España finaliza el año con importantes avances sociales y nubes negras en el horizonte, impulsadas por movimientos nacionalistas que cuestionan su identidad como nación y su conformación como Estado.
Dos de esos avances sociales fueron tema principal de la última reunión del Consejo de Ministros de este año, celebrada este jueves, en la que se dispuso la puesta en vigor del reglamento de la ley de inmigración y se aprobó un proyecto de ley que permitirá el matrimonio entre personas del mismo sexo.
A los pocos días de asumir la presidencia del gobierno, en mayo, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero cumplió su promesa de retirar las tropas españolas de Iraq, destinadas sin autorización parlamentaria por su antecesor, el derechista José María Aznar (1996-2004), del Partido Popular (PP).
Según encuestas, la jugada elevó notoriamente la nota de Zapatero en la opinión pública, abrumadoramente contraria a contribuir con la guerra iniciada por Estados Unidos en marzo de 2003 contra Iraq.
Estas medidas y el diálogo con organizaciones empresariales y sindicales y partidos de la oposición marcan un nuevo clima.
Pero se registran problemas originados en los movimientos y partidos nacionalistas del País Vasco y de Cataluña, dos de las 17 comunidades autónomas de España.
El golpe más duro fue recibido por Madrid este jueves. Contrariando la mayoría de los pronósticos, el Parlamento Autónomo Vasco aprobó el Plan Ibarretxe, presentado por el jefe del gobierno vasco, que plantea una relación de igualdad de la comunidad con España y reivindica el derecho a la autodeterminación.
Juan José Ibarretxe afirmó que el plan no ofrece el puño sino la mano y no está proponiendo un proyecto para romper con España, sino de convivencia amable, basado en que el País Vasco no es parte subordinada del Estado español.
El plan incluye la convocatoria de un referéndum en el País Vasco, para pronunciarse por la reforma del estatuto de autonomía de la comunidad.
Con los votos contrarios del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y del PP, la coalición gobernante en el País Vasco (integrada por nacionalistas moderados), contó con la adhesión de tres legisladores del brazo político del ilegalizado grupo terrorista ETA, que dieron así mayoría al proyecto.
Los legisladores pro etarras prestaron un apoyo fundamental al plan, pese a que previamente se habían pronunciado contra el mismo.
Mientras a orillas del mar Cantábrico el nacionalismo vasco se fortalece como problema para Madrid, del otro lado de la península ibérica, en las costas del Mediterráneo, cada día se ve más nítido el nacionalismo catalán.
En la Comunidad Autónoma de Cataluña preside el gobierno el socialista Pasqual Maragall, pero gracias al apoyo de Ezquerra Republicana de Cataluña (ERC), un partido de izquierda radical y nacionalista.
También desde allí se demanda un nuevo estatuto de autonomía que reconozca a Cataluña como nación, lo que demandaría una reforma de la Constitución española.
Pero ya Maragall hace sentir sus reivindicaciones, como el reclamo de administrar la asistencia social (incluidas las jubilaciones) o que la selección de fútbol catalana pueda competir con la española.
Así como la influencia de ETA (Euskadi Ta Askatasuna, Patria Vasca y Libertad en vascuence) parece diluirse cada vez más por el acoso político y policial en su contra, la fuerza de los nacionalismos moderados se sienten, y se harán sentir en los próximos meses de manera crítica.
Este jueves, el Poder Ejecutivo dio curso al reglamento de la Ley de Extranjería, que permitirá su entrada en vigor a mediados de enero, cuando sea publicado en el Boletín Oficial. A partir de entonces, unos 800.000 inmigrantes sin documentos y llegados a España antes del 31 de agosto podrán obtener permiso de residencia y regularizar su permanencia.
El gobierno también aprobó el proyecto de ley que posibilitará el matrimonio entre homosexuales, y que será tramitado en el parlamento durante el primer semestre de 2005, acompañado de intensos debates sociales.
El PSOE, los ecologistas y otros partidos de izquierda apoyan sin fisuras el proyecto, mientras el PP, principal fuerza de oposición, y la Iglesia Católica ya han señalado su rechazo.
Los católicos encabezan la recolección de firmas contra la iniciativa, pero los números de votos en el parlamento permiten prever que España será en 2005 uno de los pocos países del mundo en legalizar el matrimonio homosexual.
La vicepresidenta primera del gobierno María Teresa Fernández de la Vega subrayó ante periodistas que la ley eliminará una discriminación injustificada.
La institución matrimonial no estará amenazada, sino que se reforzará al dar cabida y acoger a colectivos de personas que son iguales que las demás, agregó.
Interrogada respecto de la actitud de la Iglesia, Fernández de la Vega respondió que respetaba la postura católica y la convocatoria a las manifestaciones que se consideren oportunas. Pero ello no altera las competencias del gobierno, concluyó.
