Durante más de tres años, Terry Hicks se ha empeñado en la libertad de su hijo, David, supuesto simpatizante del movimiento islámico afgano Talibán y hoy preso en la base naval estadounidense en Guantánamo, Cuba.
Terry Hicks confía en que dos recientes fallos de la justicia estadounidense aceleren la liberación de su hijo. Una determina que las cortes marciales de Guantánamo son inconstitucionales, y la segunda ordena a la CIA publicar documentos sobre el tratamiento dado a los prisioneros allí confinados.
Es una decisión bastante buena, particularmente en lo que se refiere a la información obtenida bajo tortura. Esas declaraciones no podrían ser empleadas en un tribunal civil, dijo Terry Hicks a IPS.
La jueza federal Joyce Hens Green, de Nueva York, dictaminó el 31 de enero que sería mucho más fácil para el gobierno actuar en la guerra contra el terrorismo si pudiera detener en Guantánamo a todos los sospechosos de 'combatientes enemigos' sin reconocer ni respetar los derechos constitucionales de los detenidos.
Aunque esta nación deba, sin dudas, tomar acciones fuertes bajo el liderazgo de comandante en jefe para protegerse de amenazas enormes y sin precedentes, eso no puede negar derechos fundamentales más básicos por los que el pueblo de este país ha luchado y muerto durante más de 200 años, observó Green.
La jueza consideró que las cortes marciales no cumplían los requisitos constitucionales del debido proceso en varios aspectos, y recordó, en ese sentido, que no facilitaban a sus defendidos piezas de evidencia que, según el gobierno, debían permanecer en secreto.
En muchos casos, de acuerdo con los propios registros de los tribunales impugnados, esas evidencias incluían declaraciones de otros supuestos terroristas.
Tal circunstancia, advirtió Green, le negaba a los detenidos la posibilidad justa de rebatir su condición de combatientes enemigos.
Por otra parte, el juez federal Alvin K. Hellerstein, también de Nueva York, ordenó a la CIA (Agencia Central de Inteligencia) entregar a la Unión por las Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU) acceso a documentos sobre maltrato a prisioneros.
Me rehúso a entender que la negativa esté protegida por los requerimientos de la Ley de Libertad de Información (FOIA), sentenció el juez Hellerstein.
El gobierno de Estados Unidos afronta ahora la posibilidad de un nuevo conflicto internacional por el tratamiento que da a sus prisioneros en Guantánamo y en otras instalaciones militares de todo el mundo.
La jueza Green tuvo en cuenta al redactar su fallo la situación de Mamdouh Habib, un ciudadano australiano que regresó a Sydney el viernes desde Guantánamo y que aseguró haber sido torturado durante su detención.
Habib declaró haber sido confinado en una habitación inundada a un nivel justo debajo de su mentón y en la cual era obligado a permanecer de pie.
Green observó que hasta las cortes marciales de Guantánamo consideraron las denuncias de tortura (contra Habib) lo suficientemente serias como para elevar el asunto al Grupo de Tareas de Investigación Penal.
La sentencia también cita mensajes desde Guantánamo enviados por agentes del FBI a sus superiores, entre ellos uno del 2 de agosto de 2004 en que el funcionario informa que en un par de ocasiones ingresó en los recintos de interrogatorio de Guantánamo y encontró a detenidos encadenados de manos y pies, en posición fetal sobre el suelo, sin asiento, alimento o agua.
En la mayoría de los casos, (los prisioneros) se habían orinado o defecado encima y habían permanecido así entre 18 y 24 horas o más, agrega el memorando.
En una ocasión, el aire acondicionado había sido apagado y la temperatura era tan fría que el detenido, descalzo, temblaba, agregaba. Los policías militares me dijeron que los interrogadores del día anterior habían ordenado ese tratamiento.
Habib no ha hablado con la prensa desde su llegada a Australia el viernes pasado. El hombre fue liberado sin cargos luego de pasar tres años en la base de Guantánamo. Los abogados analizan la posibilidad de demandar a los gobiernos de Estados Unidos y de Australia por el tratamiento que recibió su defendido.
Mientras Habib recuperó la libertad, David Hicks, de 29 años, sigue prisionero.
Fue arrestado en Afganistán en diciembre de 2001 por soldados estadounidenses, según los cuales combatía del lado de Talibán en la guerra lanzada por Washington al frente de una coalición militar internacional en respuesta a los atentados que dejaron 3.000 muertos en Estados Unidos el 11 de septiembre de 2003.
A la sazón, Talibán regía el gobierno islámico de Afganistán y daba refugio a la red terrorista Al Qaeda, a la que se atribuyen los atentados contra las torres gemelas del World Trade Center, en Nueva York, y el Pentágono, sede en Washington del Departamento (ministerio) de Defensa estadounidense.
Hicks fue acusado a fines de 2004 de crímenes de guerra. Se prevé que comparecerá en marzo ante una corte marcial en Guantánamo.
La audiencia original, convocada para diciembre, fue postergada por otro tribunal según el cual algunos procedimientos de la corte marcial eran ilegales.
Terry Hicks, el padre del detenido, cree que los últimos fallos retrasarán el caso de su hijo a pesar de que fortalece los argumentos de la defensa, pues el gobierno de Estados Unidos, con seguridad, los apelará. Mientras, no oculta su enojo con la negativa del gobierno australiano a atender la situación.
También el Consejo Legal de Australia, que reúne a los abogados del país, consideró que las cortes marciales violan los derechos humanos básicos de los detenidos en Guantánamo y son incompatibles con un juicio justo.
Pero el fiscal general de Australia, Philip Ruddock, advirtió que los últimos acontecimientos no cambiarán la posición del gobierno.
Esta misma semana, el primer ministro australiano John Howard pidió a su par de Singapur, Lee Hsien Loong, clemencia para un natural de Melbourne de 24 años sentenciado a muerte por tráfico de heroína.
Terri Hicks cree que una actitud tan distinta hacia su hijo denota hipocresía. David es un ciudadano australiano. Creo que no es culpable, pero al gobierno no le importa. Son hipócritas. Hacen todo lo posible para que siga en el limbo. (
