La propia unidad del País Vasco, además de la de España, aparece amenazada ante el tenor de las reacciones que dentro y fuera de esa región ha provocado el llamado Plan Ibarretxe, que en los próximos días será presentado en el parlamento español.
El programa, que consiste en un nuevo Estatuto para regir al País Vasco, fue ideado y defendido por el presidente de su gobierno autónomo, Juan José Ibarretxe, y aprobado el 30 de diciembre por el parlamento de esa comunidad, una de las 17 que integran España.
A pesar de que el gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y la mayor fuerza opositora, el centroderechista Partido Popular (PP), sumados logran mayoría absoluta en el parlamento español y ya anunciaron su oposición al Plan, el gobierno vasco replicó que de todas maneras lo presentará en los próximos días para su consideración.
Entre otros asuntos, el Estatuto propuesto reconoce al pueblo vasco el derecho de autodeterminación y establece un nuevo pacto político de relación con el Estado español, basado en la libre asociación y compatible con las posibilidades de desarrollo de un estado compuesto, plurinacional y asimétrico.
También le otorga a esa región la disposición de símbolos propios de representación de su identidad nacional, tanto en el interior como en el exterior, incluyendo una bandera propia y desconociendo la que representa hoy a España.
La mayoría de los españoles, incluidos los vascos, no apoyan ni admitirían una separación de España del País Vasco. En esta misma región se evidencian posibles rupturas.
En la actualidad el País Vasco es una comunidad autónoma formada por tres provincias, llamadas Álava, Guipúzcoa y Vizcaya.
Los movimientos nacionalistas también reclaman que se incluya en el País Vasco a la Comunidad Autónoma de Navarra y a tres departamentos de la vecina Francia.
Pero los ciudadanos navarros ya hicieron saber su voluntad mediante un referéndum, celebrado en 1979 y ahora la gran novedad es que, tras aprobarse el Plan Ibarretxe en el parlamento vasco, la Diputación Foral de Álava (gobierno elegido en esa provincia) amenazó con separarse del País Vasco si ese plan sale adelante.
El diputado General de Álava, Ramón Rabanera, del Partido Popular, advirtió de que, si hay una ruptura del pacto constitucional y estatutario, Álava se considerará liberada de la palabra dada en 1979, cuando se firmó el acuerdo que ligó esa provincia al País Vasco.
En el conjunto de las tres provincias del País Vasco, nacionalistas y no nacionalistas se reparten los votos casi mitad y mitad, aunque en las últimas elecciones autonómicas (mayo de 2003) los primeros superaron a los segundos.
Además, una encuesta realizada en noviembre por la Universidad del País Vasco indica que 51 por ciento de los vascos consultados se declararon no nacionalista, en tanto que 41 por ciento dijeron serlo y ocho por ciento de los entrevistados no se pronunciaron.
En la misma consulta, 57 por ciento considera compatibles las identidades española y vasca y solamente 31 por ciento se manifiesta favorable a la independencia.
Al plantearse desde el PSOE y el PP que el plan vulnera la Constitución, Ibarretxe replicó este martes que el futuro depende de lo que diga la sociedad vasca. A partir de ahí, tocará negociar cómo ponemos en marcha el proyecto, pero que quede muy claro: yo no tengo ningún problema de legitimidades.
Esa actitud del gobierno vasco marca la amenaza para la unidad de España, consagrada en 1979 en esa Constitución, la primera de la historia de este país elaborada por consenso y aprobada en un referéndum.
Ante la postura de la coalición nacionalista moderada que gobierna el País Vasco y que no vaciló en recibir el apoyo de los parlamentarios del partido político del grupo terrorista ETA, el líder del PP, Mariano Rajoy, ofreció al jefe del gobierno de España, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, un acuerdo para garantizar y fortalecer la unidad española y el modelo de Estado.
Fuentes cercanas a ambos han confirmado que se reunirán en los próximos días para analizar la situación y enfrentar el desafío de Ibarretxe, aunque Zapatero no ha aclarado si recibirá primero para dialogar al presidente vasco o a Rajoy.
Acerca del anuncio de esa reunión de Zapatero y Rajoy, Ibarretxe anticipó su posición: La voluntad de la sociedad vasca no va a ser sustituida por lo que decidan el PSOE y el PP en el Pacto Antiterrorista.
Y sobre la aclaración de Zapatero de que dialogará pero no negociará, comentó que él le extiende la mano al jefe del gobierno español para abrir el diálogo y de que se trata de voluntad de abrir un proceso negociador. Si no estamos dispuestos a negociar, ¿cómo lo arreglamos, a tortas? No, ése no es el camino.
Habrá diálogo, pero no negociación y el gobierno y el PP sostienen que la propuesta de Ibarretxe es inconstitucional, una situación que plantea un conflicto a corto plazo con perspectivas difíciles de prever y con consecuencias dentro y fuera del País Vasco.