BRASIL: Gobierno participativo, pero no tanto

El gobierno brasileño de Luiz Inácio Lula da Silva destaca entre sus logros la instalación de varios mecanismos de diálogo con la sociedad civil, pero organizaciones no gubernamentales se quejan de que allí no se admite una verdadera participación en las decisiones.

La creación del Consejo de Desarrollo Económico y Social (CDES) y la realización de 11 conferencias nacionales para culminar numerosos debates a nivel municipal y estadual en 2003 y 2004, son señaladas como avances democráticos en un balance de la mitad de la gestión encabezada por el líder del izquierdista Partido de los Trabajadores.

El CDES se compone de 90 representantes de los más distintos sectores de la sociedad, incluyendo organizaciones no gubernamentales, sindicatos, académicos y empresarios, junto a 12 ministros. Su misión es discutir líneas de desarrollo nacional.

A su vez, las conferencias nacionales, que movilizaron a más de un millón de personas en los encuentros preparatorios, definieron políticas para el cuidado del ambiente, la salud, la seguridad alimentaria, derechos humanos y la igualdad para mujeres, entre otros temas tópicos.

El denominado Plan Plurianual (PPA), que define los grandes proyectos a ejecutar o puestos en marcha de 2004 a 2007, es uno de los que pasó por ese proceso de amplia discusión, en el que participaron 2.170 organizaciones en los 26 estados brasileños y el Distrito Federal.

La Secretaria General de la Presidencia fue la que se convirtió en el organismo encargado de la articulación del gobierno con la sociedad civil.

Otros consejos e instancias de consulta y concertación fueron también creados. El Comité de Articulación Federativa trata de recoger las propuestas de gobiernos estaduales y municipales para cuestiones financieras y tributarias. Muchos proyectos y reformas fueron negociados con sectores interesados.

Pero ”los resultados quedaron muy por debajo de las promesas hechas” al momento de convocar las consultas, señaló Guacira César de Oliveira, una de las directoras del Centro Femenista de Estudios y Asesoría (Cfemea). Los consejos no deliberan y sus miembros son nombrados por el mismo gobierno, acotó.

Las conferencias nacionales movilizaron mucha gente, pero fue ”una participación sin poder”, pues no se crearon mecanismos para ”compartir el poder con la sociedad civil organizada” ni para el control social, sostuvo De Oliveira en entrevista con IPS.

Un ejemplo claro de ello fueron las discusiones sobre el PPA. De sus 374 programas ”sólo 12 o 13 tienen previsto un seguimiento sobre la cuestión de género”, un reclamo del movimiento de mujeres para que no se reproduzcan las desigualdades que son el más grave problema brasileño, criticó la activista.

Hay mucho que corregir. En programas de generación de empleos y renta en el área rural, las mujeres siguen siendo sólo siete por ciento de los beneficiados por el crédito, informó a modo de ejemplo.

Pero la frustración más reiterada por los activistas sobre la escasa participación se registró en el proyecto para desviar partes de las aguas del río Sao Francisco, con el propósito de aliviar las sequías en las zonas semiáridas del nordeste, la región más pobre de Brasil.

”Todos los foros, con una sola excepción, se manifestaron en contra” del plan, pero el gobierno igual lo puso en marcha, observó la activista. Las opiniones negativas remiten a los altos costos de la obra y al grave deterioro sufrido en las últimas décadas por ese río que nace en el centro del país, con pérdida de bosques en sus orillas, sedimentación y reducción del flujo de agua.

Los múltiples consejos y foros son ”un avance”, pero no se traducen en las políticas públicas recomendadas, frustrando expectativas y, en muchos casos, como el del PPA, el gobierno usó las consultas para ”legitimar decisiones tomadas de antemano”, acusó Mauricio Santoro, investigador del independiente Instituto Brasileño de Análisis Sociales y Económicos (Ibase).

”En el núcleo duro del gobierno, es decir su equipo económico, la sociedad no es oída”, y es allí donde se adoptan las ”decisiones más importantes”, como el fuerte ajuste fiscal, el combate a la inflación con elevadas tasas de interés y la preparación del presupuesto, destacó a IPS.

”La sociedad civil puede opinar solo en cuestiones sociales, (pero) la economía es exclusiva de empresarios y tecnócratas”, concluyó.

Ibase y otras 11 organizaciones no gubernamentales decidieron el año pasado unirse en el proyecto Monitoreo Activo de la Participación de la Sociedad (Mapas), para evaluar las acciones participativas y principalmente los actores y conflictos que afectan el gobierno y la profundización de la democracia.

El resultado de los análisis será divulgado para orientar luchas sociales y ”recuperar este gobierno” para una verdadera participación, según los objetivos del proyecto.

Empero, es innegable que el gobierno presidido por Lula ”avanzó mucho” en la democratización del Estado, promoviendo una participación que ”no hace parte de la cultura política de América Latina”, a diferencia de Europa, comentó a IPS Joao Felicio, secretario de la Central Única de Trabajadores (CUT).

Son muchas las decisiones gubernamentales negociadas con el movimiento social. El salario mínimo a 300 reales (110 dólares), decidido el mes pasado para entrar en vigencia en mayo, representa un aumento de 15,4 por ciento y adoptado en respuesta a una movilización sindical, sostuvo a modo de ejemplo.

El CDES constituye una experiencia nueva en Brasil donde se hacen críticas duras al gobierno. Sus ideas y opiniones terminan por influir en las autoridades, pese a la ausencia formal de poder deliberativo y de ”decisiones bombásticas”, comentó el dirigente de la mayor organización sindical del país, cercana al gobernante Partido de los Trabajadores.

De la misma forma, las conferencias y otros foros participativos ”no se reflejan automáticamente” en el gobierno, ”que es de composición” de fuerzas políticas heterogéneas, ”con sectores simpáticos al movimiento social y otros no”, admitió.

Es necesario movilizarse y presionar por las políticas pretendidas, ”ya que la derecha también presiona” y no se puede esperar ”dádivas”, sentenció. ”Este es el gobierno más abierto a la participación social que he conocido”, concluyó.

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