La modificación de los sistemas de pensiones de América Latina agravó la discriminación de la población femenina y puede aumentar su precariedad y empobrecimiento si no se adoptan medidas correctivas, dijo a IPS Sonia Montaño, jefa de la Unidad Mujer y Desarrollo de Cepal.
Montaño y Flavia Marco, experta también de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), coordinaron estudios en seis países de la región que confirman el negativo impacto en las mujeres de una de las modernizaciones fundamentales promovidas por el neoliberalismo.
Investigaciones realizadas en primera instancia en Bolivia, Colombia y El Salvador, seguidas de debates sobre los casos de Argentina, Brasil y Chile dieron forma al libro titulado Los sistemas de pensiones en América Latina. Un análisis de género, editado por esta agencia regional de la Organización de las Naciones Unidas con sede en Santiago de Chile.
Los siete análisis que incluye la obra, cinco de ellos escritos por mujeres, configuran el estudio más actual y completo sobre la discriminación de género en los sistemas de jubilación, un asunto que no ha estado en las plataformas de lucha de los movimientos feministas latinoamericanos, advirtió Montaño.
En el libro hago un llamado para que el movimiento feminista no abandone este tema tan estratégico y haga una reflexión de las causas por las cuales no le dio prioridad como la violencia intrafamiliar, la salud reproductiva o la pobreza, dijo Montaño a IPS.
La reforma de los sistemas de pensiones se inició en 1981 en América Latina con Chile y en los años 90 se amplió en la región, bajo los predicamentos de la reducción del déficit fiscal, uno de los pilares del llamado Consenso de Washington de 1989, que abogó también por la apertura de los mercados y el control de la inflación.
El argumento central fue que los antiguos sistemas de jubilación, basados en la modalidad del reparto de fondos de retiro aportados por los trabajadores, los patronos y el Estado, eran fuente permanente de desfinanciamiento fiscal, fenómeno que a su vez generaba la inflación.
Por ello, se propuso su sustitución por mecanismos de capitalización individual, en los cuales los trabajadores entregan una parte fija de su salario como ahorro a una entidad privada o estatal, que lo administra y al momento de la jubilación se lo retribuye en cuotas mensuales prorrateadas según las expectativas de vida.
Perú, en 1993, se sumó a Chile en la reforma a las pensiones. En 1994 lo hicieron Argentina y Colombia, y Uruguay en 1996. Bolivia y México siguieron esos pasos en 1997 y El Salvador en 1998.
En Costa Rica, la reforma se realizó gradualmente entre 1998 y 2000. En República Dominicana el proceso iniciado en 2003 debe culminar en 2006, mientras que en Nicaragua se adoptó el sistema de capitalización individual este año.
Por su parte, Ecuador intentó comenzar el cambio este año, pero fue detenido por intensas protestas populares, en especial de los jubilados. En Brasil se aprobó en agosto de 2003 una reforma calificada de mixta, ya que mantiene modalidades del sistema de reparto y a la vez introduce formas de capitalización individual.
El objetivo central y prioritario de las reformas al sistema de pensiones era la reducción del déficit fiscal, y eso no ha producido, pese a que se subordinó a ese objetivo el desmontaje de todo el sistema de solidaridad (o reparto) por su inviabilidad y su supuesta insostenibilidad financiera, comentó Montaño.
Según a esta experta de Cepal, las reformas a los sistemas de pensiones fueron concebidas como un asunto exclusivamente económico, de búsqueda de equilibrios fiscales, sin considerar las dimensiones políticas y sociales, vinculadas a la solidaridad como un elemento para garantizar el derecho a una vida pos laboral digna.
Los cambios estructurales a la jubilación consagraron y profundizaron los elementos que redundan en la discriminación de género en el mercado laboral y, consecuentemente, disminuyeron los derechos de la mujer.
Flavia Marco, a su vez, señaló que la situación laboral dificulta la capacidad de ahorro previsional de las mujeres, pues éstas sufren con mayor intensidad la desocupación y se insertan en mayor porcentaje en empleos informales, discontinuos o mal pagados, como es el servicio doméstico.
La discriminación salarial implica que las remuneraciones son más bajas para las mujeres, por tanto su capacidad de ahorro y las pensiones son igualmente menores que en el caso de los hombres, agregó la experta brasileña de Cepal.
A todo eso se suma la discriminación directa del sistema de pensiones de capitalización individual, ya que la mayor longevidad o expectativa de vida de las mujeres influye negativamente en el cálculo de sus pensiones, explicó Marco.
Las reformas introdujeron un nuevo tipo de sistema previsional que cambió muchas cosas, pero mantuvo intacto el paradigma de género del sistema anterior, que tiene relación con el proceso histórico de adquisición de ciudadanía de la mujer, cuya labor es asociada a los cuidados de la familia y servicios del Estado, añadió.
Los estudios de Cepal muestran que más de 50 por ciento de las mujeres no recibirán pensiones por haber sido amas de casa sin empleo remunerado y sólo podrían percibir pensiones de viudez.
Las mujeres subsidian así al sistema previsional que las excluye, colaborando en el cuidado de la familia para que sus maridos trabajen, sentenció Marco.
Los estudios de Cepal revelaron desigualdades cruzadas en materia de pensiones en América Latina, como el hecho de que una mujer anciana en un medio rural es generalmente sinónimo de pobreza.
María Ester Feres, ex directora del Trabajo de Chile, acotó que en los medios rurales, con los actuales sistemas de pensiones, una trabajadora temporera o por zafra agrícola necesitaría al menos 80 años de labores para acceder a una jubilación mínima.
Las temporeras son mujeres que trabajan como promedio entre tres y cinco meses al año en labores de recolección de frutas en los campos y, por lo general, pertenecen a los estratos pobreza y de jefas de hogares monoparentales.
Adriana Doering, una mujer jubilada, que trabajó 29 años en el Registro Civil e Identificación de Chile, dijo a IPS que recibe una pensión cuyo equivalente en dólares es de apenas 160, la cual califica de insuficiente e injusta.
Ella pertenecía originalmente a la estatal Caja de Empleados Públicos, bajo el sistema de reparto, pero cuando se hizo la reforma del sistema en Chile fue obligada a cambiarse a una AFP (administradoras privadas de fondos de pensiones), donde debió adscribirse a la modalidad de la capitalización individual.
Doering, de 56 años en la actualidad, debió jubilarse anticipadamente en 1995 debido a una osteoporosis y sólo en 2000 logró que su AFP le asignara la pensión, sustantivamente devaluada porque estuvo cinco años sin hacer aportes para su fondo individual.
Este caso es un buen reflejo de lo que Feres caracterizó como una desvirtuación de la seguridad social, donde ya no se habla del Estado como garante de derechos ni tampoco de solidaridad. Así, las trabajadoras y trabajadores dejan de ser beneficiarios para pasar a ser clientes de un sistema de pensiones.
