Al celebrarse este lunes el vigésimo sexto aniversario de la Constitución de España, las presiones de mayor autonomía y hasta independentistas de los nacionalistas vascos, catalanes y gallegos parecen una amenaza mayor sobre la ley fundamental que las propias bombas puestas por ETA.
A la misma hora que en el Palacio de Las Cortes, sede del Congreso de los Diputados, culminaba el acto conmemorativo, una llamada anónima en nombre de ETA (Euskadi ta Askatasuna, Patria Vasca y Libertad en vascuence), al diario Gara, afín a este grupo terrorista vasco, avisó que a las 13.30 hora local estallarían bombas en siete ciudades como efectivamente ocurrió luego.
Las bombas, o bombillas como las calificó un experto policial, tenían cada una entre 50 y 70 gramos de nitrato de amonio, por lo que no llegaron a causar grandes daños aunque y solamente dejó tres heridos leves.
Eso no es una operación guerrillera ni nada por el estilo. Cualquiera puede fabricar esos artilugios, ponerles un detonador con un reloj y distribuirlas, como lo fueron, en bares, cafeterías, parques y playas de estacionamiento de vehículos, añadió el experto.
El artefacto colocado en la ciudad de Málaga, 550 kilómetros al Sur de esta capital, de haber sido mucho más potente pudo haber causado una tragedia, pues donde fue hecha estallar estaba programada una marcha antiglobalización, que la policía alcanzó a desviar antes de que llegase allí.
A la cita en el Palacio de las Cortes faltaron los parlamentarios nacionalistas y Juan José Ibarretxe, jefe del gobierno del País Vasco, el único de todos los autónomos de España encabezado por un partidario de imponer la autodeterminación, algo no contemplado en la Constitución española en vigencia.
El ministro de Defensa, José Bono, se refirió a esas ausencias y a los festejos previos realizados en la céntrica Plaza de Colón, al señalar que a nadie puede disgustar una fiesta que evoca la igualdad y la solidaridad entre los españoles, excepto a aquellos a los que no les guste la igualdad ni la nación que la garantiza: España.
El derecho a la autodeterminación es defendido también, aunque de forma indirecta, por el socialista que preside la Comunidad Autónoma de Cataluña, Pasqual Maragall.
Empero la autodeterminación fue rechazada por 75 por ciento de los consultados en una encuesta realizada en toda España por la firma Sigma-2 y dada a conocer este mismo lunes por el madrileño diario El Mundo.
El jefe del gobierno vasco presentó al Congreso de esa comunidad autónoma un proyecto de ley, conocido como Plan Ibarretxe que, de aprobarse, chocaría con lo establecido en la Constitución española, pues incluye el derecho a la autodeterminación.
Paralelamente, Maragall se ha pronunciado en estos días por una reforma de la Constitución que contemple sus reivindicaciones.
En vísperas de conmemorarse el aniversario de la Constitución, el dirigente de la sección catalana del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) se pronunció por la reforma constitucional y que se dé cabida en la misma a las diversas realidades que quieren convivir en la nación de naciones que es España.
Para él hay tres naciones en España, que son Cataluña, Galicia y el País Vasco, ahora en condición de Comunidades Autónomas.
Mientras que las otras 14 que conforman España, según Maragall, en la Constitución reformada deberían seguir siendo reconocidas sólo como autonomías y no como naciones o nacionalidades.
Ante eso, el presidente de las Cortes, el también socialista Manuel Marín, al hablar en el acto conmemorativo recordó que la Constitución es el punto de partida de la democracia española a la que se llegó gracias al consenso integrador de todas las fuerzas políticas que cooperaron y trabajaron en su elaboración.
Si la reforma se pretendiese acordar otra vez por consenso, como la encaran el gobernante PSOE y la principal fuerza de oposición, el centroderechista Partido Popular (PP), se da por descartado que no incluirá el reconocimiento del derecho a la autodeterminación ni la calificación de España como nación de naciones, ya que se entiende que existe una sola, la española.
En principio el PSOE y el PP acordaron modificar la Constitución en cuatro aspectos: incluir la representación de las 17 Comunidades Autónomas en el Senado, consignar el nombre de todas ella en el texto magno, establecer la igualdad de derechos de mujeres y hombres incluyendo el de la sucesión de la Corona y adecuarla a la ley fundamental europea, que en España se someterá a referéndum el 20 de febrero.
La falta de consenso con los nacionalistas, el Plan Ibarretxe, las posiciones de Maragall y en especial del partido con el que gobierna coligado, Izquierda Republicana de Cataluña, y las de otros partidos nacionalistas minoritarios, aunque no simpatizantes de ETA, se constituyen en el principal obstáculo para la reforma constitucional.
Más al extremo están dos centenares de dirigentes políticos y sindicales del País Vasco, que difundieron este lunes un escrito firmado por ellos a instancias del brazo político de ETA pronunciándose en contra de la Constitución Europea.
Su oposición la fundamentan en que consideran que esa Carta Magna no respeta los derechos del pueblo vasco y condena a muerte a las naciones sin Estado.
Más de 200 representantes políticos, sindicales y de diversos sectores sociales han adherido ya al manifiesto elaborado por Herritarren Zerrenda (HZ) en contra de la Constitución Europea por considerar que no respeta los derechos del pueblo vasco y condena a muerte a las naciones sin Estado.
Asimismo y refiriéndose al aniversario de la Constitución española, puntualizaron que el País Vasco no tiene nada que celebrar por entender que la de este lunes es una jornada de imposición, ofensa e injusticia para nuestro pueblo.
Con ese trasfondo se conoció el estallidos de las bombas en distintas partes del país. El jefe del gobierno español, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, declaró en las Cortes que el único destino para ETA es el fin de la violencia y el abandono de las armas.
En caso contrario, subrayó, ETA sabe que el estado de derecho, la democracia, es, ha sido y será más fuerte que cualquier intento de cambiar las reglas a través de la violencia.
