El Congreso de Argentina puso fin a la posibilidad de abrir un nuevo proceso de canje de bonos en cesación de pago para aquellos tenedores que no acepten, antes del 25 de este mes, la propuesta presentada por el gobierno de Néstor Kirchner.
La nueva norma, conocida en la jerga legislativa como ley cerrojo, apunta a presionar a los tenedores de títulos de deuda pública argentina que todavía se resisten a aceptar la propuesta de canje impulsada por el ministro de Economía, Roberto Lavagna.
Luego de que se promulgue la ley, el Poder Ejecutivo no podrá abrir un nuevo proceso de canje de los títulos declarados en cesación de pagos o default en diciembre de 2001, tampoco mejorar la oferta, ni llegar a acuerdos judiciales o extrajudiciales con los tenedores de esos bonos.
En adelante, el gobierno deberá llevar a cabo una estrategia administrativa diferente a la del canje para retirar esos papeles del mercado y de las bolsas de valores, tanto nacionales como extranjeros, de manera que sólo sigan cotizándose los bonos nuevos.
La Cámara de Diputados aprobó por 146 votos a favor, ocho en contra y 30 abstenciones la norma que ya tenía media sanción del Senado desde el viernes. El intenso debate previo se extendió por casi 10 horas para finalizar minutos antes de la pasada medianoche y hubo 73 representantes ausentes.
Argentina, en los acuerdos que suscribió con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y que le permitieron renegociar su deuda con los organismos multilaterales de crédito, se comprometió a llegar a un arreglo con los tenedores de bonos que habían sido perjudicados cuando el efímero gobierno interino de Adolfo Rodríguez Saá declaró el default a fines de diciembre de 2001.
El origen de esa deuda, que comenzó a crecer de modo desmesurado en 1976 con la irrupción de la última dictadura militar de siete años, así como su legitimidad y la forma en que se incrementó a través del tiempo por renegociaciones con condiciones abiertamente desfavorables para el país, han sido cuestionados permanentemente por los sectores progresistas y de izquierda.
Mientras, Lavagna informó que ya se logró la adhesión al canje de más de 35 por ciento de los 81.800 millones de dólares de deuda congelada y en proceso de reestructura desde que se lanzara el 9 de enero la oferta de modo oficial.
Pero portavoces del Banco de Nueva York (BNY), que actúa como operador del proceso de canje, informó el martes en Estados Unidos que ya habían sido canjeados títulos de la deuda por 34.650 millones de dólares, que equivale a 42,3 por ciento de la deuda en reprogramación hasta el día 25.
Lavagna adjudicó la discrepancia entre la cifra dada a conocer por el BNY y su cartera a errores de interpretación que surgen de las metodologías empleadas para estimar el porcentaje de adhesión a la propuesta de Buenos Aires.
Nosotros somos prudentes y utilizamos una metodología más estricta, pero los datos enviados a Italia (que hacían referencia a una adhesión de 42,3 por ciento) se calcularon con la metodología que ellos solicitaron, aclaró el ministro.
Para poder avanzar en la recuperación de esos títulos a través del canje, las autoridades argentinas emitieron tres tipos de bonos: los Cuasi Par, los Descuento y los Par, que reemplazan a 178 productos financieros diferentes que habían entrado en default.
Los bonos Cuasi Par, que ya fueron permutados en su totalidad, fueron emitidos en pesos (moneda local), con un plazo de pago de 42 años y con una tasa de interés anual de 3,31 por ciento. Estos bonos sufrirán una quita sobre su valor nominal de 30,1 por ciento, según informó en enero la Bolsa de Valores de Buenos Aires.
Los bonos Descuento implican una quita de 66,3 por ciento sobre el valor nominal, fueron emitidos en dólares, pesos, euros y yenes y se pagarán en un plazo de 30 años.
Los Descuento o Discount pagarán un interés de 8,28 por ciento anual, pero durante la primera década ese rendimiento se abonará con nuevos títulos y el resto se pagará en efectivo.
Por su parte, los bonos Par —que a pesar de no incluir quitas de capital tuvieron, hasta ahora, menos aceptación que los Descuento— fueron emitidos en dólares, pesos, euros y yenes, con un plazo de pago de 35 años.
