Hablar de verdad, justicia y reparación es importante, pero no suficiente, opina Sergio Caramagna, jefe de la misión de la OEA para verificar la desmovilización paramilitar de Colombia.
El sociólogo argentino fue el último conferencista en la III Jornada de Seguimiento del Proceso de Desmovilización de las AUC, siglas de las derechistas Autodefensas Unidas de Colombia, que agrupa a 80 por ciento de los paramilitares.
La jornada, citada por una decena de organizaciones no gubernamentales, analizó el jueves qué marco jurídico requieren la paz y la reconciliación en Colombia.
Pero según Caramagna, jefe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA), "ése no es el tema".
La cuestión es qué tanta verdad, qué tanta justicia y qué tanta reparación se necesita para que esos principios sean efectivos y se hagan realidad, afirma Caramagna, a pesar de las críticas al proceso de desmovilización de los paramilitares iniciado el año pasado por Bogotá y que debe culminar en diciembre.
[related_articles]
El funcionario llegó a Colombia en abril de 2004, luego de que el derechista presidente Álvaro Uribe firmara en enero de ese año con la OEA un acuerdo para formar una misión de apoyo a la negociación gubernamental con las AUC.
IPS encontró a Caramagna escuchando las observaciones a la desmovilización paramilitar, hechas por la senadora liberal Piedad Córdoba, el parlamentario comunista Wilson Borja, el ex ministro Camilo González, director de la no gubernamental Indepaz, y el director de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), Gustavo Gallón, entre otros.
También se oyeron las defensas del gubernamental alto comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, y los parlamentarios Rocío Arias, conocida por su cercanía a las AUC, y Carlos Moreno de Caro, quien ha dialogado intensamente con los paramilitares.
En la III Jornada intervino Michael Frühling, director de la oficina en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Frühling recordó una de las recomendaciones de la ONU al gobierno y al Congreso legislativo: "que en los procesos de diálogo y negociación con grupos armados al margen de la ley, honren plenamente los principios fundamentales de verdad, justicia y reparación de las víctimas".
El parlamento iniciará en marzo el debate de una ley marco para la desmovilización paramilitar, exigencia previa que estableció la mesa de donantes internacionales, reunida en Cartagena de Indias a principios de febrero, para financiar el proceso.
Ese marco legal deberá regir también un eventual desarme guerrillero.
Frühling advirtió que la salvaguarda de siete años establecida por Colombia en 2002 ante la Corte Penal Internacional es un compás de espera hasta 2009 para que la justicia colombiana actúe ante los crímenes de guerra.
Las milicias paramilitares fueron creadas en 1982 por narcotraficantes como respuesta a un secuestro de la guerrilla izquierdista que lleva más de 40 años en armas.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) son el principal grupo guerrillero, seguido del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
La fórmula fue pronto retomada por miembros activos de las fuerzas militares, que promovieron su expansión en la región central de Colombia, el Magdalena Medio.
El proyecto paramilitar recibió apoyo de narcotraficantes, hacendados y comerciantes y, en algunas regiones, a medida que la guerra se degradaba, también de estratos más bajos. Muchos entraron a sus filas para tener un empleo.
"La función de las AUC es cometer crímenes de lesa humanidad porque es lo que la fuerza pública no puede hacer", dijo Gallón en la III Jornada.
"Las FARC y el ELN también cometen crímenes de guerra, pero ésa no es su función ni la razón de su surgimiento", agregó.
Para Caramagna, las duras críticas a la negociación con los paramilitares, la invalidan. "Si lo que se ha hecho no sirve para nada y está todo bajo sospecha, incluso la misión de la OEA, queda muy poco por decir", dijo a IPS.
"Si esto es la impunidad, si esto es un acuerdo infame para perpetrar crímenes y todo lo demás, invalidan y además ofenden la tarea de la OEA", agregó, en réplica a la mayoría de los argumentos expuestos en el encuentro.
"Somos el único organismo que está haciendo esto. ¿Estamos comprometidos en la impunidad, en los crímenes? ¿Ese es el mensaje? No. Nosotros no estamos comprometidos en eso", añadió.
Las frustradas negociaciones de paz con las FARC que por tres años sostuvo el anterior gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) encallaron invariablemente en una repetida exigencia de la guerrilla, para la cual no habría avances hacia la paz mientras el Estado no desmontara el paramilitarismo.
