Es un matón y debe pagar por sus atroces crímenes, dijo a IPS la guatemalteca Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz, al referirse a Donaldo Alvarez, el ex ministro de Interior de su país buscado en México por el asesinato de docenas de personas en los años 70 y 80, entre ellas el padre de la activista.
La policía mexicana rastrea desde el fin de semana a Alvarez, quien ha vivido entre México y Estados Unidos desde 1983, en respuesta a un pedido de la justicia española, que busca juzgarlo por la muerte de al menos siete españoles en Guatemala.
Creo que el asunto está bajo control en México y que pronto será detenido este criminal, que debe pagar por todas las matanzas y torturas que hizo y ordenó, señaló Menchú vía telefónica desde sus oficinas en Guatemala.
Como ministro del interior de 1978 a 1982, Alvarez dispuso por ejemplo la quema de la embajada de España en Guatemala en enero de 1980.
Esa sede diplomática había sido ocupada por varios activistas guatemaltecos que denunciaban ser perseguidos políticos, entre ellos el padre de la activista humanitaria, Vicente Menchú, quien fue muerto en esa acción junto a otras 35 personas, entre ellas varios españoles.
Alvarez aparece como uno de los funcionarios más activos en la represión llevada adelante por los gobiernos guatemaltecos en el marco de la guerra civil de 1960 a 1996, que dejó como saldo la desaparición forzada y muerte en matanzas y por torturas de unas 200.000 personas a manos de las fuerzas de seguridad. Esos crímenes contra la humanidad permanecen impunes.
Según diversas investigaciones, es el responsable del secuestro y ajusticiamiento de decenas de opositores, entre ellos estudiantes, sindicalistas y políticos.
Este ex funcionario, que hoy tiene 73 años, tenía su propia casa en momentos de ejercer el cargo un centro de torturas en el que se aplicaban los peores tormentos y se asesinaba con total impunidad, denunció Menchú..
La detención de Alvarez en México fue solicitada con fines de extradición por la justicia de España como resultado de una querella presentada a fines de 1999 contra ex represores guatemaltecos por Menchú y la fundación que lleva su nombre.
Otros acusados en esta causa son los militares retirados que presidieron dictaduras en Guatemala como Fernando Lucas García (1978-1982), Efraín Ríos Montt (1982-1983) y Oscar Mejía (1983-1986).
Del total de requeridos, Alvarez y Lucas García son los únicos que viven fuera de Guatemala. El primero en México y el segundo en Venezuela, donde a decir de un portavoz de la fundación Rigoberta Menchú, está muriendo de una cáncer en la piel.
Aunque la represión y la guerra civil terminaron en Guatemala hace ocho años con la firma de acuerdos de paz, la justicia de ese país no ha logrado llevar a la cárcel a ninguno de los jefes militares acusados de perpetrar graves violaciones de los derechos humanos, aunque hay varios procesos abiertos al respecto.
Durante la etapa de violencia política, especialmente en los años 70 en plena guerra contra la guerrilla izquierdista, el Ejército aparece como responsable de arrasar 450 aldeas cometer más de 600 masacres, todos hechos documentadas por la denominada Comisión de Esclarecimiento Histórico, auspiciada por la Organización de las Naciones Unidas.
Además se reportaron de 40.000 a 55.000 personas desaparecidas entre las 200.000 víctimas, 85 por ciento de las cuales eran indígenas. Alrededor de 65 por ciento de los 12,3 millones de habitantes actuales de Guatemala son descendientes de los mayas.
Aunque este asesino (Alvarez) sería procesado en España sólo por la muerte de españoles, esperamos que las imputaciones se amplíen por el asesinato y tortura de cientos de otras personas, entre ellas las de mi padre, declaró Menchú, ganadora del premio Nobel de la Paz en 1992.
Con la próxima detención de Alvarez se abrirá por fin una puerta hacia la justicia por los crímenes cometidos por militares represores, lo que aquí en Guatemala hasta ahora no ha sido posible, añadió.
Según datos oficiales, el ex ministro vive en México legalmente desde hace 15 años. Antes habría residido en Estados Unidos, desde donde viajaba continuamente a territorio mexicano.
La residencia del ex funcionario está ubicada en Tlanepantla, una zona residencial de la capital mexicana. La policía acudió a ese lugar el fin de semana, pero Alvarez no fue localizado. Diversas versiones estiman que escapó al saber que jueces españoles ordenaron su detención.
Portavoces de gobierno mexicano de Vicente Fox indicaron que se montó un operativo especial para localizarlo y evitar que abandonase el país. Será detenido y llevado ante la justicia, aseguraron esas fuentes oficiales.
Vecinos de la casa que habitaba Alvarez se mostraron sorprendidos por las acusaciones contra el guatemalteco. Era una persona callada, tranquila que no parece haber matado o torturado a nadie, dijo su vecina que se identificó como Doña Mary.
El caso de Alvarez no tendría que ser muy diferente al de Cavallo, se atenderá el pedido de extradición a la mayor brevedad, señaló a IPS una fuente de la cancillería mexicana.
La referencia es al ex capitán de la marina de guerra argentina Ricardo Miguel Cavallo, alias Sérpico o Marcelo, a quien México extraditó en junio de 2003 a España para que la Audiencia Nacional de esa nación lo enjuicie por delitos contra la humanidad en el marco de la causa que lleva adelante el juez Baltasar Garzón, también conocido por haber procesado al ex dictador chileno Augusto Pinochet.
La extradición representó un hecho inédito, pues fue entonces el primer militar latinoamericano procesado por un juez de un país distinto al encausado y tras ser llevado a prisión en un lugar donde no tenía problemas legales.
Cavallo, quien fue detenido en agosto de 2000 en México, donde se desempeñaba como un exitoso empresario, es acusado de haber torturado, asesinado y hecho desaparecer a docenas de personas durante la última dictadura militar de Argentina (1976-1983), su país de origen y donde fuera beneficiado por leyes de amnistía.