Los bonos Par pagarán 1,33 por ciento de interés anual durante los primeros cinco años, 2,5 por ciento desde el sexto hasta el decimoquinto año de su emisión, 3,75 por ciento del decimosexto hasta el vigésimo quinto año y 5,25 por ciento en adelante.
En Italia hay alrededor de 450.000 pequeños inversores que tienen bonos argentinos en cesación de pago.
La decisión del gobierno de Kirchner de poner un cerrojo legal al proceso de canje fue cuestionada duramente por los tenedores de bonos locales y del exterior.
El titular de la asociación que reúne a la mayoría de los bonistas italianos, Nicola Stock, quien también preside el Comité Global de Acreedores conformado por japoneses, estadounidenses y alemanes, entre otros, aseguró que los tenedores esperan que Buenos Aires duplique el monto de la propuesta presentada para el canje, que ronda 30 por ciento.
Stock dijo que los inversores también quieren que Argentina pague los intereses acumulados desde la declaración del default que, en la actualidad, ascienden a más de 27.000 millones de dólares.
El mayor porcentaje de bonos, 38 por ciento, se encuentra en manos de tenedores argentinos, mientras que en Italia tienen 15,6 por ciento, en Suiza 10,3 por ciento y en Estados Unidos 9,1 por ciento.
Los tenedores de títulos residentes en Alemania poseen 5,1 por ciento de esa parte de la deuda argentina, los japoneses 3,1 por ciento y otro 5,4 por ciento de bonos se hallan dispersos por otros países. El resto está en posesión de inversores no identificados.
Una de las principales consultoras de opinión pública y comunicación de Argentina, Graciela Römer, quien realizó dos encuestas sobre la cuestión de la deuda, recordó al ser entrevista por IPS que en noviembre 45 de 109 líderes de opinión preguntados consideraron que el manejo de este asunto se encontraba entre los principales aciertos del gobierno de Kirchner.
En esa oportunidad, 63 por ciento de los encuestados sostuvo que el gobierno tenía una alta probabilidad de concluir exitosamente el proceso de reestructuración de la deuda en default, otro 32 por ciento estimó que esas posibilidades eran medianas y sólo el cinco por ciento restante dijo que eran bajas.
Ya para diciembre, en un nuevo trabajo de Römer, que abarcó 581 entrevistas domiciliarias en el área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires, las negociaciones por la deuda en cesación de pago no figuraron entre lo considerado por los consultados como los principales problemas del país.
Fueron mencionados el desempleo, la pobreza, la corrupción, la recesión, la situación precaria de los jubilados, la inflación, la seguridad ciudadana, la educación, la salud, los salarios, la conflictividad social y el Poder Judicial.
Cuando se les preguntó si Argentina debía pagar de una vez y para siempre su deuda, 57 por ciento respondió que sí, 32 por ciento que no y 11 por ciento no contestó.
En cuanto a si pagar la deuda con el FMI permitiría al país tener una política económica más independiente y autónoma del organismo, 51 por ciento respondió sí, mientras que 22 por ciento estimó que, de no hacerlo, se perderían inversiones y Argentina quedaría aún más aislada. El resto no opinó.
Römer también preguntó si, para ser creíble, Argentina debería pagar sus compromisos financieros y su deuda. Estuvo de acuerdo con ello 57 por ciento de los entrevistados y en contra 32 por ciento.
Sobre cómo evaluaban la gestión del gobierno en las negociaciones con el FMI, que están relacionadas con el canje de la deuda, 37 por ciento la calificó de regular y 18 por ciento de negativa. No obstante, 30 por ciento consideró que el manejo era positivo.
La política del gobierno centroizquierdista de Kirchner en materia de compromisos financieros externos parece no coincidir con la mayoría de la opinión pública, si se toma en cuenta que el indicador de confianza elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella cayó tres por ciento en enero, comparado con diciembre.
El llamado Índice de Confianza en el Gobierno (ICG), que mide en una escala de 0 a 5, sumó 2,35 puntos en enero de este año, mientras que en febrero de 2004 había llegado a 3,4 puntos.
Según ese estudio, la cualidad más valorada de la actual administración es su capacidad para resolver problemas. Al respecto, 67 por ciento de los encuestados consideró que el gobierno es capaz, mientras que 40 por ciento opinó que los funcionarios son honestos, aunque ese ítem había medido en diciembre 58 por ciento. (
