencia en la que todas las regiones ganen, en lugar del todo o nada que llevó al país a un estado de división.
Rojas declaró a IPS que desde octubre de 2003 a la fecha se advierte la falta de un pluralismo, que reconozca los derechos de unos y la legitimidad de los intereses de los otros.
El experto igual tiene confianza en la continuidad de la democracia pactada, que en el pasado condujo a los líderes políticos a dar viabilidad a reformas en busca de un fortalecimiento institucional, aunque opina que ese papel ha sido delegado a otros líderes sociales.
El presidente electo del Comité Cívico de Santa Cruz, Germán Antelo, dijo a IPS que la eventual postergación de las elecciones de prefectos y del referéndum conduciría a una politización del proceso.
Antelo defendió la convocatoria del referéndum, en base a las 454.000 firmas recogidas por el Comité Cívico para ser presentadas a la Corte Nacional Electoral, en cumplimiento del artículo 4 de la Constitución que sólo requiere la voluntad expresa de seis por ciento del padrón electoral, que hoy equivale a 272.000.
Lideramos un proyecto nacional, explicó el líder cívico, quien asegura contar con el respaldo de organizaciones similares de todo el país..
En caso de realizarse la consulta y salir airoso la iniciativa autonomista, se debe proceder a reformar la Constitución y cada departamento elaborará su reglamento según las nuevas competencias.
Aún no están definidos los pasos posteriores al eventual referéndum, pero expertos en materia constitucional señalan que la Asamblea Constituyente podría refrendar los resultados, dejando sin efecto el trámite de una ley de necesidad de reforma que demoraría 10 años antes de su aplicación.
Las propuestas separatista del oriente boliviano surgen a mitad de los años 80, con el progreso económico de la mano de la soja, y crece tras el derrocamiento de Sánchez de Lozada por movilización social de occidente, donde, en contraposición, la pobreza alcanza a 71 por ciento de su población.
Un estudio del economista Armando Méndez señala que Santa Cruz aporta 30,9 por ciento del producto interno bruto nacional, estimado en 8.000 millones de dólares, mientras la economía industrial del departamento de La Paz contribuye con sólo 23.8 por ciento.
El movimiento denominado Nación Camba, que lidera el proceso autonómico, proclama abrir espacio a las autonomías locales con un perfeccionamiento de sus instituciones de gobierno mediante elecciones.
En La Paz, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Jaime Solares, asegura que Mesa traiciona los compromisos asumidos al asumir su mandato, al dejar de lado la nacionalización de la industria petrolera, dijo a IPS el líder de la única central sindical.
Lamentó que en la región oriental, la Central Obrera Departamental, filiar de la COB, haya apoyado a los movimientos autonómicos de empresarios y grupos influyentes en la economía cruceña. No negociamos los principios y no pactamos con la oligarquía, expresó.
Otro de los protagonistas de la rebelión de octubre, el jefe del Movimiento Indígena Pachakuti (MIP), Felipe Quispe, y el del MAS, Evo Morales, también cuestionan las iniciativas autonomistas de Santa Cruz y acusan a sus líderes de promover un modelo económico contrario al interés popular. (
