La corrupción —y no el narcotráfico, como piensan muchos— es la mayor fuente de las finanzas ilegales de Brasil, pues representa, según algunos expertos, 70 por ciento del dinero lavado.
Pero esa afirmación del director del Departamento Judicial Internacional de la gubernamental Abogacía (Fiscalía) General de la Unión, Milton Toledo Junior, en un seminario celebrado en Sao Paulo hace un mes, es puesta en duda por el secretario ejecutivo de la organización no gubernamental Transparencia Brasil, Claudio Weber Abramo.
"Es imposible obtener cifras objetivas" del dinero sucio, que incluye abultadas ganancias no declaradas de las empresas para escapar a la tributación y otras fortunas enviadas fuera del país, sostuvo Abramo a IPS.
Es difícil identificar el origen del dinero sucio. Todo indica que el grueso de las ganancias por corrupción se lava por "los mismos canales" que usan los "doleiros", operadores informales del mercado de cambio, y otros actores que se aprovechan de los paraísos fiscales y mecanismos variados, explicó.
De todas formas, la ofensiva contra la corrupción que despliega desde el año pasado la Policía Federal, que responde al Ministerio de Justicia, indica la importancia que las autoridades asignan al problema.
Cuatro destacados funcionarios del Tribunal de Cuentas de la Unión, órgano vinculado al parlamento a cargo de controlar los recursos públicos y combatir la corrupción, fueron detenidos hace una semana, acusados de facilitar fraudes.
La "Operación Centinela", que también llevó a la cárcel a seis empresarios, tiene como blanco empresas de seguridad que prestan servicios al gobierno.
Una de las empresas acusadas de fraudes pertenece al ministro de Comunicaciones, Eunicio de Oliveira, quien se defendió con el argumento de que dejó la administración de la firma en 1998.
Las numerosas operaciones de la Policía Federal, bautizadas con nombres peculiares como "Anaconda", "Vampiro", "Caballo de Troya" y "Plaga de Egipto", sacudieron varios sectores de la administración pública, e incluso del Poder Judicial, sin eximir a sus propios agentes.
En octubre de 2003, la Operación Anaconda desmanteló una cuadrilla de "venta" de fallos judiciales. Entre los ocho presos figuraba el juez Joao Carlos Rocha Mattos, aún detenido, dos comisarios y un agente de la Policía Federal, así como varios empresarios. Otros dos jueces son sospechosos de pertenecer a ese esquema.
La Operación Vampiro tuvo como blanco un grupo de personas que cometían fraude en licitaciones del Ministerio de Salud para la compra de derivados de la sangre.
Ex gobernadores estaduales, parlamentarios y funcionarios de varios ministerios fueron involucrados en delitos colectivos, que resultaron en la prisión de decenas de personas.
Los últimos detenidos, apresados esta semana, pertenecían al Instituto encargado de ejecutar la reforma agraria en el norteño estado de Pará, como brazo ejecutivo del Ministerio de Desarrollo Agrario.
Solo este año, mas de 300 personas fueron detenidas en diversas operaciones, que sumaron 52 desde junio del año pasado.
Muchos empresarios y políticos fueron involucrados en casos de corrupción, mientras la Policía Federal también fue acusada de usar métodos ilegales en sus investigaciones, como el abuso de escuchas telefónicas.
La Policía Federal, de hecho, ha tenido éxito en la represión de la corrupción, a veces con acciones impresionantes "simultáneas en cinco o más estados", dijo Abramo.
La agencia policial actúa sobre la base de informes de otros organismos, como la Fiscalía, la Contraloría General de la Unión y las autoridades impositivas, señaló.
Hubo últimamente en Brasil muchas iniciativas de lucha contra la corrupción, con buenos resultados en algunos sectores, pero no en otros, opinó Abramo.
Lo que falta, explicó, es un programa más amplio de reorganización de la administración pública, para "cerrar las oportunidades que dan origen a la corrupción".
En el Día Internacinal contra la Corrupción, celebrado este jueves, el principal acto oficial fue el lanzamiento de la cartilla "Ojo vivo en el dinero público", publicada por la Contraloría General de la Unión, en conjunto con otras instituciones nacionales e internacionales, como la Oficina de las Naciones Unidas Contra el Crimen y las Drogas.
Una encuesta mundial realizada por el Insituto Gallup a pedido de Transparencia Internacional indicó que 91 por ciento de los brasileños entrevistados calificaron de problema serio la "gran corrupción", mientras 81 por ciento también dijeron preocuparse por la "pequeña".
Combatir con eficacia la corrupción es una necesidad en Brasil, donde "solo un tercio de los recursos liberados por el gobierno llega a su destino" indicado, destacó Toledo Junior en el seminario.
