TRABAJO-AMERICA LATINA: Sistemas de protección anacrónicos

La inseguridad socioeconómica predomina en los mercados laborales, como fenómeno de alcance mundial pero con manifestaciones más intensas en América Latina, dijeron a IPS expertos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

”Los sistemas de protección a los trabajadores ya no están sintonizados con los cambios ocurridos en los países y en los mercados laborales, ya sea por efecto de la tecnología, la globalización o el sistema de desarrollo económico”, afirmó el economista José Figueiredo, jefe del Programa de Seguridad Socioeconómica de la OIT.

Según un informe de esa agencia de la Organización de Naciones Unidas presentado en Santiago el 16 de este mes, cerca de 73 por ciento de la población trabajadora mundial vive en condiciones de inseguridad económica, y sólo ocho por ciento habita en países ”líderes” que ofrecen seguridad.

”La seguridad económica fomenta la felicidad y es beneficiosa para el crecimiento y la estabilidad social”, según el informe elaborado en la sede de la OIT en Ginebra por el programa que dirige Figueiredo, con base en investigaciones desarrolladas durante cuatro años.

Se aplicó una encuesta sobre seguridad a más de 48.000 personas de 15 países: Argentina, Bangladesh, Brasil, Chile, China, Etiopía, Ghana, Hungría, India, Indonesia; Pakistán, Rusia, Sudáfrica, Tanzania y Ucrania.

Un segundo sondeo acerca de flexibilidad y seguridad laboral en las fuentes de trabajo incluyó a más de 10.000 empresas de 11 de esos países.

El análisis contempló siete dimensiones de la seguridad: en el empleo, el trabajo, las posibilidades de acceder a capacitación, la salud ocupacional, las condiciones laborales, la representación y los ingresos.

La OIT calificó a los países en cuatro categorías (”líderes”, ”pragmáticos”, ”convencionales” y ”donde queda mucho por hacer”), de acuerdo con la calidad de sus políticas e instituciones para brindar seguridad socioeconómica, y los resultados que éstas producen.

Según el estudio, la democracia política, el aumento de las libertades civiles y el gasto público en previsión social aumentan significativamente la seguridad económica, mientras el crecimiento económico tiene solo una ligera repercusión en esa área a mediano y largo plazo.

Para Figueiredo, lo más relevante de las conclusiones del informe es la fractura entre las necesidades del trabajador y las formas en que se le ofrece protección.

”El mundo vive nuevos riesgos sistémicos. Una persona que vive en Brasil sufrirá los efectos de un choque financiero en Asia, porque la crisis se extiende a Brasil y no hay ningún sistema que la proteja contra ello”, comentó a IPS.

Hay también un creciente ”estado de frustración”, porque a medida que las personas adquieren mayores conocimientos y competencias, disminuyen las posibilidades de adaptación de los puestos de trabajo a esos nuevos conocimientos, y a las necesidades y aspiraciones que los acompañan.

No existe una relación directa entre seguridad socioeconómica y niveles de ingreso. Asia meridional y el sudeste asiático tienen mayores porcentajes de seguridad que de participación en los ingresos en escala mundial, a la inversa de América Latina, que ofrece a sus ciudadanos menos seguridad económica de la esperada.

La economía mundial es proclive a generar crisis con bruscas fases recesivas que se propagan por el planeta, y América Latina es la región más afectada por las mismas. De 1980 a 1998 sufrió más de 40 crisis, lo que produjo una caída de más del cuatro por ciento del producto regional.

La región, representada en el informe por Argentina, Brasil y Chile, se ubicó en condiciones peores que el promedio mundial en materia de descenso de tasas de crecimiento y aumento de la volatilidad del crecimiento, lo que aumentó la inseguridad socioeconómica.

La OIT destacó en su informe que América Latina tiene la distribución del ingreso más desigual del mundo, y que 42 por ciento de los países de la región pertenecen al grupo ”con mucho por hacer”, mientras que un tercio son ”convencionales”, un 25 por ciento son ”pragmáticos”, y ninguno puede considerarse ”líder” en seguridad socieconómica.

En las naciones latinoamericanas evaluadas, más de dos tercios de los trabajadores urbanos tenían empleos con algún rasgo de informalidad, y esa situación afectaba principalmente a las mujeres.

La situación de las empresas no necesariamente determina la de sus empleados. La OIT halló en Chile que 38 por ciento de los trabajadores de empresas informales tenían una situación laboral formal, mientras que 42 por ciento de los trabajadores de empresas formales estaba en relaciones laborales informales.

También detectó ”muchas evidencias estadísticas de que las mujeres están sufriendo más, en especial al interior de las empresas. Constatamos que, en casi en todos los países investigados, las mujeres no tenían las mismas oportunidades de formación o promoción dentro de la empresa”, señaló Figueiredo.

Para la jefa del departamento de estudios de la Dirección del Trabajo de Chile, Malva Espinosa, la globalización no es de por sí un factor negativo en la seguridad económica, dadas las oportunidades y beneficios que ofrece la apertura comercial.

Los riegos se concentran en la ”inestabilidad del empleo, de los negocios, de la dependencia de los precios internacionales de nuestras exportaciones”, dijo Espinosa a IPS.

Pero ”este mundo de incertidumbres y de riesgos que se vive ahora, no lo deben pagar los más vulnerables. No puede ser que las personas más pobres, los menos calificados, paguen los riesgos que tiene que asumir la sociedad toda”, opinó.

Por eso la OIT plantea que ”frente toda esa cantidad de riesgo debería haber mecanismos de protección”, incluyendo coberturas adecuadas para la eventualidad del desempleo, indicó la experta.

A juicio de Espinosa, para revertir la inseguridad socioeconómica hacen falta ”mecanismos estatales o mixtos, ideas creativas desde los gobiernos que permitan dar protección a la gente”.

En ese sentido, destacó que el informe de la OIT establece que la seguridad económica debería ser un derecho humano y definirse en términos de un avance hacia la libertad real.

Figueiredo abogó por políticas estatales de protección basadas en derechos. Por ejemplo, ”derecho a un ingreso mínimo para cada ciudadano, con un enfoque universalista y no exclusivo de los pobres, porque de ser así sólo se resuelve el problema de ese segmento, y en una crisis son más las personas que quedan vulnerables”.

Según el estudio de la OIT, los habitantes de países que ofrecen un elevado nivel de seguridad económica son los que, en promedio, dicen ser más felices y satisfechos. El principal factor de la felicidad nacional así medida no es el nivel de ingresos sino la seguridad de ese nivel, su protección y un bajo nivel de desigualdad.

Para Fabián Bertranou, experto de la OIT, ”muchas de las inseguridades que presentan los trabajadores tienen que ver no sólo con el ingreso o el empleo, sino también con otros aspectos de la trayectoria laboral, como la carrera profesional, la protección social o la pensión a futuro”.

”Todo ello seguramente puede afectar sus niveles de productividad”, dijo Bertranou a IPS.

”Tenemos evidencia de que cuanto más seguridad se le da a los trabajadores, mejor funciona la sociedad y mejor funcionan las empresas. Los países escandinavos se encuentran entre los más ricos, tienen la mayor protección social y la mayor productividad”, subrayo Figueiredo.

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