Aunque el presidente George W. Bush le pidió que permaneciera en su puesto, el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, está en problemas. No lo ayuda la publicación de nuevos documentos sobre torturas de detenidos en la guerra contra el terrorismo.
Legisladores de carrera del gobernante Partido Republicano, entre ellos dos veteranos de la guerra de Vietnam con las máximas condecoraciones, endurecieron sus críticas hacia el jefe del Pentágono (Departamento de Defensa).
Uno de ellos, el senador John McCain, dijo esta semana a Associated Press que no tenía confianza en Rumsfeld.
El otro, el senador Chuck Hagel, calificó de irresponsables las acciones de Rumsfeld en la guerra de Iraq, y en referencia a la decisión de Bush de mantenerlo en el cargo, dijo que el presidente tendrá que vivir con esa decisión y defenderla.
Días antes, Rumsfeld había dado una brusca respuesta a un soldado que en una sesión de preguntas y respuestas en Kuwait le preguntó por qué los militares en Iraq deben blindar los vehículos por sí mismos con material de desecho.
[related_articles]
Se va a la guerra con el ejército que se tiene, no con el que se quiere, fue la respuesta del secretario de Defensa.
Mientras, crece el descontento por el costo de la guerra. Los últimos informes indican que el Pentágono pedirá hasta 90.000 millones de dólares más para financiar operaciones en Iraq y Afganistán en 2005, lo que elevaría el total en más de tres años a unos 250.000 millones de dólares.
Otro importante factor de descontento contra Rumsfeld es el escándalo por los abusos contra detenidos en la base naval estadounidense de Guantánamo y en Iraq y Afganistán. Nuevos detalles se filtran a la prensa a diario.
El martes, por ejemplo, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) informó en base a documentos obtenidos de la Marina que los abusos e incluso las torturas de prisioneros en Iraq eran generalizados.
Entre los maltratos documentados figuran simulacros de ejecución, choques eléctricos, golpizas, y mantenimiento de presos arrodillados, encapuchados y esposados hasta 24 horas mientras esperaban ser interrogados.
Día tras día salen a luz nuevas historias de tortura, y necesitamos saber por qué se permitieron estos abusos, declaró Anthony romero, director de ACLU. Estos abusos generalizados no pueden tener lugar salvo por fallas mayúsculas de las autoridades, agregó.
De acuerdo con pruebas acumuladas, esas fallas se encuentran en la oficina de Rumsfeld, dijo Scott Horton, jefe de un grupo de trabajo de la Asociación de Abogados de la Ciudad de Nueva York que investiga las prácticas de detención e interrogación de Estados Unidos en la guerra contra el terrorismo, lanzada por Bush tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.
Su estrategia de echar toda la culpa a un puñado de soldados se ha derrumbado, sostuvo Horton, quien dijo haber entrevistado a muchos militares de carrera y abogados del gobierno que están indignados por lo que consideran el atropello de Rumsfeld a las convenciones de Ginebra, que rigen el tratamiento a los prisioneros de guerra y otros aspectos de los conflictos armados.
Horton señaló en particular dos documentos recientemente revelados (uno filtrado a la prensa, otro entregado a ACLU como parte de un juicio) que apuntan a Rumsfeld y dos de sus más estrechos colaboradores como quienes autorizaron las peores prácticas de las Fuerzas Especiales de Operaciones.
Los colaboradores son son el subsecretario de Defensa para Asuntos de Inteligencia, Stephen Cambone, y su vice, el general William Boykin.
Las últimas revelaciones proceden de registros de tres organismos que han trabajado con los militares en centros de detención en Guantánamo, Iraq y Afganistán: la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA), la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI).
En un memorando dirigido a Cambone el pasado 25 de junio, el director de la DIA, vicealmirante Lowell Jacoby, se quejaba de las golpizas de detenidos por una fuerza militar clandestina en Iraq, la expulsión de funcionarios de la DIA de las salas de interrogatorios, la confiscación de pruebas de abusos que esos funcionarios habían recabado y las amenazas de represalias en caso de que informaran a sus superiores.
Otra serie de documentos obtenidos por ACLU registran fuertes objeciones de funcionarios de la DIA y el FBI a los métodos violentos de interrogación utilizados por la misma fuerza militar, aparentemente personal de las Fuerzas Especiales de Operaciones.
Los funcionarios de inteligencia argumentaban que las técnicas utilizadas eran a la vez ilegales y contraproducentes en términos de producción de datos confiables.