"¿No estamos abriendo un camino en ese sentido? ¿Por qué se invalida de entrada?", se preguntó Caramagna.
Cuando el enviado de OEA llegó a Colombia, el gobierno le mostró un mapa del conflicto donde se veía una enorme expansión paramilitar. Desde 2004, en nueve entregas colectivas se han desmovilizado 4.699 paramilitares, con el compromiso de dejar definitivamente las armas.
Según las AUC, esa cantidad corresponde a "algo más del veinte por ciento" de sus combatientes. Para el comisionado Restrepo, el cese del fuego paramilitar provocó una reducción de 68 por ciento de los asesinatos y de 86 por ciento de las matanzas.
Sin embargo, entre el cese unilateral de diciembre de 2002 y agosto de 2004, las AUC cometieron 1.889 asesinatos, afirma la CCJ.
La desmovilización debe ser verificada por la MAPP. Su presupuesto se sostiene con una donación estadounidense de 600.000 dólares, casi un millón de dólares aportados por Holanda en diciembre, un funcionario cuyo salario es pagado por el gobierno Suecia, y 1,2 millones del gobierno colombiano.
"Ese es todo el financiamiento", aseguró Caramagna.
Alcanza para pagar a 10 funcionarios nacionales y 10 internacionales, pero "se necesita tres veces ese número, vehículos, medios de comunicación, oficinas regionales. El proceso de paz, imperfectamente, está explosionando en determinadas regiones. No tenemos capacidad para hacer la verificación, y eso es lamentable", agregó.
"Tú tienes al Bloque Catatumbo (de las AUC, desmovilizado recientemente) delante de ti, 1.500 hombres. ¿Qué les dices? ¿No se desmovilicen porque no hay una ley, o no están dadas las condiciones porque tal requisito no está?", siguió cuestionando el funcionario.
"¿O les dices: sí señor, bájense (de las armas) y vamos a ver cómo hacemos? Yo sin duda tomo la segunda actitud. Y eso es lo que se está haciendo. Con lluvia de críticas terribles. A nosotros nos dicen que somos paramilitares", añadió.
Caramagna calificó de fundamentalistas a las organizaciones que critican el proceso y las acusó de hacer cabildeo internacional para evitar la financiación de la desmovilización. Como resultado, "no tenemos ningún apoyo", dijo.
El funcionario había sido designado en 1990 por la OEA para dirigir el desmantelamiento de la "contra" nicaragüense.
Sus primeros años de gestión fueron marcados por acusaciones de parcialidad a favor de los "contras", grupo armado ilegal financiado por Estados Unidos para desestabilizar al gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional que gobernó ese país centroamericano en los años 80.
Sólo en 1993, la asamblea general de la OEA amplió el mandato para acompañar también la desmovilización de militares sandinistas y servicios de inteligencia, y creó la Comisión Internacional de Apoyo y Verificación (CIAV), bajo la dirección de Caramagna.
"La identificación de la CIAV con la Resistencia Nicaragüense (contra) quedó casi indeleble", reconoció al diario local La Prensa al hacer un balance de despedida. Pero "en realidad todos (sandinistas y contras) fueron víctimas del conflicto", añadió.
Las víctimas del conflicto colombiano reclaman que se reconstruya la verdad de los hechos, se devuelvan los bienes arrebatados, se restituya la memoria de los muertos y se indique dónde están enterrados los desaparecidos.
"Se puede trabajar en la verdad si lo hacemos con amplitud, si no tenemos una verdad predeterminada. Este país no tiene una sola verdad, tiene varias verdades. Y se puede trabajar en la reparación", afirmó el funcionario, pero no mencionó la justicia, meollo de las negociaciones del gobierno con los paramilitares en Santa Fe de Ralito, noreste del país.
Los líderes de las AUC han dicho que no pagarán con cárcel, que no harán delaciones que los lleven a una letal lucha intestina y que tampoco cederán sus bienes.
Ana Teresa Bernal, directora de Redepaz, que agrupa a 400 organizaciones sociales y no gubernamentales del país, estimó que "no hay un proceso de paz".
"La paz se construye entre distintos y entre los que están enfrentados. Nosotros queremos que (la desmovilización paramilitar) se desarrolle adecuadamente para que contribuya a construir cimientos hacia la paz", dijo a IPS.
Pero "no ha habido ni cumplimiento del cese de hostilidades, ni concentración de fuerzas, y por lo tanto no ha podido hacerse una verificación efectiva", puntualizó.
