Más de 12.000 reclusos en 20 cárceles de Venezuela apelaron al recurso extremo de la huelga de hambre para forzar el compromiso de los poderes del Estado de agilizar trámites procesales y usar mecanismos jurídicos que otorguen más rápidamente la libertad.
"Se logró una solución por consenso para que los jueces no apliquen el artículo 493 y se utilice el 501 del Código Procesal Penal, anunció el viceministro del Interior, Alcides Rondón, al término de una reunión entre autoridades judiciales, parlamentarias y del gobierno con comités de presos en un penal cercano a Caracas.
Tras el anuncio "terminó la huelga" y "la población está tomando sopa de res, según rezaba un cartel mostrado al exterior esta semana por internos de la cárcel El Rodeo, ubicada al este de Caracas.
El artículo 493 del Código restringe los beneficios a penados, como la libertad condicional o un régimen de trabajo especial, o casa por cárcel para el caso de enfermos crónicos o graves, a quienes hayan cumplido más de la mitad de la pena y mediante un sistema de cómputos que puede llevar libremente cada juez.
Esos beneficios siempre están vedados para quienes incurran en delitos graves, y es casi improbable su aplicación en los casos de delitos relacionados con drogas.
En tanto, el artículo 501 establece que las autoridades utilicen la norma que más favorezca al recluso en caso de duda.
A todo ello se añade el acostumbrado retardo procesal en Venezuela, con la mitad de los 19.000 presos existentes hoy en el país aún sin contar con condena firme, "en un clima de hacinamiento y violencia muchas veces sin control", según Carlos Nieto, de la organización no gubernamental Una Ventana a la Libertad.
"En las cárceles se arriesga la vida diariamente y a veces a cada minuto, destacó a IPS el activista.
Datos de la organización humanitaria Provea señalan que en 2003 perecieron en las cárceles venezolanas 402 internos, uno cada 22 horas, y de ellos 301 fueron abatidos por armas de fuego. Además, en ese lapso resultaron heridos 1.428 encarcelados, la mitad por impactos de bala.
En septiembre, los presos acompañaron con protestas en los establecimientos las marchas realizadas por sus familiares frente al parlamento, en Caracas, para presionar por atención a sus reclamos de una justicia más expedita, de mayor seguridad, asistencia de salud, así como la conversión de los penales en centros de trabajo.
Por considerar que sus demandas fueron desoídas, a mediados de este mes los presos de seis cárceles iniciaron una huelga de hambre y el movimiento se extendió hasta completar 20 centros de reclusión. Algunas permanecían en esa protesta extrema todavía el miércoles 26.
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, designó entonces a una combativa dirigente de sus seguidores en Caracas, Lina Ron, como delegada suya para dialogar con los presos y buscar una solución al conflicto, en tanto líderes parlamentarios se comprometían a estudiar reformas legales que favorecieran más a la población carcelaria.
Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Iván Rincón, admitió una solicitud de anulación de los artículos más polémicos y exhortó a los jueces del país a actuar según el acuerdo sin esperar la decisión definitiva de esta corte.
"Los jueces están facultados para no aplicar el artículo 493 (del Código Procesal Penal) en los casos que estimen conveniente, dijo Rincón. "En todo caso, lo fundamental es la preservación de los derechos humanos de los reclusos, añadió el magistrado, y pidió a los jueces penales que se presenten en las prisiones para estudiar los casos.
El viceministro Rondón anunció que en cada cárcel del país se establecerán "mesas técnicas, con participación de los reclusos, para estudiar caso por caso el otorgamiento de beneficios a quienes tengan méritos, así como la situación general de la prisión.
Además, el parlamento discutirá la modificación del Código Procesal Penal para que sean castigados los jueces, fiscales o funcionarios que ocasionen retardo procesal.
"Muchos presos, sin embargo, son escépticos y por eso se mantienen algunos focos de conflicto. Existen intereses a los que no conviene tener cárceles dignas, los de la 'industria del preso que cobran a los internos por seguridad, traslados o alimentación, dijo a IPS Humberto Prado, del no gubernamental Observatorio de Prisiones.
"La violencia podría desactivarse si se investiga quiénes son los que introducen o permiten introducir armas a los penales, si se limita el hacinamiento y se ponen en marcha las siempre ofrecidas promesas de combatir el ocio carcelario con oportunidades de trabajo, según Prado.
En el lado positivo, Provea reconoció en los últimos años acciones para mejorar la infraestructura de algunas cárceles y el anuncio gubernamental de que construirá nuevas, así como la introducción en las prisiones de algunos programas educativos para adultos lanzados por el gobierno de Chávez desde 2003.
Incluso en una cárcel, en la andina ciudad de Mérida, los presos operan su propia estación de radio comunitaria.
Otra nota destacada ha sido la negociación en este conflicto y la exhortación a deponer la huelga que hicieron siempre las autoridades, sin tomar acciones de represión del movimiento contestatario, además del anuncio de que no habrá represalias.
