Los gobiernos de Haití y de Sudáfrica están enfrascados en una guerra de palabras cada vez más intensa por la el refugio que brinda el país africano al ex presidente haitiano Jean Bertrand Aristide.
El primer ministro de Haití, Gerard Latortue, afirma que Aristide organiza desde el exterior un movimiento violento con el objetivo de socavar su autoridad, y acusa a Sudáfrica de estar al tanto de estos planes.
Por su parte, el gobierno de Thabo Mbeki señaló que Latortue intenta con estas acusaciones desviar la atención de su incapacidad para manejar la crisis en el país caribeño.
Aristide abandonó Puerto Príncipe el 29 de febrero, en circunstancias aún no aclaradas.
Cuando el insurgente Frente Nacional Haitiano se acercaba a la capital, el entonces mandatario firmó un documento de renuncia y abordó un avión estadounidense que lo trasladó a República Centroafricana. Luego se radicó en Jamaica y semanas más tarde en Sudáfrica.
Aristide sigue afirmando que fue secuestrado por infantes de marina (marines) estadounidenses y que no renunció por su propia voluntad, como aseguran funcionarios de Washington, sino que fue obligado a firmar el documento.
Los oponentes de Aristide celebraron su salida del poder como si significara el inicio de una nueva era en Haití. Poco después se conformó un gobierno interino encabezado por Latortue, con respaldo de Estados Unidos.
Sin embargo, la situación de seguridad se siguió agravando, ya que milicias aliadas a Aristide continúan activas.
Esta semana hubo un tiroteo cerca del palacio presidencial, justo cuando el secretario de Estado (canciller) de Estados Unidos, Colin Powell, visitaba el lugar.
El enfrentamiento se produjo cuando desconocidos pasaron en un automóvil frente al edificio y dispararon contra la fachada. Los soldados brasileños que forman parte de una misión de paz de la Organización de las Naciones Unidas respondieron el ataque.
Latortue acusa a Aristide de ser el autor intelectual de estos hechos de violencia, con el respaldo de Sudáfrica.
Hace tres semanas, emitió una orden de detención contra Aristide por cargos de corrupción.
Todo esto provocó una airada reacción de Pretoria. El vicecanciller sudafricano Aziz Pahad señaló que los dichos de Latortue no tienen fundamento.
No hay evidencia que pueda respaldar la afirmación de que el presidente Aristide está involucrado en algún tipo de actividad destinada a la desestabilización de Haití, señaló.
Ni Sudáfrica ni el presidente Mbeki pueden ser usados como chivos expiatorios del fracaso del gobierno interino haitiano en cuanto a garantizar la paz y la seguridad, añadió.
Pahad explicó que Sudáfrica decidió recibir a Aristide como un visitante cuya situación legal está pendiente de la situación política en Haití.
No existe ningún tratado de extradición entre Pretoria y Puerto Príncipe.
Creo que sólo podrán detener a Aristide cuando él viaje al exterior, sea a Francia, Bélgica o a Estados Unidos. Yo no veo a Sudáfrica entregándolo, dijo a IPS la analista Andrea Malasy, de la Universidad de Witwatersrand, en Johannesburgo.
Por su parte, el analista Khabele Matlosa, del Instituto Electoral de Africa Austral, con sede en Johannesburgo, para Haití será un esfuerzo inútil tratar de extraditar a Aristide, ya que no hay ningún tratado con Sudáfrica.
Haití está perdiendo el tiempo en cosas que están fuera del escenario. Aristide fue protagonista de los últimos acontecimientos en Haití, pero ahora está fuera del país. Es mejor concentrarse en asuntos inmediatos, como lograr la paz y aliviar la pobreza, agregó en una entrevista con IPS
Según datos de la ONU, 55 por ciento de los 8,3 millones de habitantes viven con menos de dólar al día, mientras los alimentos básicos son cada vez más caros.
Aristide también tiene críticos en Sudáfrica. El líder de la opositora Alianza Democrática, Tony Leon, dijo días atrás que el mandatario haitiano está disfrutando un refugio seguro a expensas de los contribuyentes sudafricanos.
Mientras, la organización Amnistía Internacional expresó preocupación por las violaciones de derechos humanos perpetrados en Haití desde la insurrección rebelde el 5 de febrero, así como por los enfrentamientos entre bandas.
La organización citó el caso de cuatro jóvenes asesinados a plena luz del día por individuos que usaban uniformes negros y pasamontañas. Testigos identificaron a los vehículos de los atacantes como patrullas de la policía.
El grupo también condenó la detención de un niño de la calle de 13 años por parte de la policía haitiana.
En la comisaría fue interrogado sobre los escondites usados por los 'chimeres' (grupos armados partidarios de Aristide) y, amordazado y atado de manos, fue golpeado brutalmente, denunció Amnistía.
La organización también señaló que en la oposición a Latortue hay ex líderes militares y paramilitares implicados en violaciones a los derechos humanos, lo que podría generar un círculo de impunidad. (
