– Los 2.000 soldados que el ejército de Brasil comenzó a desplazar este miércoles al septentrional estado de Pará parecen no ser suficientes para controlar la tensión en los sitios donde ya fueron asesinadas cuatro personas por disputas de tierra en los últimos cuatro días.
Esta movilización militar y una probable captura de los asesinos de Dorothy Stang, la misionera estadounidense naturalizada brasileña muerta el sábado, son importantes pero no solucionan los conflictos agrarios que producen tanta violencia en Pará, afirmó el presidente de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), Tomas Balduino.
Los militares tienen por misión asegurar la paz en los municipios de Altamira, Anapú y Parauapebas.
En Anapú, además de Stang, fueron asesinados dos campesinos, uno el domingo y otro el martes, generando un clima de inseguridad que se extiende a Altamira, principal ciudad de la región.
En Parauapebas, en el sur de Pará, un área conocida por la violencia hace varias décadas, fue muerto el martes Daniel Soares da Costa Filho, líder sindical de trabajadores rurales y de un asentamiento de campesinos.
La CPT, una organización de la Iglesia Católica, informó que hay otras 40 personas amenazadas de muerte en el estado de Pará, la mayoría a causa de conflictos por la tenencia de la tierra.
La tensión se viene acumulando hace muchos años a lo largo de las carreteras Transamazónica y Cuiabá-Santarem, que cruzan Pará y cuya pavimentación, esperada en breve, atrae inmigrantes de otras zonas del país y conflictos, explicó a IPS Rosana da Costa, investigadora del Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonia (IPAM).
La Transamazónica es una larga carretera que empezó a ser construida en los años 70 por los militares que impusieron una dictadura en el país de 1964 a 1985, y tenía como fin unir el nordeste poblado y pobre del país con el corazón de la Amazonia.
El objetivo era ocupar el vacío demográfico amazónico, supuestamente blanco de la codicia internacional, una vieja paranoia nacional. Pero la obra no fue terminada y sin pavimentación en la mayor parte de la ruta, es considerado un ejemplo de proyecto fracasado, intransitable en varios tramos.
La expectativa de su pavimentación y de la construcción cercana de una gran central hidroeléctrica se sumó a la implantación del denominado Proyectos de Desarrollo Sustentable, una forma novedosa de asentamiento rural, combinando extracción forestal y agricultura sostenida, para atraer miles de inmigrantes a Anapú, el centro de las tensiones actuales.
De esa forma, el municipio que tenía 9.407 habitantes, según el censo demográfico de 2000, tendría ahora entre 20.000 y 40.000 personas, según distintas estimaciones.
De esa forma Anapú y gran parte de Pará se convirtieron en un barril de pólvora, definió Da Costa. Es una región donde se reúnen el caos territorial y la violencia de distintas causas, como el trabajo en condiciones de esclavitud, las amenazas de muerte, agresiones y asesinatos, con ausencia del Estado.
Los conflictos estallan principalmente entre campesinos pobres, muchos asentados en proyectos de reforma agraria, y los llamados grileiros, personas que invaden y se adueñan de tierras públicas o privadas, por medio de documentos falsos o precarios, o simplemente por la violencia.
La mayor parte de las tierras de Pará, como de otros estados amazónicos, son del Estado. Es tierra de nadie, a merced de la apropiación o extracción maderera ilegal. La deforestación y las quemadas o incendios forestales se multiplican en la Amazonia porque puede afianzar la posesión de la tierra.
En el caso de Anapú, una parte de sus tierras fue cedida a agricultores en los años 70, condicionada a actividades productivas. Aun sin cumplir con ese compromiso estos concesionarios o quienes les compraron indebidamente esas tierras se consideran dueños legítimos.
La explosión de violencia en este momento se debe a que el gobierno inició un proceso de recuperación de esas tierras y adoptó medidas de ordenamiento territorial y asentamientos agrarios, según Da Costa, coincidiendo con autoridades gubernamentales.
Los incendio de casas, la destrucción de cultivos, mensajes amenazadores y por fin el asesinato, utilizando para ello pistoleros y milicias armadas, son mantenidos por los pretendidos propietarios para expulsar de la tierra los ocupantes indeseados, incluso los asentados por el gobierno, describió la investigadora.
La intervención de las fuerzas de seguridad llega tarde, como siempre después del crimen consumado, lamentó. La protección policial o militar para los amenazados no pueden evitar las muertes anunciadas en un territorio tan grande y en medio a tantos conflictos, sentenció.
Una solución efectiva para el conjunto de problemas locales depende de intervenciones masivas, duraderas y articuladas entre varios organismos gubernamentales, para poner en foco simultáneamente la cuestión de la seguridad pública, problemas de tenencia de tierras, así como los de orden social y ambiental, opinó la investigadora.
Da Costa y otros activistas amazónicos esperan que la muerte de la misionera Stang, que tuvo gran repercusión nacional e internacional, no tenga como respuesta las usuales acciones limitadas, que se desactivan tras algunos meses, sin modificar la situación.
Esta es una oportunidad para el cambio, una respuesta firme del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva a la violencia puede impulsar un proceso de superación de los conflictos por la tierra, de mejor uso de los bosques, con su valorización y conservación, manifestó a IPS Paulo Moutinho, uno de los coordinadores de IPAM.
