Grupos de derechos humanos urgieron al Senado de Estados Unidos a revisar el papel del asesor legal presidencial Alberto Gonzales en la definición de políticas de tratamiento a sospechosos de terrorismo, antes de confirmarlo como fiscal general.
Gonzales, que probablemente se convertirá en el primer ciudadano de origen hispano en ocupar un cargo ministerial, fue criticado por activistas de los derechos humanos por aprobar una serie de memorandos que los críticos vinculan directamente con las torturas constatadas en la cárcel iraquí de Abu Ghraib y otros abusos que han salido a luz desde abril último.
En los memorandos más polémicos, Gonzales afirmó que las protecciones otorgadas por las convenciones de Ginebra de 1949 a los prisioneros de guerra no deberían aplicarse a los sospechosos de terrorismo, y que las leyes nacionales e internacionales que prohíben la tortura no se aplican a la detención y al interrogatorio de combatientes enemigos por decisión presidencial.
Gonzales debe demostrar que puede hacer juicios independientes en el marco de la ley, pero sus antecedentes en ese sentido no son alentadores, advirtió Lisa Massimino, directora en Washington de la organización Human Rights First, antes llamada Comité de Abogados sobre Derechos Humanos.
Las audiencias de confirmación de Gonzales, de 49 años, comenzarán este jueves en lo que sus partidarios llaman una batalla real entre el gobierno y la izquierda, en alusión a activistas de los derechos humanos, algunos opositores demócratas e incluso un puñado de legisladores republicanos preocupados por los antecedentes del candidato.
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Debido a la mayoría de 55 a 45 escaños que el gobernante Partido Republicano tiene en el Senado, se prevé que Gonzales será confirmado al frente del Departamento de Justicia.
Hay mucho en riesgo en esta batalla, escribieron Lee Casey y David Rivkin, miembros de la Sociedad Federalista, un grupo de abogados de derecha cuyos miembros dominan las más altas esferas del gobierno, en especial en el Departamento de Justicia, el Pentágono (Departamento de Defensa), la oficina del vicepresidente Dick Cheney y la propia Casa Blanca.
Está en juego nada menos que el futuro de la soberanía estadounidense, escribió la semana pasada en la publicación National Review, aludiendo a la posición de la Sociedad de que Estados Unidos no debe atarse a normas del derecho internacional que no haya ratificado expresamente.
Gonzales, de 49 años, cuyo origen pobre e hispano lo convierten en un candidato especialmente atractivo (en especial para los demócratas, preocupados por las recientes conquistas republicanas entre el electorado latino), creció en Houston, Texas.
Era el segundo de ocho hijos de un hogar que no tenía agua corriente ni teléfono, pero llegó a graduarse en leyes en la Universidad de Harvard y fue contratado por el estudio jurídico más poderoso del estado de Texas.
Cuando el actual presidente George W. Bush fue elegido gobernador de Texas en 1994, designó a Gonzales como su asesor general, luego secretario de Estado de Texas, y en 1999, miembro de la Corte Suprema estadual, antes de llevarlo a Washington como asesor legal del presidente y sus principales colaboradores.
Como juez, Gonzales se ganó la reputación de un conservador moderado, riguroso en la aplicación de las leyes —por ejemplo sobre aborto— a pesar de sus opiniones personales.
Políticamente, es más moderado que el actual fiscal general John Ashcroft, pero de todas formas se le considera absolutamente leal al presidente.
La organización de derechos humanos Human Rights Watch consideró el nombramiento de Gonzales en noviembre como una mala elección, mientras que Human Rights First y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) se mostraron más discretos en sus expresiones.
Pero todos los grupos han exigido, hasta ahora sin éxito, que el gobierno entregue al Senado documentos internos que arrojarían luz sobre el papel preciso de Gonzales en la aprobación de los memorandos más controversiales sobre la guerra contra el terrorismo.
Los memorandos referidos a las convenciones de Ginebra y al supuesto poder presidencial para redefinir la tortura, de modo de proteger a las fuerzas estadounidenses de la justicia nacional o internacional, se conocieron porque fueron filtrados a la prensa.
Los documentos revelados permiten apreciar claramente el papel de Gonzales en tres importantes posturas políticas. La primera se consagró en el decreto presidencial de noviembre de 2001 que estableció comisiones militares para juzgar y aun ejecutar a acusados de terrorismo en forma secreta, sin las garantías básicas del debido proceso.
La segunda de esas posturas políticas se reflejó en la afirmación, en enero de 2002, de que el presidente tenía autoridad constitucional para negar las garantías de las convenciones de Ginebra a prisioneros de guerra en Afganistán. Gonzales calificó incluso de rebuscadas y obsoletas algunas normas de esas convenciones.
La tercera se tradujo en el memorando emitido por el Departamento de Justicia en agosto de 2002, según el cual el presidente tiene autoridad de comandante en jefe para ordenar torturas y proponer defensas legales para oficiales acusados de abusos.
Todas estas posiciones han sido rechazadas por tribunales o, en el caso del memorando de la tortura, por el propio Departamento de Justicia, que el pasado jueves amplió la definición de tortura, aunque no aclaró si el presidente, como comandante en jefe, puede pasar por encima de leyes nacionales o aun de la Constitución.
Paradójicamente, la falta de aclaración de esa supuesta autoridad de comandante en jefe, la cuestión más explosiva planteada en el debate legal sobre la guerra contra el terrorismo, podría significar más problemas que ayuda para Gonzales, opinó Massimino.
