El gobierno de Venezuela pisó el acelerador de la reforma agraria al despuntar 2005 y se dispone a intervenir centenares de haciendas estatales y privadas, entre ellas la propiedad británica «El Charcote», que aparece como la cobaya de la proclamada «guerra a muerte contra al latifundio.
Una comisión del gobierno nacional homologará esta semana los decretos de intervención de tierras dictados por varios gobernadores estaduales afines al presidente Hugo Chávez y éste se pronunciará el 10 de este mes "contra la ociosidad e improductividad de tierras en Venezuela, anunció el ministro de Agricultura, Arnoldo Márquez.
Eliézer Otaiza, presidente del estatal Instituto Nacional de Tierras (Inti), informó que se hará un exhaustivo inventario de la propiedad, tenencia, uso y productividad de las tierras en todo el país, "y quien no pueda demostrar la titularidad de sus tierras, estará 'raspado', es decir sujeto a la ocupación y reparto por parte del Estado.
La inspección alcanzará a más de 40.000 fincas agrícolas en todo el país. Otaiza dijo que ya identificó unos 600 casos en que sus ocupantes no han podido demostrar la titularidad de las tierras a su cargo, incluidos 56 que califican como latifundios por medir más de 5.000 hectáreas.
Un emblemático establecimiento rural es "El Charcote", que abarca 13.000 hectáreas en el estado de Cojedes, en las llanuras al noroeste del río Orinoco y a unos 200 kilómetros al sudoeste de Caracas. La actividad desde hace década en esta propiedad de la sociedad británica Vestey Group es la producción ganadera.
"Toda la maquinaria del Estado, con la Fuerza Armada y la policía, haremos presencia en 'El Charcote' el día 8 para instrumentar la primera avanzada de la misión Tierra y Hombres Libres. Vamos a verificar la titularidad y el uso de esa finca, dijo el martes el Procurador del estado (provincia) de Cojedes, Alexis Ortiz.
Tierra y Hombres Libres fue una consigna del general Ezequiel Zamora, un guerrero liberal de mediados del siglo XIX admirado por Chávez, quien ha adjetivado de "zamoranos a varios de sus proyectos dirigidos al campo.
Según Diana dos Santos, presidenta de Agropecuaria Flora, filial venezolana de Vestey, 80 por ciento de "El Charcote" ha sido ocupado por invasores en los últimos cinco años, pese a lo cual "somos los mejores productores de carne del país". "Estamos en Venezuela desde hace 100 años y queremos estar 100 años más, añadió.
Venezuela desarrolló una reforma agraria en los años 60 del siglo XX, con reparto de varios millones de hectáreas a 230.000 familias, pero el proceso no se sostuvo. En 1998, los grandes propietarios poseían 42 por ciento del total de las tierras explotadas en el país, frente a 23 por ciento en 1958, según un estudio de la organización no gubernamental Provea.
También es un lugar común sostener que Venezuela consume más alimentos importados que producidos en el país.
En numerosas apariciones públicas Chávez cuestiona que este país con abundante tierra apta para la actividad agropecuaria deba importar rubros esenciales en la dieta nacional, como frijoles, maíz, leche, azúcar y carne vacuna y de pollo, así como que "miles de y miles de campesinos no tengan ni un pedazo de tierra para cultivar.
Chávez firmó en 2001 un decreto con fuerza de ley para reordenar la propiedad rural, una medida que detonó un largo enfrentamiento con el sector privado.
Esa oposición de los empresarios llevó a la asociación que los congrega, Fedecámaras, a buscar el derrocamiento de Chávez primero con el frustrado golpe Estado de abril de 2002, luego a través de un lockout (cierre patronal) de dos meses iniciado en diciembre de ese año y, finalmente en agosto de 2004, mediante un referendo sobre el mandato de gobierno que resultó favorable al mandatario.
Bajo el paraguas de la nueva Ley de Tierras, el Inti ha distribuido parcelas por más de dos millones de hectáreas a unas 100.000 familias, en algunos casos sobre terrenos reivindicados por ganaderos que llegaron a la violencia con la muerte de varios dirigentes agrarios y defensores de derechos humanos.
La historia más reciente comienza con la campaña para las elecciones de gobernadores de estados y alcaldes de octubre, durante la cual Chávez lanzó como consigna la "guerra al latifundio, y pidió a sus seguidores que resultasen electos que tomasen medidas urgentes para democratizar la propiedad y el uso de la tierra.
En los últimos días de diciembre, los gobernadores Johnny Yánez, de Cojedes, José Briceño, del nororiental estado de Monagas, y Carlos Giménez, del noroccidental Yaracuy, emitieron decretos de "intervención de las tierras con vocación agrícola en sus respectivas jurisdicciones.
Ninguno de esos gobernadores precisó el significado de la intervención, pero en diferentes declaraciones las autoridades concernidas aseguraron que no implica expropiación forzosa, una figura prevista en la Constitución de 1999 en casos de necesidad pública o social y previo pago de indemnizaciones.
"No queremos atropellar a nadie, no estamos expropiando ninguna tierra, sino usando la fuerza que tenemos para poner orden, porque hay un limbo jurídico entre tierras ociosas y latifundio, dijo Yánez.
Según la ley, los propietarios deben demostrar ante el Inti que usan eficientemente su tierra, y si ese no es el caso entonces se coloca su finca agrícola bajo observación y se pacta un programa productivo, en tanto por tierras ociosas deberá pagarse un impuesto.
Briceño, quien ordenó intervenir en 25 establecimientos con un total de 50.000 hectáreas, incluidos algunos de propiedad del consorcio estatal Corporación de Guayana, dijo que el propósito es "evaluar las condiciones de algunas propiedades, de forma que se reactive su productividad para la seguridad alimentaria de los venezolanos.
El decreto de Giménez abarcó sólo las tierras públicas, y otros gobernadores preparaban decretos de intervención, que serían homologados por un documento que prepara el gobierno nacional, según los anuncios del martes de Márquez y Otaiza.
Todas las autoridades admiten que el Estado no sabe cuánta tierra tiene. Cuando se inició el reparto de lotes hace dos años, la asociación de ganaderos pidió que el Inti distribuyese a campesinos 13 millones de hectáreas de propiedad pública.
Otaiza estimó que "en el país hay más de 10 millones de hectáreas de tierras ociosas, y una parte está en manos de privados.
En el caso de "El Charcote" "al menos 3.500 hectáreas son de propiedad pública. Una parte de ese lote está invadida y otra improductiva, según Ortiz, quien agregó que la inminente ocupación por parte de las autoridades "bajo ningún concepto va a interrumpir las actividades propias del hato.
Márquez insistió en que "no hay una actitud de avasallar a nadie. La intervención significa diagnóstico, hacer un inventario y determinar dónde están las tierras, quién las tiene, en qué condiciones, cuál es la producción, cuál es la productividad y, si hay ociosidad o mal manejo, deben ser pechadas con un impuesto especial.
