El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, intenta detener el creciente enfrentamiento entre Colombia y Venezuela, desatado por el secuestro de un jefe de las insurgentes FARC en Caracas y azuzado por Washington al volcar todo su respaldo hacia Bogotá.
No se trata en nuestra visión de un conflicto que exija una mediación. Pero es obvio que si Brasil, y el presidente Lula en particular, pueden hacer algo para facilitar el diálogo entre amigos, vamos a hacerlo, afirmó el canciller brasileño, Celso Amorim.
El pleito entre Colombia y Venezuela, que dinamita programas de cooperación y de integración, estalló apenas un mes después de que los 12 países de América del Sur firmaran en la meridional ciudad peruana de Cuzco el acta de nacimiento de la Comunidad Sudamericana de Naciones, un sueño largamente acariciado por Brasil, la potencia regional.
La cuestión central en este conflicto es que ha comenzado la fase andina del Plan Colombia y su vertiente militar, el Plan Patriota, con una lucha contra la guerrilla que traspasa las fronteras y para la cual el gobierno (venezolano) de Hugo Chávez es un problema, observó a IPS el politólogo Alberto Garrido.
Cuando el conflicto escaló la semana pasada con una guerra de comunicados llenos de reproches, el embajador de Washington en Bogotá, William Wood, dijo que el gobierno de su país respalda ciento por ciento al presidente de Colombia, Álvaro Uribe, mientras las cancillerías de Perú y México pedían a los enfrentados abrir caminos de diálogo.
Esta semana, al defender ante el Senado de Estados Unidos su nominación como secretaria de Estado (canciller) del gobierno de George W. Bush que reasumió este jueves, Condoleezza Rice se refirió varias veces a Venezuela para sostener que el gobierno de Chávez es una fuerza negativa en la región, entre otras razones por cómo afecta a los vecinos.
Analistas como Garrido llaman la atención sobre el contraste entre una América Latina que apenas figuró en los debates de los candidatos presidenciales de Estados Unidos, durante la campaña electoral del año pasado, y cómo Rice varias veces toca el tema Venezuela al delinear la política exterior a seguir por Washington. Es un gobierno que no es constructivo, apuntó.
Lula entonces aprovechó una cita con Uribe en la localidad de Leticia, en el extremo sur colombiano junto al río Amazonas, pactada con el fin de tratar la construcción de una presa y otros proyectos, para ayudar a quitarle presión a la controversia entre Bogotá y Caracas.
Uribe y Chávez, por separado, han hablado de buscar caminos de entendimiento y sus cancilleres, Carolina Barco y Alí Rodríguez, han sido particularmente comedidos.
El presidente Lula se ha ofrecido a facilitar ese diálogo en el espacio que se ha abierto y en el que estamos comprometidos el canciller Rodríguez y yo, dijo Barco en Leticia y junto a Amorim.
La controversia estalló con el secuestro el pasado diciembre en Caracas de Rodrigo Granda, dirigente de la estructura internacional de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), la mayor fuerza guerrillera de ese país.
El secuestro fue perpetrado por militares y policías venezolanos, quienes llevaron a Granda por carretera hasta Cúcuta, la ciudad fronteriza del nordeste de Colombia, cuyo gobierno les pagó 1,5 millones de dólares, según investigaciones en Caracas,
Pero Colombia sostiene que capturó a este guerrillero en Cúcuta y, por tanto, ha rechazado la denuncia del gobierno de Chávez en el sentido de que se violó la soberanía de Venezuela, con una operación organizada en Bogotá y que incluyó el soborno de los oficiales venezolanos.
Además de sorprender con la operación y escoger el momento para desarrollarla, Colombia clavó una espina más en la sensibilidad de Chávez, un teniente coronel retirado que sigue definiéndose como un soldado, porque para el secuestro empleó a oficiales de la Fuerza Armada venezolana, comentó a IPS el politólogo Carlos Romero.
¿Por qué Colombia escogió este momento para lanzar una operación riesgosa para la buena relación económica, política y personal que Uribe y Chávez sostenían desde mediados de 2004, tras superar previos roces y suspicacias?
Según Romero, el mandatario colombiano busca demostrar ante Estados Unidos, del que es aliado privilegiado en la región, que la lucha contra la guerrilla es en serio y que se han propuesto descabezar a la dirigencia rebelde, haciendo imposible esa especie de cohabitación dulzona entre la guerra y la tolerancia.
Garrido es de la tesis que el Plan Colombia, anunciado en sus inicios como de lucha antidrogas pero desnudado ya como Plan Patriota, tiene como preocupación central en esta fase que no puede tener éxito frente a la guerrilla si ésta encuentra un protector en el gobierno de Chávez, quien se declara neutral respecto del conflicto colombiano.
Bogotá y Washington reciben apoyo de otros gobiernos en la región, pero Chávez no se ha plegado. Eso puede explicar porqué las recientes acciones y declaraciones tratan de acorralarlo, quitándole margen de maniobra, para forzarlo a cambiar.
Sin embargo, la respuesta del mandatario venezolano ha sido elevar las apuestas en ese torneo de fuerza. Cortó la colaboración con Colombia en programas de desarrollo, le limitó el suministro de combustible y otros intercambios, exigió excusas de Bogotá y replicó enérgicamente a las declaraciones de Rice.
Para los medios oficiales venezolanos no hay duda de que Estados Unidos atiza la confrontación con Colombia para desestabilizar al gobierno de Chávez, torpedear la Comunidad Sudamericana de Naciones y sabotear el proyecto de un oleoducto que cruzaría Colombia y abriría las puertas del océano Pacífico para el petróleo de Venezuela.
Ese impacto debió ser ponderado por Brasil, pero más en lo inmediato ante la posibilidad de que el conflicto escale este año, con una administración conservadora renovada en Washington y el Plan Patriota colombiano de lucha contra la guerrilla ocupando en zonas de frontera con Venezuela espacios que deja libres la desmovilización de los paramilitares de extrema derecha. (
