¿Qué hacer cuando un miembro de una organización social es detenido de modo arbitrario por la policía y corre riesgo de ser maltratado, lo cual sucede con asiduidad aún en Argentina? Un grupo de entidades encontró respuesta a ello en la formación de promotores de derechos humanos.
No podemos prescindir de los abogados, pero debemos tener las herramientas jurídicas para saber qué hacer ante la emergencia, explicó a IPS Carlos González, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase). Primero va la denuncia ante la fiscalía de turno, después una gacetilla de difusión, sintetizó el dirigente.
La capacitación de promotores de derechos humanos surgió ante la necesidad de los campesinos que integran el Mocase, porque en la noroccidental provincia de Santiago del Estero son muy frecuentes los abusos de terratenientes que apelan a fuerzas parapoliciales para amedrentar a los trabajadores rurales y a indígenas para expulsarlos de las tierras que ocupan.
En el marco de la Secretaria de Tierras, Derechos Humanos y Ambiente del Mocase, donde los campesinos van en busca de asesoramiento frente a algún desalojo violento, surgió en 2003 la idea de crear las llamadas Defensorías Populares Autónomas, que se reprodujeron luego con distintos nombres en decenas de organizaciones.
La réplica de este fenómeno se produce en un contexto de multiplicación de organizaciones sociales que reivindican sus derechos al trabajo, a la salud y la educación tras el colapso de fines de 2001 que afrontó Argentina. En algunos casos, las protestas son reprimidas con la persecución posterior a los activistas.
Las defensorías no constituyen una organización estructurada con una sede, sino un espacio, según prefiere definir González. Trabajamos con otras organizaciones para que, ante una emergencia, no haya que sentarse de brazos cruzados a esperar al abogado, sino que se sepa qué hacer, cómo desactivar el conflicto, remarcó.
Así, mediante talleres de formación de agentes facilitadores, los integrantes del Mocase con más experiencia asesoraron a miembros de otras agrupaciones campesinas, pero también a organizaciones de piqueteros, el movimiento de desempleo así identificado por su modalidad de protesta de bloqueo de rutas, de minorías sexuales o victimas de la violencia policial, entre otras.
Algunos abogados que trabajan en entidades defensoras de derechos humanos, como el Centro de Estudios Legales y Sociales o la Coordinadora contra la Represión Policial, asesoraron a los grupos. Pero la capacitación de promotores ûtambién conocidos como auxiliares de justicia— no es vertical.
Hay un intercambio de experiencias que permite a los participantes de los talleres identificar cuales serán las herramientas más eficientes para evitar violaciones a los derechos humanos o para denunciarlas si ya se perpetraron, señaló González.
Algunas veces la tarea preventiva hace innecesaria la intervención del profesional.
Los promotores realizan trámites para conseguir pensiones para ancianos o atienden problemas de contaminación por una fábrica que afecta la salud de los vecinos de su comunidad. También se interesaron por los talleres de formación organizaciones de obesos o de familiares de víctimas de accidentes de tránsito.
Roberto Marsenaro integra la agrupación de desocupados Javier Barrionuevo, miembro del Movimiento de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón que funciona en Esteban Echeverría, una localidad empobrecida de la oriental provincia de Buenos Aires.
Esa agrupación tomó su nombre de un miembro del movimiento muerto por un dirigente político durante un bloqueo de calle. El hombre tenía buenas relaciones con la policía, llegó hasta el piquete con su auto y como no lo dejaban pasar volteó una valla y mató de un disparo a Javier Barrionuevo, contó Marsenaro a IPS.
El homicida, Jorge Bogado, fue absuelto en pocos meses luego de que la fiscalía retirara los cargos por falta de pruebas.
Bogado se había inculpado por los disparos contra Barrionuevo y hubo al menos cinco testigos que declararon haber visto cuando extrajo el arma y apuntó contra el cuello del piquetero.
Empero, la policía comenzó entonces a perseguir a otros miembros del movimiento. Nos paraban a cada rato, nos pegaban, nos humillaban, y un día se llevaron a un compañero a una tosquera (cantera en desuso), lo hicieron desnudar, simularon que lo iban a violar, intentaron fusilarlo y después lo soltaron, siguió su relató.
Formado en la red de Defensorías Populares Autónomas, Marsenaro denunció ante la justicia por abuso de autoridad al policía y al gendarme que sometieron al militante a apremios, y lo hizo todo sin abogados. Pero también hay casos en los que consiguen evitar que el delito se concretara.
A veces va alguno de nosotros caminando por la calle y lo detienen por averiguación de antecedentes, entonces ya sabemos lo que hay que hacer para evitar que los golpes y abusos, asegura Marsenaro. Hablar con el comisario, exigir que se justifique la detención, hacer la denuncia judicial y difundir la noticia, enumera.
Para esto último cuentan con pequeñas redes de noticias sobre movimientos sociales y organizaciones no gubernamentales que llegan mediante sus comunicados a medios periodísticos de mayor incidencia.
Marsenaro también destacó la intervención de los promotores en una escuela, para evitar la expulsión de un menor. El niño, de ocho años, recuerda, tenía problemas de conducta y el subdirector del centro educativo le impidió la entrada a la institución. Cuando sus padres reclamaron les informó que había pedido su traslado a un internado.
Los promotores pidieron una entrevista con el directivo, pero ante la negativa a recibirlos fueron al Consejo Escolar, el organismo público que supervisa a las escuelas. Explicaron a los funcionarios que el menor era hijo de un discapacitado, que además era alcohólico, y que lo que el niño necesitaba era atención psicológica.
Tras dos meses de trámites y gestiones, el menor fue reincorporado a la escuela y recibe atención psicopedagógica. No sólo eso, además le dieron clases extra para que recupere lo que había perdido durante los dos meses que no fue al colegio, remarcó Marsenaro. (
