Amplio rechazo en España a la decisión judicial que dejará en libertad a comienzos de febrero a José Ignacio de Juana Chaos, miembro del grupo vasco ETA, tras cumplir 18 de los 2.995 años de prisión a los que fue condenado por atentados en los que murieron 25 personas.
La resolución, todavía en trámite pero que difícilmente pueda ser cambiada, fue criticada por el gobierno español, la oposición y por otros sectores, dado que el preso nunca manifestó arrepentimiento sino todo lo contrario y se le reconocen descuentos de pena por tareas de reinserción incumplidas.
Empero, este no es el único caso en el que se cuestiona la actuación judicial. También sectores españoles rechazan la absolución por parte del Tribunal Supremo de Justicia de un diputado pro etarra condenado en el País Vasco y la concesión del tercer grado, o libertad condicionada, al ex general Enrique Rodríguez Galindo, sentenciado por el asesinato de dos jóvenes vascos.
Los críticos señalan que De Juana Chaos no solamente no mostró arrepentimiento, sino que desde la prisión continuó apoyando los asesinatos del grupo terrorista ETA (Euskadi ta Askatasuna, Patria Vasca y Libertad en lengua vascuence.
En 1998 pidió por escrito al director de la cárcel que le suministrara una botella de champán francés, una torta y un kilogramo de langostinos para celebrar la jubilación forzosa del franquista antivasco.
Se refirió así al asesinato perpetrado por ETA de Tomás Caballero, portavoz de la Unión del Pueblo Navarro, una formación nacionalista moderada de la Comunidad Autónoma de Navarra, una de las 17 que integran España.
El secretario general del grupo parlamentario del gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Diego López Garrido, dijo a IPS que la gravedad de esa excarcelación no radica tanto en el incumplimiento total de la condena sino en que se lo deje en libertad sin que haya habido ni un rasgo de arrepentimiento ni un proceso de reinserción y rechazo de la violencia.
Añadió que el gobierno encabezado por José Luis Rodríguez Zapatero está haciendo todo lo posible legalmente para evitar la excarcelación, pero que por tratarse de un tema judicial aceptará finalmente lo que decida ese poder y que, si se confirmase la liberación, todo lo que podría hacerse es expresar su sentimiento en contra.
Fuentes del Tribunal Supremo de Justicia señalaron a IPS que el tema es discutible desde el punto de vista jurídico, que seguramente el fiscal recurrirá la disposición liberadora y que se abriría una nueva instancia ante ese mismo cuerpo judicial, donde las opiniones están divididas.
El secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José Manuel Sánchez Fornet, anunció que esa organización solicitará el lunes a la fiscalía general del Estado que retrase la salida de la cárcel del preso y que se lo enjuicie por otros delitos que continúa cometiendo, como la apología del terrorismo.
Aunque fue condenado a 2.995 años de prisión, la ley establece que no debe cumplir más de 30 años. Lleva 18 años encarcelados y el Juez de Vigilancia Penitenciaria le reconoció casi 12 años de convalidación de penas, en gran parte por haberse inscripto en la Universidad de Educación a Distancia (UNED), aunque no haya aprobado ninguno de los cursos.
En esa falta de aprobación de cursos se basan las críticas, pues sostienen que la rehabilitación se debe probar con hechos y no con simulaciones, máxime que De Juana Chaos ha seguido reivindicando su pertenencia a ETA, la organización creada durante la dictadura de Francisco Franco (1939-1975) y que pregona la independencia de los territorios vascos.
Al iniciarse la democratización tras la muerte de Franco en 1975, todos los presos etarras fueron amnistiados y una parte del grupo se acogió a las normas democráticas. En cambio, otro sector se transformó en una organización que siguió actuando al margen de la ley, a pesar de que el País Vasco cuenta hoy con gobierno, parlamento y otras instituciones autónomas.
Por otro lado, el Tribunal Supremo anuló una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y dejó sin efecto la condena de un año de prisión y siete de inhabilitación absoluta al diputado Jon Salaberría por apología del terrorismo, cuando afirmó en el Parlamento Vasco que la lucha armada de ETA responde a la defensa de los derechos legítimos del pueblo vasco.
En la sentencia ese tribunal señala que las intervenciones de los parlamentarios en el parlamento poseen una protección absoluta y que las desviaciones antijurídicas por las opiniones vertidas no pueden ser contrapesadas ni administradas por alguien desde el exterior de las cámaras, debiendo quedar sujetas exclusivamente a la disciplina de los reglamentos que las rigen.
Además, añadió el Supremo que la jurisdicción queda excluida frente a las opiniones emitidas por un parlamentario y, por tanto, ni siquiera se puede entrar a examinar el contenido de esas opiniones al objeto de discernir si merecen o no la tutela de ese privilegio.
Edmundo Rodríguez Achútegui, portavoz de la organización profesional Jueces para la Democracia, declaró a IPS que, más allá del sentimiento de rechazo que provoca la excarcelación, es normal que las sentencias sean revisadas y que se garantice el derecho de los condenados a apelar sean de ETA o no.
Sin embargo, fuentes del Tribunal Supremo del País Vasco criticaron la decisión exculpatoria, afirmando que ellos, los jueces vascos, ponemos la cara aquí, en el País Vasco y después vienen otros, desde Madrid y nos desautorizan.
Jone Goirizelaia, otra parlamentaria del mismo grupo que Salaberría, también consideró que el procesamiento de su colega está fuera de la legalidad vigente y lo atribuyó a un pacto de Estado entre el centroderechista Partido Popular, cuando estaba en el gobierno, y el Tribunal Supremo vasco contra las personas y organizaciones que defienden los derechos de este país.
Mientras se debaten estos temas también se está gestando la práctica puesta en libertad de otro condenado, pero del lado contrario, como es el ex general Rodríguez Galindo, quien cumple una condena de 75 años de prisión por la tortura y asesinato en 1983 de José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala.
Estos dos jóvenes vascos fueron torturados, asesinados, despedazados y sepultados en cal viva. Habían sido sindicados por la policía como miembros de ETA, pero en los juicios no se aportaron pruebas que lo confirmaran.
Rodríguez Galindo cumple desde octubre la pena en su domicilio de la ciudad de Zaragoza, por decisión del juez que tomó en consideración su grave estado de salud. Ahora se le concederá el tercer grado, lo que significará que tendrá la obligación de dormir en su domicilio, pero podrá salir del mismo sin pedir autorización, según fuentes judiciales.
