En su segundo año de mandato, el presidente boliviano Carlos Mesa se halla en jaque debido a conflictos que amenazan con interrumpir su gestión, y el Congreso censuró a cuatro ministros por incrementar el precio de los combustibles.
Atravieso un momento crítico y difícil, dijo Mesa en tono sombrío ante un grupo de cristianos que llegaron hasta el Palacio de Gobierno para expresar apoyo al presidente, que el 9 de este mes hizo pública su intención de renunciar antes que usar la fuerza para reprimir a manifestantes.
Mesa llegó a la presidencia tras la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada, el 17 de octubre de 2003, forzada por masivas protestas que se articularon en torno a la resistencia contra un proyecto gubernamental de exportación de gas natural a México y Estados Unidos, a través de puertos chilenos. En aquellas movilizaciones murieron 67 personas, según familiares de la víctimas.
La dimisión fue seguida por la suspensión de ese proyecto, y Mesa se comprometió a cambiar la ley de hidrocarburos, realizar una consulta popular sobre el destino del gas natural y convocar a una Asamblea Constituyente.
Este viernes, mientras se realiza una marcha multitudinaria de organizaciones cívicas y empresariales en la ciudad central de Santa Cruz de la Sierra, 1.000 kilómetros al noreste de La Paz, los alcaldes de nueve ciudades importantes del país dieron a conocer una declaración en defensa de la democracia.
Está claro que hay una conspiración oligárquica que pone en riesgo el proceso democrático y la transición histórica, dijo Juan del Granado, alcalde de La Paz y portavoz de sus colegas de las ciudades de El Alto (contigua a La Paz y crucial en las movilizaciones de 2003), Oruro, Potosí, Tarija, Cochabamba, Sucre (todas sureñas), Trinidad (centro) y Cobija (norte).
Esa declaración, que no acompañó el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Percy Fernández, surgió al cumplirse la segunda semana se protestas organizadas y promovidas por organizaciones empresariales cruceñas en rechazo del incremento de precios de la gasolina y el combustible para motores diesel, de 10 y 23 por ciento, respectivamente, aprobada por el gobierno el 30 de diciembre.
Presionado por esas protestas, Mesa decretó el miércoles una disminución de seis por ciento del precio del combustible para motores diesel, pero esa medida también fue rechazada, con nuevas marchas de protesta y la ocupación de reparticiones públicas como el servicio de impuestos internos, la aduana, la dirección del trabajo y por algunas horas la torre de control del aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz.
Este viernes, el tráfico aéreo en esa terminal aérea fue interrumpido en horas de la mañana tras la acción de un grupo de personas que intervino las instalaciones del control aéreo y obligó al desvío de aeronaves que cumplían itinerarios nacionales.
Los alcaldes atribuyen a empresarios y dirigentes cívicos cruceños la intención de impedir la realización de la Asamblea Constituyente, proyectada para este año, y la aprobación de la nueva legislación sobre hidrocarburos, con una mayor carga impositiva para las transnacionales que explotan el petróleo y el gas natural bolivianos.
Si buscaban una rebaja del precio del diesel y el gobierno accedió a ese pedido, no se explica la continuidad de las movilizaciones. ¿Qué buscan entonces?, dijo el ministro de la Presidencia, José Galindo.
Las organizaciones empresariales en conflicto, además de protestar contra el alza de precios de carburantes, reclaman la autonomía política y económica de su región, que es la de mayor producción agroindustrial.
En 2004, el país realizó exportaciones por valor de 2.000 millones de dólares, un récord histórico que equivalió a la cuarta parte del producto interno bruto (PIB), y Santa Cruz de la Sierra fue responsable de 30 por ciento de ese desempeño, con exportaciones por valor de 600 millones de dólares.
Por otra parte, 204 personas ingresaron en huelga de hambre en oficinas públicas como protesta contra el gobierno, y según el vicepresidente de los empresarios cruceños, Germán Antelo, la pelea es por la derogación del decreto que eleva los precios de los carburantes y por una reconfiguración del país, dijo en referencia al pedido de autonomía.
El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Roberto Mustafá, justificó el pedido de rebaja de precios de los hidrocarburos, pero lamentó que las movilizaciones reduzcan la actividad productiva en la zona de conflicto.
Carlos Mesa es un mal necesario, aunque se haya equivocado en los últimos 14 meses, dijo a IPS Roberto de la Cruz, concejal de la ciudad de El Alto y líder del Movimiento 17 de Octubre, también conocido como M-17, cuyo nombre conmemora la renuncia de Sánchez de Lozada.
De la Cruz, uno de los líderes de las movilizaciones populares que precipitaron aquella renuncia, afirmó que es preciso impedir el reavivamiento de la oligarquía y el neoliberalismo impulsado por el empresariado, y dijo sospechar que Sánchez de Lozada alienta las protestas cruceñas.
El jueves, la mayoría opositora de la Cámara de Diputados censuró a Galindo y a los ministros de Desarrollo Económico, Horst Grebe, de Hacienda, Luis Jemio, de Hidrocarburos, Guillermo Torres, tras declarar su insatisfacción por las justificaciones gubernamentales del alza de precios de combustibles.
El Poder Ejecutivo considera pertinente ese incremento por la urgencia de disminuir el déficit fiscal, que ronda cinco por ciento del PIB, y recaudar unos 80 millones de dólares para cubrir un aumento de salarios a los empleados públicos.
El voto de censura no obliga a Mesa a remover a los ministros, y una fuente de Palacio de Gobierno dijo a IPS que el presidente hará conocer en las próximas horas su decisión de que los cuatro continúen e sus cargos.
Por otra parte, en la zona de Unduavi, a 50 kilómetros de La Paz, un millar de cultivadores de hoja de coca de la región de los Yungas, en el occidental departamento de La Paz, cumplen su quinto día de bloqueo de la carretera que une esa ciudad con la región semitropical, y demandan que se paralice la construcción de infraestructura para la lucha contra las drogas
El viceministro de Defensa, Roberto Tellería, dijo estar dispuesto a modificar parte de las obras, pero no a suspenderlas, y por el contrario consideró urgente llevarlas a cabo para el control y fiscalización de productos químicos que se emplean en la fabricación de estupefacientes en la zona.
El lunes, el dirigente indígena y diputado nacional Felipe Quispe inició una huelga de hambre, que lleva adelante mientras dirige, como líder de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, el bloqueo de caminos en la zona occidental, en demanda de mejores condiciones sociales y económicas para los afiliados a esa organización.
El sector campesino presentó un pliego de 72 demandas, que incluyen tierras, mayores facilidades para la comercializar sus productos y la eliminación del alza de precios de hidrocarburos. (
