Los países donantes reunidos en el Grupo de los 24 (G-24) atan un mayor apoyo al proceso de desmovilización paramilitar de Colombia a la aprobación de una legislación que permita la realización de los principios de verdad, justicia y reparación.
El G-24, en el párrafo octavo de la llamada Declaración de Cartagena, impone esa condición al gobierno colombiano de Álvaro Uribe, que lleva adelante desde junio una negociación con grupos paramilitares derechistas en busca de su desarme, desmovilización y reinserción a la sociedad, que ha recibido fuertes críticas y poco respaldo internacional.
Hasta ahora los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que reingresan a la vida civil son mantenidos con recursos de funcionamiento de la oficina del Alto Comisionado para la Paz del gobierno colombiano, según comentó a IPS su propio responsable, Luis Carlos Restrepo.
Pero el condicionamiento del G-24 llega un día después de que se interrumpieron las negociaciones de varios meses entre el gobierno derechista de Uribe y parlamentarios de distintas fuerzas políticas en busca de convenir un marco legal para poner freno a la impunidad con que, según los críticos, se implementa la desmovilización.
La Declaración de Cartagena, emitida en la noche del jueves, tiene 16 párrafos, tres primeros de los cuales son descriptivos de la reunión del G-24 y en dos se reafirman los principios de la Declaración de Londres, que en julio de 2003 condicionó la ayuda internacional al cumplimiento de recomendaciones humanitarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Este viernes finalizó la reunión de dos días en la septentrional ciudad de Cartagena de Indias de la denominada Mesa de Coordinación y Cooperación Internacional para Colombia, que reúne al G-24, el grupo informal creado para acordar una política de asistencia con este país sudamericano inmerso en una guerra civil de más de cuatro décadas.
El foro contó con la presencia de representantes de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón, México, Noruega, Suiza y de los países miembros de la Unión Europea y su órgano ejecutivo, la Comisión Europea, además de la ONU y de organismos multilaterales como la Corporación Andina de Fomento, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
El texto de los países donantes menciona los logros obtenidos por el gobierno de Colombia en relación con dicha declaración suscripta en la capital británica, lo respalda en sus esfuerzos por fortalecer el bienestar y la seguridad de todos los ciudadanos, así como en la lucha contra el terrorismo y las drogas ilícitas.
Registra mejoras en la gobernabilidad, la presencia institucional y de los organismos de control para asegurar el respeto de la ley y los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.
También acoge favorablemente los puntos de vista de la sociedad civil como contribución importante a la construcción de un diálogo conducente a la paz en Colombia.
Si tuviera que resaltar sólo un aspecto (de la Declaración de Cartagena), este sería la exigencia de la comunidad internacional de que haya resultados en el cumplimiento de las recomendaciones internacionales sobre derechos humanos lo más pronto posible, subrayó Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas una vez conocido el documento.
La Declaración de Londres, cuando se creó el G-24, contenía la misma indicación.
Esto fue hace un año y medio y, sin embargo, los desempeños en el cumplimiento de las recomendaciones por parte del gobierno dejan mucho qué desear, agregó el activista de derechos humanos.
El énfasis de la declaración (de Cartagena) para que haya resultados debe entenderse como una valoración preocupada de la comunidad internacional en relación con lo hecho por el gobierno en esta materia, y le pide resultados lo más pronto posible, agregó.
La Declaración destacó, además, la importancia del diálogo y cooperación entre el gobierno de Colombia y la sociedad civil en toda su diversidad, incluyendo el sector privado.
El G-24 seguirá trabajando de forma coordinada, con la participación de la sociedad civil y los organismos internacionales pertinentes, dentro del marco del Proceso de Londres, se agrega en el texto.
Eso fue tomado por los observadores como una sugerencia a Uribe para que siga dialogando con las organizaciones no gubernamentales, como lo hace desde pocos meses atrás por presión del G-24, en la construcción de un plan de acción en derechos humanos, y para que mejore su relación con los funcionarios de la ONU.
El gobierno de Uribe en la práctica declaró en enero persona no grata a James LeMoyne, representante personal para buenos oficios del secretario general de la ONU, Kofi Annan, cuya misión es la búsqueda de una solución política al prolongado conflicto armado interno.
Un importante grupo de voceros de la sociedad civil contradice la visión de Uribe en cuanto a que en Colombia existe una amenaza terrorista, califica el enfrentamiento interno como conflicto armado y los desastres generados por la guerra como crisis humanitaria, todo lo cual coincide con los términos de las agencias de la ONU presentes en Colombia.
No hablamos de crisis humanitaria, dijo el embajador de Canadá en Colombia, Jean-Marc Duval, presidente del G-24. La idea es trabajar con el gobierno en el Plan Nacional de Atención Integral (a las víctimas de la guerra) y también con el Plan de Acción Humanitaria, ambos en elaboración.
Duval subrayó que la Declaración de Cartagena es un documento de consenso del G-24. En su sexto párrafo se apoya y reconoce los avances en la búsqueda de una solución pacífica y negociada a la situación de violencia interna generada por el conflicto con los grupos armados ilegales, una rebuscada formulación que para Gallón significa, de hecho, conflicto armado interno.
Los puntos negativos que puedan existir (en la Declaración de Cartagena) son de poca importancia en relación con los aspectos que uno puede encontrar en el texto, opinó Gallón.
También la Declaración de Cartagena exige a los grupos armados ilegales (paramilitares y guerrillas izquierdistas) que se comprometan con un cese de hostilidades y un proceso de paz serio, respeten el derecho internacional humanitario y todos los derechos de los colombianos.
Reclaman que esas organizaciones cesen los ataques a la población civil, el reclutamiento de menores y la extorsión, pongan fin a la producción y al tráfico de drogas ilícitas y liberen de manera inmediata a todos los secuestrados.
Además, subraya los beneficios que podría traer un acuerdo humanitario que se desarrolle teniendo en cuenta el estado de derecho y el derecho internacional humanitario.
El acuerdo humanitario es una propuesta de las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia para que el gobierno deje en libertad a unos 500 guerrilleros presos a cambio de un grupo de militares, policías y civiles mantenidos de rehenes, encabezado por la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, quien este mes cumple tres años en esa condición.
Uribe confirmó el jueves en la mañana tres puntos inamovibles para llegar a un acuerdo, que son no desmilitarizar territorios para que se realice el canje, que los guerrilleros terroristas que salgan libres no puedan volver a delinquir, pues esto desmotivaría a la fuerza pública, y que sólo pueden ser liberados los insurgentes condenados por delitos de rebelión y sedición.
