La policía venezolana busca esclarecer el asesinato de Danilo Anderson, el fiscal investigador de la participación civil en el frustrado golpe de Estado de 2002, en el marco de una suerte de guerra rápida que ya cobró tres vidas y motiva quejas de opositores por entender que se excede en los procedimientos.
Organizaciones no gubernamentales humanitarias, ante las críticas, han pedido a las autoridades que las investigaciones y capturas de sospechosos se hagan con estricto apego a las normas jurídicas.
La justicia tiene que actuar con prontitud e idoneidad, pero a la vez debe valorarse la vida de todas las personas como sagrada, comentó a IPS Alfredo Ruiz, de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, tras precisar que todas las actuaciones pueden ser luego legalmente anuladas si no se respetan los procedimientos y los derechos humanos.
Dos sospechosos de estar involucrados en el atentado con explosivos contra Anderson murieron en tiroteos con fuerzas de seguridad, que también sufrió la baja de uno de sus detectives.
También tres veteranos ex agentes policiales miembros de una misma familia fueron detenidos acusados de la autoría material del asesinato y sometidos, según sus familiares y abogados, a horribles torturas.
Estas críticas sobre el accionar policial y los supuestos abusos de los detenidos fueron rechazadas por distintos portavoces del gobierno.
Anderson, de 38 años y autodefinido un izquierdista radical, investigaba a unos 400 civiles que acompañaron de distintas maneras la investidura el 12 de abril de 2002 del entonces líder de la principal asociación empresarial venezolana Pedro Carmona como gobernante de facto en reemplazo del presidente Hugo Chávez, quien estuvo arrestado dos días en un cuartel.
También este fiscal condujo la acusación de otros casos emblemáticos, como el enfrentamiento a balazos en el marco de la marcha opositora sobre la sede del gobierno en vísperas del golpe de Estado cívico-militar y donde fueron involucrados policías que responden en su jurisdicción a una alcaldía entonces gobernada por un opositor de Chávez y civiles afines al presidente.
Otra causa en sus manos fue la que puso frente a un tribunal a un alcalde del sudeste caraqueño por tolerar el asedio en esos mismos días contra la embajada de Cuba en Venezuela.
El fiscal Anderson murió calcinado cuando una bomba-lapa estalló bajo la camioneta que conducía el 18 de noviembre, convirtiéndolo en la primera víctima de un atentado de este tipo desde 1960 en Venezuela.
Sus restos fueron sepultados con grandes honores, y el gobierno, la oposición y la opinión pública en general condenaron el crimen, mientras los mejores equipos policiales se lanzaron tras los asesinos, según señaló entonces el ministro del Interior, Jesse Chacón.
El 23 de noviembre en un céntrico cruce de vías en Caracas se produjo un intercambio de disparos entre policías y una persona que era seguida como sospechosa.
En ese enfrentamiento perecieron el detective Juan Pavón y el perseguido, quien resultó ser el abogado Antonio López Castillo, hijo del ex funcionario público Antonio López y de la ex senadora del socialcristiano Copei Haydée Castillo.
En la residencia de López Castillo, allanada de inmediato, se encontraron armas potentes y explosivos. En ese procedimiento fueron detenidos sus padres, septuagenarios, quienes fueron esposados para llevarlos a rendir declaración.
La imagen de los padres de López Castillo esposados fue destacada por los medios de prensa que han militado contra Chávez y utilizada por dirigentes de partidos de la oposición, comenzando por el ex presidente venezolano Luis Herrera Campins (1979-1984), para acusar a la policía de sevicia, excesos y trato indigno a los detenidos.
El 25 de noviembre fue abatido en un motel de Barquisimeto, ciudad ubicada 300 kilómetros al oeste de Caracas, Juan Sánchez, otro ex policía buscado también como sospechoso del atentado.
El ex ministro de Justicia y ex jefe de la policía judicial Fermín Mármol advirtió que, si se quiere llegar a la verdad, no puede hacerse sobre un reguero de cadáveres. Hay que preservar la vida de los presuntos culpables para llegar a la verdad del crimen, apuntó.
En tanto, las esposas de los hermanos Otoniel y Rolando Guevara y la de su primo Juan Bautista Guevara, denunciaban por esas horas la supuesta desaparición de estos tres ex agentes de seguridad, de quienes Sánchez y López Castillo eran socio y amigo, respectivamente.
Las tres mujeres y el abogado Pedro Castillo sostuvieron que los ex detectives, socios de una galería privada de tiro al blanco y señalados como posibles autores materiales del atentado contra Anderson, fueron sometidos a torturas con drogas, golpes, electricidad e intento de asfixia con bolsas plásticas en la cabeza.
Los hermanos Guevara tienen como antecedente haber sido procesados por ocultar en Venezuela en 2001 al entonces prófugo de la justicia peruana Vladimiro Montesinos, quien fuera asesor de seguridad del presidente Alberto Fujimori (1990-2000), aunque finalmente esos juicios no prosperaron.
El fiscal general, Isaías Rodríguez, dijo a periodistas el 23 de noviembre que desde tres días antes interrogaban a Juan Bautista Guevara, pero las fuerzas policiales negaron haberlo detenido. El día 28 fue encontrado en un hotel de la sudoccidental ciudad de Guanare y capturado.
Otoniel y Rolando Guevara fueron detenidos dos días antes que su pariente en un paraje del centro del país por efectivos de la militarizada Guardia Nacional, quienes los encontraron atados y amordazados a la vera de un camino.
Luego que la prensa y la televisión divulgaron estas denuncias, el ministro Chacón deploró que ahora los victimarios pretenden convertirse en víctimas. Se olvida que tratamos casos de terrorismo y de que murió un abnegado detective, Juan Pavón.
Pero dirigentes opositores como César Pérez y Jorge Sucre, de centroderecha, y Pompeyo Márquez y Leopoldo Puchi, de centroizquierda, advirtieron que el gobierno está montando una oleada represiva tras el asesinato de Anderson. La violación de los derechos humanos es inadmisible, subrayó Puchi a IPS.
Carlos Correa, de la organización defensora de derechos humanos Provea, indicó a IPS que todos los procedimientos tienen que garantizar el debido proceso. La justicia tiene que respetar los derechos de todas las personas.
El vicepresidente José Vicente Rangel, cabeza del Ejecutivo mientras Chávez está de gira por Medio Oriente, admitió que hubo exceso policial al trasladar esposados a los septuagenarios López y Castillo, pero advirtió que la manipulación mediática y politiquera de la oposición puede frustrar la realización de la justicia.
Prácticamente el horrendo crimen (de Anderson) ha sido silenciado. Se le ha colocado en un segundo plano y se tejen especulaciones orientadas a restarle importancia al hecho, deploró Rangel.
Chacón, por su parte, dijo que ya tenemos indicios suficientes sobre la autoría material del atentado contra Anderson, así como pistas sobre los responsables intelectuales del ataque.
El martes 30, el juez que lleva el caso ordenó formalmente la detención de Juan Bautista Guevara por el presunto delito de homicidio calificado.
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