Veinte años después del trágico escape de gas venenoso en la ciudad india de Bhopal, la compañía Dow Chemical, hoy propietaria de la firma contaminante, recibe fuerte presión para que limpie el sitio y compense a los afectados.
Las demandas judiciales al respecto están pendientes en un tribunal federal en Nueva York, cuando se cumplen este jueves dos decenios de la tragedia en que murieron más de 30.000 personas, según expertos.
La organización de derechos humanos Amnistía Internacional pintó un panorama desolador sobre el sufrimiento de los sobrevivientes y de la situación ambiental del lugar.
Al presentar el lunes el informe Nubes de injusticia, víspera del aniversario de la catástrofe, la secretaria general de Amnistía, Irene Khan, consideró que Bhopal fue el peor desastre de derechos humanos surgido de la negligencia corporativa.
Khan acusó a la corporación Union Carbide, propietaria entonces de la fábrica de pesticidas donde ocurrió el desastre, como a Dow Chemical, que compró esa empresa hace dos años, tanto por el escape como por su omisión en compensar como corresponde a las víctimas.
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Para Amnistía, tal conducta constituye una violación flagrante a los derechos básicos de las víctimas, incluidos el derecho a la vida y a la salud.
El episodio también deja en evidencia la necesidad de que las corporaciones cumplan con los principios de derechos humanos, cuyo cumplimiento debería ser plenamente exigible sin importar la jurisdicción en que las violaciones son cometidas, consideró Khan.
Las empresas suelen instalar sus casas matrices en jurisdicciones cuyos gobiernos no son suficientemente fuertes, o carecen de voluntad o capacidad de hacer cumplir las reglas, dijo Khan. Para que un desastre como el de Bhopal no se repita, debe cerrarse la brecha legal que permitió que ocurra.
La catástrofe ocurrió en la medianoche del 2 al 3 de diciembre de 1984, cuando unas 27 toneladas de gas metil isocianato se filtró desde las instalaciones de la fábrica y cubrió la zona circundante. Ese gas era insumo del pesticida Sevin, que se producía allí a muy bajo costo desde 1969.
Entre 7.000 y 15.000 personas murieron de inmediato en la fábrica y en los caseríos cercanos. Otros 15.000 más murieron como consecuencia de la exposición al gas en los días, semanas, meses y años siguientes al accidente, según expertos en salud pública.
Más de 150.000 sobrevivientes, incluidos hijos de padres expuestos al metil isocionato, sufren enfermedades crónicas o daños atribuidos a esa sustancia, entre ellos cáncer, problemas neurológicos, ciclos menstruales caóticos y desórdenes mentales.
Más de 50.000 de los sobrevivientes son considerados demasiado enfermos como para ganarse la vida.
Por añadidura, el suministro de agua para una comunidad de más de 20.000 personas resultó contaminada con mercurio, tetracloruro de carbono y otros tóxicos.
En 1989, Union Carbide acordó con el gobierno indio el pago de 270 millones de dólares como compensación a los afectados por el escape.
La empresa aseguró reconocer en el acuerdo una responsabilidad moral más que legal, pues la fábrica era operada por una subsidiaria india, Union Carbide India Limited, de la cual poseía la mitad de las acciones.
Ese acuerdo supuso el pago de menos de 500 dólares a cada una de las más de de medio millón de víctimas, que recibirían al año siguiente del gobierno indio un segundo aporte de casi 500 dólares resultantes de la acumulación de intereses del monto original.
Activistas insisten en que esa cantidad ni siquiera sirve para comenzar a cubrir los costos médicos y de otra índole que las víctimas debieron afrontar en los últimos 20 años, sin contar la pérdida de medios de vida.
La suma ofrecida tampoco contempla el dolor y sufrimiento previsto por las leyes estadounidenses a raíz de la pérdida de seres queridos y por la carga financiera que ocasionan las enfermedades originadas por el escape de gas.
Es, realmente, una miseria, dijo Rajan Sharma, el principal de los abogados que representan a los sobrevivientes de Bhopal desde 1999, en una teleconferencia con periodistas realizada el miércoles.
Es poco más de 20 dólares por año, cuando las víctimas y sobrevivientes han gastado una enorme cantidad de dinero en cuidado de la salud y en la búsqueda de nuevos medios de vida, explicó.
Además, agregó Sharma, el acuerdo entre Union Carbide y el gobierno indio sólo se refería a unas 100.000 víctimas, cuando en realidad eran más de 500.000.
Por otra parte, el acuerdo no cubría los daños penales, objeto de un juicio que se procesa en India hace 15 años y en el cual Union Carbide y, luego, Dow Chemical se negaron a participar.
En 1999, un grupo de sobrevivientes demandaron por los daños ante un tribunal federal estadounidense a Union Carbide y a su ex jefe ejecutivo, Warren Anderson, hoy sin actividad pública conocida. En esa instancia también requirieron a los demandados la limpieza del sitio y sus alrededores.
Un tribunal de apelaciones mantuvo la sentencia original, que dejó sin lugar el reclamo por daños, pero mantuvo la demanda por la limpieza de Bhopal, cuyo proceso aún continúa.
La lucha legal para llamar a Union Carbide a responsabilidad por su conducta en Bhopal continúa, dijo Sharma. Además de los recursos judiciales, explicó, el Congreso legislativo estadounidense considera un proyecto que exige a Dow Chemical la limpieza del sitio y la asistencia de las víctimas.
Es inaceptable que una compañía estadounidense se aproveche de las fronteras internacionales y de las jurisdicciones legales, y también que tenga la oportunidad de esquivar su responsabilidad civil y penal por contaminación y abusos cometidos en el extranjero, dijo uno de los ocho impulsores de la iniciativa, el representante Frank Pallone.
Al mismo tiempo, dos de los principales fondos de pensiones de Estados Unidos, entre otros accionistas de Dow Chemical, presentaron en las dos últimas reuniones anuales de la compañía una solicitud de evaluación de la posible responsabilidad que podrían afrontar respecto de Bhopal.
Hemos percibido un sutil cambio en el modo en que Dow Chemical maneja el asunto. Sienten la presión de la opinión pública, dijo Lauren Compere, de Administración de Activos Comunes de Boston, la organización de fondos que promovió la solicitud.
Union Carbide no está descolgada, consideró Rick Hind, director legislativo de la Campaña sobre Tóxicos de la organización ambientalista Greenpeace. Si esto hubiera sucedido en Estados Unidos, no habría duda de que Dow Chemical sería hallada responsable. El principio de que 'el que contamina paga' es la 'onda' del futuro.
