La esperanza no acabó. Pero el principal combustible de la campaña que llevó el ex obrero Luiz Inácio Lula da Silva a la presidencia de Brasil, hace dos años, se debilitó y buena parte de su sobrevida se debe al inesperado crecimiento económico de cinco por ciento en 2004.
En la última encuesta divulgada, realizada del 14 al 17 de este mes, la gestión del gobierno recoge la aprobación de 45 por ciento de los consultados por el instituto Datafolha, 10 puntos porcentuales más que en agosto, cuando el país aún sufría los efectos del estancamiento del año pasado. Ahora, sólo 13 por ciento calificó la administración de mala o pésima.
Sin embargo, el triunfo del pragmatismo de Lula frustró a muchos de quienes esperaban cambios económicos y sociales relevantes. Viejos aliados y compañeros de ruta pasaron a la oposición, por considerar traicionadas las ideas izquierdistas y promesas del ahora gobernante Partido de los Trabajadores (PT).
Tres diputados y una senadora se rebelaron ante las nuevas orientaciones del PT y lo abandonaron para construir el Partido Socialismo y Libertad (PSOL). El partido liderado por Lula contaba al comienzo de su mandato de cuatro años, el 1 de enero de 2003, con 94 de los 513 diputados y con 14 de los 81 senadores.
También dos pequeños partidos de izquierda, el Democrático Laborista y el Popular Socialista, dejaron la coalición que apoyó al candidato del PT en las elecciones de octubre de 2002 y que también conforman los conservadores partidos Laborista Brasileño, Liberal, el Progresista y el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), entre otros.
El PMDB decidió apartarse del gobierno en una convención nacional, que sus dirigentes que ocupan lugares en el gabinete ministerial lograron anular apelando a la justicia.
Las decepciones se extendieron también a sectores de la sociedad civil. La autorización temporal de las siembras irregulares de soja genéticamente modificada, la decisión de mantener el programa nuclear, el fracaso en contener la deforestación amazónica y otras claudicaciones frustraron los ambientalistas, por ejemplo.
El Movimiento de los Sin Tierra (MST), que moderó sus acciones el primer año de gobierno de Lula, volvió este 2004 a sus ocupaciones de predios y sedes gubernamentales, especialmente en el llamado abril rojo, una movilización cuyo nombre apeló al color de sus emblemas.
La presión obligó el gobierno a fijar la meta de entregar tierras para trabajar a 430.000 familias en un lapso no mayor de 2006, de las cuales 115.000 este año.
Empero, se incumplió esa promesa en lo que corresponde a 2004 y, además, la reforma agraria no camina, dejando sin perspectivas a las 200.000 familias que viven en campamentos a la espera de lograr asentarse, comentó Joao Pedro Stédile, uno de los coordinadores del MST, que reúne a campesinos en busca de parcelas improductivas para trabajarlas.
Varios movimientos sociales también se apartaron del gobierno, aunque sin pasar a la oposición abierta. Uno de ellos es la Central Unica de Trabajadores (CUT), hermana sindical del PT, que terminó por expresar sus insatisfacciones este mes a través de una marcha a Brasilia para reclamar un salario mínimo digno y la reducción de impuestos sobre los salarios.
Lula acogió parcialmente los reclamos, anunciando un aumento de 30 por ciento en el salario mínimo a partir de mayo.
En general los activistas reconocen que se ampliaron en este gobierno los mecanismos de participación. Además de los consejos en los que tienen voz distintos sectores sociales y empresariales, se realizaron varias conferencias nacionales, que culminaron procesos de consultas locales y estaduales para definir políticas ambientales, para la mujer y la juventud, entre otras.
Pero la crítica más frecuente se dirige a la política monetarista en materia macroeconómica, un rumbo aún recomendada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), continuando e, incluso, profundizando, la orientación del gobierno anterior, blanco de duros ataques del PT.
Mensualmente, los empresarios del área productiva, aliados cortejados en la campaña electoral, son otros que manifiestan su frustración ante la decisión del Banco Central de mantener su tasa básica de interés entre las más elevadas del mundo, buscando contener la inflación.
La actual dirección del Banco Central recibió esa tasa en 25,5 por ciento en enero de 2003, la bajó a 16 por ciento este año, pero desde septiembre la viene elevando nuevamente hasta el 17,75 por ciento vigente desde 15 de diciembre.
A eso se suma un ajuste fiscal sin precedentes, con una meta de superávit primario (sin contar el pago de la deuda) equivalente a 4,5 por ciento del producto bruto interno (PBI), superando la recomendación del FMI y cumplida con creces. Si se incluye el servicio de los adeudos, se está frente a un déficit fiscal de casi cuatro por ciento.
De cualquier modo, tantos frenos no impidieron que la economía creciera 5,3 por ciento en los tres primeros trimestres de este año, esperándose que termine el año en cinco por ciento. El gobierno aprovecha ese éxito buscando acallar los críticos.
Brasil entró en un largo ciclo de crecimiento, porque juntó, por primera vez en 30 años, equilibrio presupuestario, inflación controlada y cuentas externas favorables, según explicó el ministro de Hacienda, Antonio Palocci, considerado el hombre fuerte del gobierno.
En el área social, pese a la limitada capacidad de inversiones públicas debido al esfuerzo fiscal, se confía en los efectos positivos especialmente de la llamada Beca-familia, un plan que ya beneficia a 6,57 millones de familias pobres, con una ayuda de 15 a 95 reales (5,55 a 35 dólares) mensuales. La meta es alcanzar 11,4 millones de familias en 2006.
La beca, que unifica varios mecanismos de transferencia de renta, forma parte del Programa Hambre Cero, que, además de asegurar alimentación a los muy pobres, promueve educación, salud, la agricultura familiar, microcrédito, saneamiento básico y otras mejoras estructurales, fomentando el desarrollo de economías locales.
Mantener el crecimiento económico, ampliar los programas sociales y generar mas empleos son objetivos para el próximo año anunciados por Lula. Cumplirlos es vital para sus planes de reelección en 2006.
Para eso el gobierno pretende poner en marcha medidas para crear un ambiente más favorable a las inversiones, como una menor tributación de los salarios, más seguridad ciudadana y rapidez en los procesos judiciales, además de la reducción de las dificultades para abrir o clausurar empresas.
El ministro Palocci anunció también que propondrá al Congreso una ley concediendo autonomía operacional al Banco Central, para mejorar la gestión de la política monetaria. Es una idea polémica que debe provocar nuevas disensiones en el PT y las fuerzas que siguen apoyando el gobierno.
Combinar ortodoxia económica con crecimiento y avances sociales es el reto que Lula y su gobierno asumieron, aunque les costó la pérdida de aliados y la destrucción de muchos sueños. La popularidad del presidente indica que la esperanza se mantiene en amplios sectores populares, que reconocen la mejora económica de este semestre. (
