España deberá poner todo su empeño si quiere cumplir las obligaciones emanadas del Protocolo de Kyoto sobre cambio climático, y aún así podría fracasar. Sus emisiones de gases invernadero aumentaron 40 por ciento desde 1990 y su temperatura promedio se elevó 1,5 grados en 30 años.
La entrada en vigor del Protocolo de Kyoto el miércoles 16 marca la hora de la verdad para España, reconoció la ministra de Medio Ambiente Cristina Narbona, quien calificó de astronómica la factura que paga su país por la creciente dependencia del petróleo.
El acuerdo que obliga a 35 naciones industriales, establece que en 2012 deberán haber recortado sus emisiones de gases que recalientan la atmósfera a volúmenes 5,2 por ciento inferiores a los de 1990.
La Unión Europea (UE) estableció recortes para la mayoría de sus miembros, comprometiéndose a reducir en conjunto 8 por ciento de sus emisiones. Pero Portugal y España, por su grado de desarrollo relativo dentro del bloque, fueron autorizadas a un aumento de 27 y 15 por ciento hasta 2012, respectivamente.
A fines de 2004, España había multiplicado casi por tres ese incremento, el mayor dentro de la Unión Europea, que en conjunto redujo sus emisiones 3,5 por ciento desde 1990.
Pero el incremento español es también superior al de otros grandes países industrializados: según datos de 2003 de la Organización de Naciones Unidas, Canadá registró un aumento de emisiones de gases invernadero de 20 por ciento, Australia de 18, Japón de 11 y Estados Unidos, el mayor emisor mundial, tuvo un incremento de 14 por ciento.
La ministra Narbona reclamó realismo, ya que en España no ha habido ninguna preocupación de los sucesivos gobiernos en cuanto a reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero, en referencia al período en que el conservador Partido Popular estuvo en el poder (1996-2004).
Las autoridades españolas anunciaron la entrada en vigor el lunes 14 del Plan de Nacional de Asignación de emisiones que establece hasta 2007 las cuotas de las principales industrias del país.
El plan permite a unas 957 instalaciones industriales emitir un total de 513,6 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2, el principal gas invernadero). Las cuotas más altas se otorgaron al sector eléctrico (256,2 millones de toneladas) y al cementero (82,6 millones de toneladas).
Las compañías que excedan esos límites de emisión deberán apelar a alguno de los mecanismos de flexibilidad del Protocolo de Kyoto, que permiten a los países industriales comerciar entre sí derechos de emisión de carbono o invertir en proyectos limpios en el Sur, ganando certificados de reducción y tiempo para abatir la contaminación en casa.
Aprovechando el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) de Kyoto, la compañía energética Endesa invertirá unos 2.500 millones de euros (3.200 millones de dólares) en la ampliación de seis centrales hidroeléctricas en América Latina, para compensar los gases que producen sus centrales térmicas en España.
Las plantas son la brasileña Fortaleza, Sombrilla, en Colombia, Callahuanca, Santa Rosa y Ventanilla, en Perú, y Palmucho, en Chile. Las tareas en Callahuanca se iniciarán este mes, y la compañía estima que logrará compensar en los próximos 20 años algo más de 400 mil toneladas anuales de dióxido de carbono.
España también incorporó las normas de la UE para participar en el mercado de derechos de emisión, en vigor desde enero, y anuncia que revisará su plan energético para promover el uso eficiente de energía y las fuentes limpias.
Los funcionarios son optimistas. Somos el país del mundo que más nueva potencia (en energía eólica) ha puesto en servicio en 2004, por encima de dos mil megavatios, dijo Arturo Gonzalo Aizpiri, secretario general para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente.
Las autoridades promoverán el ferrocarril y otros medios de transporte público y desalentarán el uso del automóvil para distancias cortas, pues 30 por ciento de las emisiones nacionales corresponde al transporte.
Además se anuncia una gran campaña dirigida a los ciudadanos, ante la evidencia de un crecimiento desbocado del consumo de energía, que aumentó 15 por ciento desde enero de 2004.
Los españoles tienen muchas razones para preocuparse por el cambio climático. Según datos de un estudio encargado por el Ministerio de Medio Ambiente, en el que participaron 400 científicos, la temperatura promedio se elevó en España en más de 1,5 grados en las últimas tres décadas. La cantidad de días de nieve se redujo en 41 por ciento.
Durante los años 90, el nivel del mar se elevó cuatro milímetros por año, cayó el aporte hídrico de las grandes cuencas y se intensificaron las tormentas y las olas de calor.
El cambio climático afectará negativamente a varios sectores, incluyendo el turismo, principal motor de la economía española, advirtió el científico José María Baldasano Recio.
Pero mientras las autoridades le apuestan todo a Kyoto, Greenpeace España e Ingeniería Sin Fronteras cuestionan sus instrumentos de flexibilidad, en particular el MDL.
Las organizaciones ecologistas recordaron que 78 por ciento de la ayuda al desarrollo se dedicó a financiar proyectos energéticos contaminantes en los países pobres. Además reclaman que los recursos para financiar iniciativas del MDL no se consideren ayuda al desarrollo.
Los MDL están previstos para cumplir con Kyoto, y la ayuda al desarrollo debe ser para erradicar la pobreza en los países más desfavorecidos, dijo a Tierramérica el director de Estudios de Ingeniería sin Fronteras, Eduardo Sánchez.
* El autor es corresponsal de IPS. Publicado originalmente el sábado 19 de febrero por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica. (
