La lucha para que los gobiernos del mundo reconozcan los derechos humanos de los indígenas comenzó mucho antes de que la ONU dedicara un decenio a su situación. Pero no fue suficiente, y ahora se necesitan otros 10 años.
El gran reto de la Década Internacional para los Pueblos Indígenas fue la mera redacción de un documento, al cual funcionarios de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) han calificado de "sociedad" entre los estados y los 350 millones de nativos del mundo.
La Década concluye esta semana, con apenas dos de los 45 artículos del "Proyecto de Declaración sobre los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas" acordados.
Por esa razón, Andrea Carmen, directora ejecutiva del Consejo del Tratado Internacional Indígena con sede en Estados Unidos, se declaró junto con otros cuatro dirigentes aborígenes en huelga de hambre, mientras asistían en Ginebra a las negociaciones finales de la declaración.
Y no fue una medida "desesperada", explicó a IPS.
"Queríamos hacer otra cosa más allá de los habituales discursos. Necesitábamos abrir caminos y hacer escuchar las voces de otros pueblos indígenas de todo el mundo" que no estaban presentes en las negociaciones de Ginebra, agregó.
Los ayunantes recibieron cientos de cartas de apoyo de comunidades indígenas de todo el mundo y que se expusieron en un panel del edificio de la ONU en Ginebra.
Como consecuencia de la protesta, funcionarios del foro mundial aseguraron que el texto, aprobado en 1994 por la Subcomisión de Derechos Humanos sobre la Prevención de la Discriminación y la Protección de las Minorías, sería la base sobre la que se desarrollarían las negociaciones en la sesión de la próxima Comisión de Derechos Humanos de la ONU en mayo de 2005.
Así, los indígenas tuvieron garantías de que no se echaría mano a un documento "diluido", sino a ese proyecto, producto de una década de discusiones entre comunidades indígenas, expertos y gobiernos.
La semana pasada, la Asamblea General de la ONU proclamó la Segunda Década Internacional de los Pueblos Indígenas, a partir del 1 de enero. La resolución urge a los 191 países miembros del foro mundial a completar un borrador final de la declaración lo más pronto posible.
"Es frustrante ver todo lo que se está tardando. Pero no debería extrañarnos que revertir todo este legado de colonización nos lleve algún tiempo más y mucha voluntad política", dijo Carmen.
El proyecto de declaración reconoce los derechos colectivos de los pueblos nativos a la tierra y a los recursos naturales, pero algunos gobiernos —especialmente los de Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Australia y Nueva Zelanda— insisten en que se limitarán a reconocer los derechos individuales de los indígenas.
El delegado estadounidense en la última sesión de la Comisión de Derechos Humanos, Luis Zúñiga, dijo que su país estaba dispuesto a reconocer la "autodeterminación interna" de los pueblos nativos, que implica el derecho a decidir sobre asuntos como impuestos, educación, manejo de la tierra y de los recursos e integración de miembros.
"El proyecto de declaración no es un instrumento de derechos humanos, sino un manual sobre cómo los estados deben conducir su vínculo con los pueblos indígenas", indicó Zúñiga.
"No apoyaremos negociaciones sobre un borrador que pretende reordenar las relaciones internas dentro de un estado democrático soberano", añadió.
A pesar del impasse respecto de la declaración, Carmen consideró que la Década tuvo un impacto positivo. "Los derechos indígenas a los recursos naturales, la tierra y la determinación fueron reconocidos por organismos internacionales. Eso fue un enorme impacto", dijo.
"Soy, definitivamente, optimista, porque los asuntos están avanzando a nivel internacional", dijo a IPS en una entrevista anterior el coordinador de la Red Asiática de Pueblos Indígenas y Tribales, Suhas Chakma.
Pero Arthur Manuel, ex jefe de la Primera Nación Neskonlith en la provincia canadiense de Columbia Británica, consideró que los pueblos indígenas terminaron frustrados en el proceso de elaboración de la declaración por culpa de los gobiernos.
"Países como Canadá jugaron un papel clave en minimizar las aspiraciones de las comunidades nativas. Eso fue obvio en algunas de las cosas que he hecho en los últimos cuatro o cinco años", dijo Manuel a IPS.
El dirigente indígena fue una de las personalidades más extravertidas en reuniones de la ONU sobre diversos asuntos, como el desarrollo sustentable y la biodiversidad. En 2003, invitó a funcionarios de la ONU a apreciar el sistema de tenencia de tierra desarrollado por su comunidad.
"Canadá podría enviar mucha gente a las reuniones internacionales, pero nunca tuvimos un apoyo financiero consistente para eso", se lamentó Manuel.
El Fondo Voluntario para Poblaciones Indígenas de la ONU indicó en 2004 que había recibido este año 547 pedidos de financiamiento de organizaciones e individuos que querían asistir a reuniones de los tres organismos del foro mundial a cargo de las cuestiones nativas. Sólo pudo ayudar en 110 de esos casos.
La semana pasada, alejado del liderazgo de su comunidad, Manuel viajó a Estados Unidos para aprender cómo instalar una estación de radio de baja frecuencia para enseñar a su pueblo cómo sortear los obstáculos que impone el gobierno canadiense a su desarrollo.
"No pueden encontrarse soluciones de largo plazo a través de los programas y servicios del Departamento de Asuntos Indígenas del gobierno federal, porque no brindan independencia suficiente", explicó.
"El único modo en que los pueblos indígenas obtendrán algún grado de independencia es a través de la conquista de sus derechos como comunidades, no a través del gobierno", concluyó.
