Las fuerzas políticas de Brasil, a partir de la división de dos partidos que dejan la alianza de gobierno, tenderán a reorganizarse el próximo año con vista a la sucesión del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, afectando con ello la segunda mitad de su mandato.
Parece irreversible la separación entre dirigentes que quieren la independencia y los que apoyan el gobierno en el centroizquierdista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que ostenta la mayor representación en el Senado y la segunda en la Cámara de Diputados.
Una controvertida convención extraordinaria realizada el domingo aprobó, por 381 votos contra sólo 10, que el PMDB debe retirarse del gobierno y dejar los cargos que ocupan, entre ellos dos ministerios.
Esos ministros Eunicio de Oliveira, de Comunicaciones, y Amir Lando, de Previsión Social, no reconocieron la decisión y se mantendrán en sus puestos. Igual actitud adoptaron los líderes parlamentarios del PMDB, decididos a sostener la gobernabilidad, respaldados por una amplia mayoría de los 76 diputados y 23 senadores del partido.
La Convención fue ilegal, por haberse realizado contra un fallo preliminar de un juez determinando su suspensión, argumentan los dirigentes partidarios de mantenerse en el gobierno. Es que la medida fue anulada por el Tribunal de Justicia del Distrito Federal, pero después del horario fijado para el término de la reunión.
Además, sólo participaron de la asamblea 311 de los 519 convencionales, y buena parte de ellos son suplentes, criticó el líder del PMDB en el Senado, Renán Calheiros, negando que la decisión represente la mayoría del partido.
Sin embargo, se unieron en torno a la propuesta de independencia y de impulsar un proyecto propio otros dirigentes importantes, como el presidente del partido, diputado Michel Temer, y los gobernadores Jarbas Vasconcelos, del estado de Pernambuco, y Germano Rigotto, de Río Grande del Sur, además del ex gobernador de Río de Janeiro y ex candidato presidencial Anthony Garotinho.
Lula admitió haber fracasado en su intento de obtener el respaldo institucional del PMDB, es decir del partido en su conjunto, por decisión formal de participar en la coalición oficial.
Ahora espera seguir contando con la mayoría de los votos de sus parlamentarios, necesarios para aprobar proyectos no consensuales. El izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), de Lula, tiene sólo 90 de los 519 diputados y 13 de los 81 senadores, en un Congreso Nacional en que están representados 15 partidos.
El PMDB, un aglomerado de líderes locales y regionales sin elementos claros de cohesión, a excepción de su origen histórico como oposición a la dictadura militar de 1964 a 1985, convive con sus divisiones internas y la ambigua relación con el gobierno desde hace 10 años.
La convención del domingo amenaza poner fin a esa ambigüedad y provocar una escisión formal en el partido.
El PMDB deber postular un candidato propio en las elecciones presidenciales de octubre de 2006, según otra decisión de la Convención, que refleja mejor el dilema de la agrupación, entre buscar vuelo propio o seguir siendo satélite del gobierno.
Antes del PT, el PMDB vivió el mismo vaivén entre alianza o independencia respecto del Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB), que gobernó el país con Fernando Henrique Cardoso en la presidencia de 1995 a 2003.
También el Partido Popular Socialista (PPS, ex comunista) decidió el sábado, en resolución de su dirección nacional y no de una Convención, retirarse del gobierno, dejando en situación difícil a su único miembro en el gabinete, Ciro Gomes, ministro de Integración Nacional.
En este caso, igualmente, muchos de los 23 diputados y dos senadores del PPS no acompañan la dirección partidaria y siguen aliados de Lula.
Pero está en marcha un proceso de unión entre el PPS y el Partido Democrático Laborista (PDT), otro pequeño partido que estuvo en la coalición de Lula y que rompió con el gobierno el año pasado. El objetivo es organizar una fuerza de oposición de izquierda.
Esa deserción de partidos, aunque no se reflejen en pérdida de apoyo parlamentario en la misma proporción, se registra cuando Lula y su gobierno festejan un vuelco favorable en la economía, con un crecimiento de 5,3 por ciento en los tres primeros trimestres de este año y augurando mejores tiempos.
Los hechos indican que se está desatando prematuramente la carrera por la sucesión de Lula, 22 meses antes de las elecciones. Este proceso puede trabar en el Congreso proyectos que tengan repercusión electoral.
Son dificultades adicionales que enfrentará el gobierno que ya desistió, por ejemplo, de promover una reforma en las leyes laborales para generar más empleos. La anunciada reforma política, que afectaría partidos y elecciones, también se hizo poco probable.
Después de dos años en que la política macroeconómica conservadora provocó pérdida de aliados y erosión en la popularidad de Lula, ya en recuperación, es ahora el poder en disputa el factor de divisiones y reagrupaciones políticas. (
