La Guardia Nacional rodea en un paraje de las llanuras centrales de Venezuela a quienes acaban de cobrar dinero de una extorsión. Pero minutos antes de entregarse, aparecen efectivos de la policía rural local en apoyo de los perseguidos, que finalmente logran ser apresados pese a esa ayuda uniformada.
Este relato corresponde al teniente de la militarizada Guardia Nacional Régulo Salas, quien denunció con lujo de detalles este episodio, del cual fue uno de los protagonistas, a la Comisión de Política Interior del parlamento que se trasladó al estado de Guárico para investigar el caso en el lugar.
El presidente del grupo parlamentario, el diputado opositor Nicolás Sosa, dijo que se recibieron más de 70 testimonios de violaciones de derechos humanos, no sólo homicidios sino desapariciones, extorsiones, secuestros y torturas.
Los testimonios aseguran que los perseguidos en el caso de extorsión también eran efectivos de la policía del central estado de Guárico, cuyo gobernador Eduardo Manuitt es de Patria Para Todos (PPT), un partido que apoya al presidente Hugo Chávez.
Ese grupo de policías que la Guardia Nacional logró detener el 11 de diciembre de 2004 se había alzado con 2.000 dólares producto de la extorsión, monto que aún permanece desaparecido.
También la comisión recogió la declaración de Luis Ortega, quien denunció la muerte de su hijo, de 17 años, en un supuesto enfrentamiento con efectivos de varios cuerpos policiales, luego que se negó a pagar 1.500 dólares exigido por algunos agentes.
Roberto Hernández, un comerciante de pollos, denunció que en abril de 2004 su padre, Arturo Hernández, fue muerto por el jefe de la brigada rural, Wilfredo Febres, porque se negó a pagar crecientes cantidades como extorsión.
Investigaremos hasta las últimas consecuencias las denuncias que hay aquí, de asesinatos, cadáveres dejados en las calles, excesos policiales y denegación de la justicia, señaló la vicepresidenta de la comisión parlamentaria, Iris Varela, del gobernante Movimiento V República (MVR).
Es una razón más para impulsar el proyecto de ley de Policía Nacional, agregó Varela.
En Venezuela actúan cuerpos policiales que en ocasiones abusan de sus funciones, sus agentes se enfrentan entre sí y se agregan complicaciones cuando el gobernador o el alcalde que comanda una fuerza pertenece a un partido opositor al que sustenta al presidente Chávez.
A falta de policía nacional existen con competencia en todo el territorio la Guardia Nacional, un brazo de la Fuerza Armada con funciones policiales al estilo de los carabineros de Italia o Chile, las policías política (Disip) y la judicial (detectives).
También existen la Policía Metropolitana, en la llamado Gran Caracas, y los cuerpos policiales propios de los 23 estados en que se divide el país y de los más importantes de los 335 municipios existentes.
Prácticamente no hay cuerpo policial exento de denuncias de abusos u otras prácticas delictivas, según inventarios de organizaciones especializadas en la defensa de los derechos humanos, como Provea, cuyo último informe anual se entregó el último diciembre.
Las ejecuciones extrajudiciales son el patrón más recurrente de violación del derecho a la vida en Venezuela, destacó a IPS Carlos Correa, de la organización humanitaria Provea, que atribuyó esa práctica a 87 por ciento de los 231 casos registrados en el país entre octubre de 2003 y septiembre de 2004.
Datos de Provea indican que en 52 por ciento de las ejecuciones los responsables fueron efectivos policiales estaduales, en 24 por ciento de organismos de seguridad nacionales (policías judicial y política, Guarida Nacional y Fuerza Armada), en 12 por ciento de agentes municipales y en el resto de casos se trató de acciones conjuntas de varios cuerpos.
El mayor número de muertes -40— se produjo en el centrooccidental estado de Lara, donde el 10 de enero de 2004 fueron asesinados, en una sola noche, nueve personas a manos de individuos encapuchados y fuertemente armados. Cuando la Fiscalía Nacional trató de investigar el parque de armas de la policía regional, los agentes opusieron resistencia por varios días.
En 2001 aparecieron en Venezuela los grupos de exterminio o escuadrones de la muerte, integrados principalmente por policías estaduales y que llevaron al gobierno de Chávez a utilizar en el caso del centroccidental estado de Portuguesa a fuerzas militares para tomar por sorpresa una sede del cuerpo policial local al que se le imputaban 68 asesinatos.
Desde entonces se repiten denuncias de grupos delictivos incubados en las policías de otros estados, como Anzoátegui, en el este del país, Falcón, en el noroeste, y el central Aragua.
Paradójicamente, informes como el de Provea no registraron el caso de Guárico, debido a que las denuncias por los excesos de su policía son recientes, y el analista político Eleazar Díaz Rangel llamó la atención acerca de la demora en producirse las denuncias y abrirse la investigación parlamentaria.
Podría deducirse que detrás de todo hay un trasfondo político, y no quisiera creer que alguna relación pueda tener la divergencia entre el MVR y el PPT, dijo Díaz Rangel.
Chávez ha movido intensamente las fichas de su tren de gobierno, tras fortalecerse con el triunfo del referendo que puso en juego su mandato en agosto pasado y obtener otra victoria en los comicios estaduales y municipales de octubre. Eso dio base a versiones sobre una renovada lucha por parcelas de poder entre sus seguidores.
El gobernador Manuitt, de Patria Para Todos, apuntó directamente a esa diana. A la diputada Varela la engañaron, no existe en la policía de Guárico ningún grupo de exterminio y conozco la dedicación por su trabajo del comisario Febres. Pero si la justicia le demuestra algún delito, deberá pagar por ello como manda la ley, afirmó.
Febres deploró las denuncias en su contra. Nosotros somos chivos expiatorios de algunos políticos. Se nos quiere hacer ver como responsables de crímenes que nunca hemos cometido. No soy ningún santo, pero soy incorruptible y la Brigada está abierta a cualquier investigación, desafió.
Manuitt ha insistido en que dentro del movimiento revolucionario (chavista) se está fraguando un plan para la fractura, y atribuyó las imputaciones a su persona a versiones de prensa sobre conductas indebidas de otros cuadros del PPT en funciones de gobierno.
He sido defensor de los derechos humanos. Nunca permitiría que ningún policía tomara la justicia en sus manos, sostuvo Manuitt, y en un programa radial que realiza cada semana acusó a varios de los denunciantes de ser cómplices de robo y otros delitos.
Este 1 de febrero Manuitt debió ser interpelado por los parlamentarios en Guárico, pero Sosa suspendió la audiencia y anunció que la trasladará a Caracas, después que el gobernador convocó a manifestaciones frente a la sede regional de la Guardia Nacional donde debería comparecer para responder a las denuncias. (
