La mayoría de los 1.500 internos de las cárceles de máxima seguridad de México viven un régimen similar al de un campo de concentración nazi, según grupos humanitarios, pero también hay quienes que dicen que muchos presos tienen privilegios, manejan desde allí sus negocios y hasta ordenan asesinatos.
El crimen organizado tiene el control de las cárceles más seguras del país, sentenció el diputado Orlando Paredes, del opositor Partido Revolucionario Institucional que pide la remoción de los funcionarios que administran esos lugares.
Un presunto narcotraficante detenido en El Penal de la Palma, donde grupos humanitarios denuncian que los presos son obligados a tomar psicofármacos y se les colocan camisas de fuerza, fue acribillado a tiros el 31 de diciembre por uno de sus compañeros.
El asesinato, que siguió a promesas del gobierno de Vicente Fox de poner fin a la corrupción en las cárceles de alta seguridad y a revisiones exhaustivas de esos lugares por parte de policías, fue el tercero que se registró en La Palma durante el año que pasó.
Antonio Sánchez, presidente del no gubernamental Instituto Nacional Ciudadano de Seguridad y Justicia, indicó este lunes que recibió denuncias anónimas de que habría en La Palma dos internos armados que tienen la misión de matar a varios de los narcotraficantes allí detenidos.
El portavoz del Instituto, que reúne a empresarios y ciudadanos que demandan al gobierno combatir de forma eficaz a la delincuencia, informó que entregó ya a la Procuraduría (fiscalía) General la información de que dispone.
En mayo murió estrangulado un interno de la Palma y en octubre otro fue asesinado a balazos en el comedor de ese lugar.
Además, en 2001 el narcotraficante Joaquín Guzmán, alias El Chapo, se fugó de la prisión de Puente Grande, que junto al de La Palma y Matamoros, son los tres de alta seguridad que existen en México.
En México existen 450 cárceles que albergan a 190.000 reclusos, la mayoría de los cuales viven hacinados, situación que no se da en los tres establecimientos de máxima seguridad, inaugurados a comienzos de los años 90 para recluir a los delincuentes más peligrosos. Actualmente cuenta con 1.500 detenidos.
Es absurdo que en una cárcel de alta seguridad se pueda ingresar un arma y luego dispararla o que alguien pueda darse a la fuga. Por donde se vea hay corrupción de funcionarios, aseguró a IPS el diputado Paredes.
Arturo Guzmán, quien fue asesinado el último día de 2004 en la Palma, cárcel que se ubica en el estado de México, vecino a la capital, era hermano del narcotraficante Chapo Guzmán.
Para el criminólogo y experto en narcotráfico César Zapata, se trata de crímenes vinculados a la guerra entre mafias.
Las supuestas condiciones carcelarias de dureza y hasta abuso de los centros de alta seguridad se relajaron para beneficio de algunos narcotraficantes, señaló Zapata a IPS.
La Procuraduría reconoce que varios de los jefes del narcotráfico no han dejado de operar desde sus celdas en los penales de alta seguridad y admite que incluso hay el riesgo de que esos delincuentes organicen un ataque armado contra las cárceles de alta seguridad con la intención de liberar a reos.
Un estudio de la estatal pero independiente Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) difundido en 1998, sostiene que en los centros de reclusión de alta seguridad, donde está vedado el ingreso de cualquier observador independiente, no se respetan prácticamente en ningún caso los derechos humanos.
Los presos de esos lugares no pueden hablar con nadie, excepto con sus visitantes y por un tiempo limitado y sin privacidad. Todo lo que dicen, hacen o escriben es grabado y revisado.
Además, están obligados a dormir siempre en la misma posición y con el rostro hacia una luz y cámara de vídeo.
La segregación en lugares especiales y los castigos sin motivación son comunes en estas cárceles, así como la humillación y las revisiones sorpresivas con armas de alto poder y perros en estado de agitación, a las que los custodios someten a los presos, apunta la CNDH.
Esa comisión añade que existen documentos en los que las autoridades de estos centros reconocen el empleo de camisas de fuerza para controlar a los reclusos, algunos de los cuales han informado incluso que son obligados a tomar psicofármacos.
Las autoridades de las cárceles de alta seguridad han agravado sin necesidad el carácter aflictivo de las sanciones penales, lo cual es una violación de las leyes, apunta el informe.
"En los centros federales (las cárceles de alta seguridad) el tratamiento (trabajo) conlleva manipulación psiquiátrica y sometimiento so pretexto de disciplina (…) La única manera de que el trabajo no sea una forma de despersonalización, como en los campos de concentración nazis (de mediados del siglo pasado en Alemania), es que se asuma como un acto de reivindicación y libertad", añade.
Fuentes de la CNDH indicaron a IPS que según sus investigaciones, las condiciones no parecen haber cambiado en las cárceles de alta seguridad, aunque reconoce que un grupo estaría exento de los maltratos.
Familiares y abogados de los internos, quienes al entrar a las cárceles de alta seguridad son desnudados con el pretexto de revisión, se quejan de no tener ninguna garantía para defender a su familiares o clientes.
